Sentencia nº C-464/18 de Tribunal de Justicia, 11 de Abril de 2019

Fecha de Resolución:11 de Abril de 2019
Emisor:Tribunal de Justicia
Número de Resolución:C-464/18
RESUMEN

Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (UE) n.º 1215/2012 - Determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda de indemnización por el retraso de un vuelo - Artículo 7, punto 5 - Explotación de sucursales - Artículo 26 - Prórroga tácita de la competencia - Necesidad de que el demandado comparezca

 
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En el asunto C-464/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Gerona, mediante auto de 9 de julio de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de julio de 2018, en el procedimiento entre ZX y Ryanair DAC, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), integrado por la Sra. C.T. (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. A.R. y M.S., Jueces; Abogado General: Sr. H.S. Øe; S.: Sr. A.C.E.; habiendo considerado los escritos obrantes en autos; consideradas las observaciones presentadas: - en nombre del Gobierno español, por el Sr. L.A.R., en calidad de agente; - en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. M.H. y S.P.Q., en calidad de agentes; vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; dicta la siguiente Sentencia 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 7, punto 5, y 26 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1). 2 Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre un pasajero, ZX, y la compañía aérea Ryanair DAC, relativo a una demanda de indemnización interpuesta por ZX como consecuencia del retraso de un vuelo. Marco jurídico Derecho de la Unión 3 El artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 establece: «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.» 4 El artículo 7 del mismo Reglamento dispone: «Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: 1) a) en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda; b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será: - cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías, - cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios; c) cuando la letra b) no sea aplicable, se aplicará la letra a); [...] 5) si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en que se hallen sitos; [...]». 5 La sección 4 del capítulo II del Reglamento n.º 1215/2012, que lleva por título «Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores», contiene el artículo 17, que establece lo siguiente: «1. En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 y en el artículo 7, punto 5: a) cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías; b) cuando se trate de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes, o c) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerza actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato esté comprendido en el marco de dichas actividades. 2. Cuando el cocontratante del consumidor no esté domiciliado en un Estado miembro, pero posea una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado miembro. 3. La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento.» 6 En ese mismo capítulo figura la sección 7, titulada «Prórroga de la competencia», que contiene el artículo 26, apartado 1, así redactado: «Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que comparezca el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia o si existe otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 24.» 7 El artículo 28, apartado 1, del citado Reglamento establece: «Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro sea demandada ante un órgano jurisdiccional de otro Estado...

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