Introducción

• Author: María Luisa Sánchez Barrueco
• Pages: 19-23

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La democracia consiste, siguiendo la famosa fórmula propuesta por el Presidente Abraham Lincoln en su intervención en Gettysburg en 1863, en un gobierno del pueblo, por el pueblo y, sobre todo, para el pueblo. En un sistema político de raíz democrática, la legitimidad del gobierno reside en su capacidad para desempeñar sus funciones para el pueblo que representa; pero de los varios elementos que pueden desgajarse de esta expresión uno interesa especialmente al objeto del estudio que ahora se inicia: la obligación de rendir cuentas al pueblo por parte del gobierno.

La consideración de la rendición de cuentas como elemento nuclear de la democracia no es reciente: de hecho, ya en el siglo v a.C. Herodoto defendía por boca del personaje persa Otanes a la democracia como la forma de gobierno en que «elgobierno está sometido a rendición de cuentas y todas las decisiones están tomadas en común». Desde entonces, todos los grandes pensadores políticos se han interesado en algún momento por los mecanismos necesarios en democracia para mantener el poder político bajo control, con el fin de prevenir sus abusos; hasta el punto en que la revolución francesa plasmó este principio en el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, a cuyo tenor «toda comunidad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su conducta».

La relación que se establece entre gobernante y gobernado cuando se introduce la rendición de cuentas como variable ha sido definida en múltiples ocasiones, citaremos por todas ellas la de Bovens (2006:9) como «la relación entre un actor y un foro, en la cuál el actor tiene la obligación de explicar y justificar su conducta, el foro puede plantear cuestiones y emitir un juicio acerca de la misma, y el actor puede verse abocado a asumir las consecuencias». De esta definición se derivan los tres elementos fundamentales de la dicotomía derecho a controlar-obligación de rendir cuentas, a saber: información, justificación y castigo. En efecto, «la rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones» (Schedler, 2004:13).

La rendición de cuentas puede ponerse en práctica a través de diversos canales, algunos de los cuales pueden resultar más apropiados o efectivos que otros, según el contexto (Arnull, 2002:3). En primer lugar, existe una responsabilidad legal que se sustancia en sede jurisdiccional, como manifestación del Estado de derecho. Además, una responsabilidad política exigida a los gobernantes por los representantes electos delPage 20 pueblo mediante los procedimientos establecidos constitucionalmente al efecto. En tercer lugar, una rendición de cuentas ante la opinión pública, que puede ejercerse de modo colectivo (cuando los gobernantes se ven obligados a aceptar el veredicto de la ciudadanía expresado mediante la celebración de elecciones) o particular (pues los principios de transparencia y apertura con que debe funcionar el gobierno de un sistema democrático se asientan en la convicción de que el ciudadano ordinario debe poder acceder a la información necesaria para exigir cuentas a quienes tienen encomendado el interés general), o incluso mediante intermediarios (cuando son los medios de comunicación...