Conclusiones nº C-213/17 de Tribunal de Justicia, 13 de Junio de 2018

Fecha de Resolución:13 de Junio de 2018
Emisor:Tribunal de Justicia
Número de Resolución:C-213/17
RESUMEN

Procedimiento prejudicial - Política pesquera común - Reglamento (UE) n.º 1380/2013 - Artículo 11 - Conservación de los recursos biológicos marinos - Protección del medio ambiente - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres - Competencia exclusiva de la Unión Europea

 
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Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia -Fronteras, asilo e inmigración - Reglamento (UE) n.º 604/2013 - Determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país - Estado miembro responsable con arreglo al criterio establecido en el artículo 3, apartado 2 - Resolución judicial con fuerza de cosa juzgada por la que se deniega la primera solicitud de protección internacional - Procedimiento de recurso pendiente relativo a la decisión por la que se deniega la segunda solicitud de protección internacional - Emisión de una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales contra el solicitante - Presentación de una nueva solicitud de protección internacional en otro Estado miembro - Entrega del interesado en ejecución de la orden de detención europea - Procedimiento de readmisión - Artículo 23, apartado 3 - Efectos derivados de la expiración de los plazos previstos para la presentación de una petición - Transferencia de la responsabilidad al Estado miembro en el que se ha presentado la nueva solicitud de protección internacional - Artículo 24, apartado 1 - Modalidades de aplicación - Artículo 24, apartado 5 - Alcance de la obligación de información -Artículo 17, apartado 1 - Alcance de la cláusula discrecional - Directiva 2013/32/UE - Artículos 31 y 46 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 41 - Derecho a una buena administración - Artículo 47 - Derecho a la tutela judicial efectiva

  1. Introducción

    1. Mediante la petición de decisión prejudicial, que tiene por objeto la interpretación de los artículos 17, apartado 1, 18, apartado 2, 23, apartado 3, y 24 del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, (2) el rechtbank D.H., zittingsplaats Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Sección de Ámsterdam, Países Bajos), órgano jurisdiccional remitente, solicita, en esencia, que se determine el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de protección internacional presentada por X, un nacional paquistaní, en Italia.

    2. Este asunto se caracteriza por la complejidad de su marco jurídico y fáctico, (3) no solo porque el interesado ha presentado varias solicitudes de protección internacional en dos Estados miembros diferentes, sino también porque, en paralelo al procedimiento de examen de estas solicitudes, se ha sustanciado un procedimiento penal que ha dado lugar a la emisión de una orden de detención europea contra el solicitante de asilo.

    3. Los Países Bajos son el Estado miembro en el que el interesado presentó su primera, segunda y cuarta solicitud de protección internacional. En aplicación de un criterio sustantivo previsto por el Reglamento Dublín III, dicho Estado miembro fue responsable del examen de las dos primeras solicitudes. La primera solicitud de protección internacional (4) fue denegada mediante una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada. La segunda solicitud de protección internacional (5) fue denegada mediante una decisión de la autoridad nacional competente, que fue objeto de un procedimiento de recurso ante la Afdeling bestuursrechtspraak van de R. van State (Sección de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, Países Bajos). Entre tanto, el interesado salió del territorio neerlandés y acudió a Italia, Estado miembro en el que presentó una tercera solicitud de protección internacional, (6) y el Reino de los Países Bajos emitió una orden de detención europea contra él para el ejercicio de acciones penales, por la que se exigía a la República Italiana su entrega. A continuación, el Reino de los Países Bajos solicitó a las autoridades italianas que readmitiesen al interesado para examinar esta tercera solicitud.

    4. Así pues, Italia es el Estado miembro a cuyo territorio se trasladó el interesado y en el que presentó la tercera solicitud, después de que el Reino de los Países Bajos emitiera la orden de detención europea. Por consiguiente, la República Italiana tiene una doble función. Por un lado, es el Estado miembro de ejecución de la orden de detención europea, obligado a proceder a la entrega del solicitante a las autoridades neerlandesas para el ejercicio de acciones penales. Por otro lado, es el Estado miembro requerido por dichas autoridades para que readmita al solicitante con objeto de examinar su solicitud de asilo. Si bien es cierto que, en virtud del artículo 23, apartado 1, del Reglamento Dublín III, Italia tenía derecho a requerir al Reino de Países Bajos a que readmitiera a X, perdió este derecho al no cursar su petición en los plazos previsto por el apartado 2 de dicho artículo. Con arreglo al artículo 23, apartado 3, del Reglamento Dublín III -que es el que ha de interpretarse en el presente asunto-, las autoridades neerlandesas consideraron que la República Italiana era el nuevo Estado miembro responsable, por defecto, del examen de la tercera solicitud. En consecuencia, estas autoridades decidieron trasladar al interesado a las autoridades italianas y se declararon además incompetentes para examinar la cuarta solicitud de protección internacional presentada ante ellas.

    5. Habida cuenta de las particularidades de este marco jurídico y fáctico, el rechtbank D.H., zittingsplaats Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Sección de Ámsterdam) se pregunta si es posible transferir esa responsabilidad, como pretenden las autoridades neerlandesas. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre el alcance y las modalidades de aplicación tanto de las dos disposiciones procedimentales del Reglamento Dublín III en las que se apoya el Reino de los Países Bajos para llevar a cabo el citado traspaso, a saber, los artículos 23 y 24 del Reglamento, como de la cláusula discrecional recogida en el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento.

    6. Este asunto pone de manifiesto las debilidades y las lagunas estructurales del sistema de Dublín, que la Comisión Europea desea resolver, precisamente, mediante una reforma del marco actual. (7) 7. El presente litigio muestra que el de Dublín es, en efecto, un sistema de sistemas de asilo nacionales y no un sistema europeo común de asilo y que los mecanismos de reparto de las responsabilidades que establece el Reglamento Dublín III se basa en reglas técnicas y administrativas, que se han adoptado sin tener en cuenta las consecuencias humanas y los costes materiales y financieros que implican, lo que menoscaba la eficacia del sistema de Dublín y va en contra de la finalidad del sistema europeo común de asilo.

    8. Esta crítica es severa pero, en mi opinión, está justificada por las consecuencias, casi absurdas, que pueden derivarse de aplicar de forma discriminada el mecanismo de transferencia de la responsabilidad previsto en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento Dublín III.

    9. En consecuencia, en el marco del presente asunto expondré, en lo sucesivo, las razones por las que considero que, pese a la claridad de su tenor, no hay que aplicar el artículo 23, apartado 3, del Reglamento de D.I., que prevé la transferencia de la responsabilidad en caso de expiración de los plazos establecidos para la presentación de una petición de readmisión.

    10. En la medida en que dicha transferencia se realiza de manera automática, con independencia de las consecuencias humanas y materiales que ello implica, considero que, en una situación como la controvertida, priva al procedimiento de determinación del Estado miembro responsable de la racionalidad, objetividad, equidad y celeridad que buscaba el legislador de la Unión en el marco del Reglamento de Dublín III e impide que se invoquen los deberes de cooperación y solidaridad sobre los que debe fundamentarse el sistema europeo común de asilo.

  2. Marco jurídico

    1. Reglamento Dublín III

      11. Los considerandos 4, 5, y 22 del Reglamento Dublín III disponen:

      (4) Las conclusiones de Tampere precisaron [...] que el [sistema europeo común de asilo] debería incluir, a corto plazo, un procedimiento de determinación claro y viable del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo.

      (5) Dicho procedimiento debe estar basado en criterios objetivos y equitativos tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas. Debe hacer posible, en particular, una determinación rápida del Estado miembro responsable con el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de concesión de protección internacional y no comprometer el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección internacional.

      [...]

      (22) [...] La solidaridad, que es un elemento central del [sistema europeo común de asilo], está íntimamente unida a la confianza mutua. [...]

      12. De conformidad con su artículo 1, el Reglamento Dublín III tiene por objeto establecer los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida. (8) Estos criterios figuran en el capítulo III de este Reglamento, en los artículos 8 a 15.

      13. Con arreglo al artículo 3, apartado 2, del citado Reglamento Dublín III, cuando, con arreglo a los criterios enumerados en dicho Reglamento, no pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional, será responsable del examen el primer Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de protección internacional.

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