Valor probatorio de los documentos públicos en la Unión Europea

• Author: Dra. Pilar Jiménez Blanco
• Profession: Profesora Titular, Catedrática acreditada, de Derecho internacional privado. Universidad de Oviedo
• Pages: 431-473

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Valor probatorio de los documentos

públicos en la Unión Europea

Dra. Pilar Jiménez Blanco

Profesora Titular, Catedrática acreditada, de Derecho internacional privado

Universidad de Oviedo

SUMARIO

1. Prueba y libre circulación de personas. 2. Concepto de do-

cumento público en la Unión Europea. 2.1. Autoridad intervi-

niente y ejercicio de funciones no jurisdiccionales. 2.2. El con-

trol de equivalencia. 2.2.1. Control basado en los Derechos

nacionales. 2.2.2. Fuerza probatoria europea: el certif‌icado su-

cesorio europeo. 3. Signif‌icado y alcance del valor probatorio.

3.1. La presunción de validez del acto. 3.1.1. «Aceptación» y

«reconocimiento» de los documentos. 3.1.2. Control de lega-

lidad y presunción de validez. 3.2. Prueba y reconocimiento

mutuo. 3.3. Efectos de la prueba documental. 3.3.1. Efecto

legitimador ante las autoridades administrativas. 3.3.2. Efecto

legitimador ante los tribunales. 3.3.3. El efecto de apariencia

de derecho: protección de terceros y buena fe. 4. Control e im-

pugnación del valor probatorio del documento. 4.1. Control

de la regularidad del documento. 4.1.1. Control de la autenti-

cidad extrínseca e intrínseca. 4.1.2. Control sobre la falsedad

interna del documento. 4.2. Control del valor probatorio. 4.3.

Control de la validez o ef‌icacia del acto o negocio. 4.3.1. Or-

den público. 4.3.2. Validez del acto conforme a las reglas de

Derecho aplicable. 5. Conclusiones.

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1. Prueba y libre circulación de personas

1. El régimen de los documentos públicos no ha sido una cuestión

ajena al Derecho de la Unión europea. Tradicionalmente, dicho tratamien-

to se había manifestado como una extensión del reconocimiento de las

resoluciones judiciales en orden a garantizar la ef‌icacia de los documen-

tos públicos en cuanto título ejecutivo. Así aparece ya desde el Convenio

de Bruselas de 1968 y así se ha incluido también en el Reglamento (CE)

nº 805/20041. El DIPr. de la Unión Europea no había mostrado en ese

contexto una preocupación sobre el valor probatorio de los documentos.

La Resolución del Parlamento Europeo de 20082, primero, y el Li-

bro Verde de 20103, posteriormente, marcan un cambio de tendencia.

Dentro de los textos normativos, el Reglamento de sucesiones establece,

por vez primera en un texto de estas características, un tratamiento es-

pecíf‌ico del valor probatorio de los documentos nacionales y a través de

la creación de un título europeo probatorio propio como el Certif‌icado

Europeo Sucesorio (CSE)4. Posteriormente, las Propuestas de Reglamento

sobre uniones registradas y sobre regímenes económicos matrimoniales

conf‌irman este tratamiento autónomo5. Más recientemente, la Propuesta

de Reglamento de 2013 tiene por objeto los documentos con «valor pro-

1. Reglamento (CE) nº 805/2004, de 21 de abril, por el que se establece un título ejecutivo para

créditos no impugnados (D.O. nº L 143, de 30-IV-2004.

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, con recomendaciones desti-

nadas a la Comisión sobre el documento público europeo [2008/2124(INI)].

3. Libro Verde Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación

de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certif‌icados de estado civil

[Documento COM (2010) 747 f‌inal].

4. Reglamento (UE) nº 650/2012, de 4 de julio (D.O. nº L 201, de 27-VII-2012), art. 59 y Capítulo

VI.

5. Vid. el art. 32 de la Propuesta de Reglamento relativo a la competencia, la ley aplicable, el reco-

nocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económico matrimoniales

[Documento COM (2011) 126 f‌inal]; y el art. 28 relativo a la competencia, la ley aplicable, el

reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las unio-

nes registradas [Documento COM (2011) 127 f‌inal].

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batorio formal» en relación con cuestiones de estado civil, de propiedad

y de personalidad jurídica de las sociedades6.

Las razones de esta nueva tendencia deben buscarse en la vincula-

ción entre los efectos de los documentos y la libre circulación de perso-

nas, que requiere articular un sistema adecuado para acreditar aquellos

hechos o situaciones habilitantes del ejercicio efectivo de la libertad de

circulación y el derecho de residencia en otros Estados miembros, ga-

rantizando el acceso a prestaciones y derechos en el Estado de acogida.

De este modo, la prueba de la edad, del matrimonio y de la f‌iliación es

imprescindible para poder ejercer el derecho de entrada en otro Estado

miembro o la obtención de una pensión de jubilación, viudedad o ma-

ternidad. Adicionalmente, este contexto explica no sólo la relevancia de

la prueba para la realización de la libertad de circulación sino la creciente

importancia de documentos públicos diversos a las escrituras notariales,

como son las certif‌icaciones registrales del estado civil. No es casualidad,

en este sentido, el tratamiento específ‌ico que merecen en el Libro Verde.

En el marco del Derecho de la Unión, tal ef‌icacia ha sido reconocida ex-

presamente en el ámbito societario7 y en el ámbito de los actos de estado

civil en el asunto Dafeki8.

Las normas procesales siguen siendo, a día de hoy, básicamente esta-

tales lo que determina no sólo una diversidad de medios probatorios, sino

también la coexistencia de diferentes concepciones sobre los documentos

y diferentes reglas sobre la valoración de la prueba9. Nada de esto se altera

con la Propuesta de Reglamento presentada en abril de 2013, que deja claro

6. Propuesta de Reglamento por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de

las empresas, simplif‌icando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión

Europea, y por el que se modif‌ica el Reglamento (UE) nº 1024/2012 [Documento (COM) 2013,

228 f‌inal].

7. Vid. en este sentido el art. 5.3 del R.D. 1784/1996, de 19 de abril, del Reglamento del Registro

Mercantil (RRM), en relación con la Directiva 68/151/CEE, que analizaremos posteriormente

(vid. infra núm. 22).

8. Sent. del Tribunal de Justicia de 2 de diciembre de 2007, Asunto C-336/94: Dafeki.

9. Vid. JIMÉNEZ BLANCO, P., «La ef‌icacia probatoria de los documentos públicos extranjeros»,

AEDIPr., Vol. I, 2001, pp. 365-404, esp. pp. 384 y ss.

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