Case nº T-107/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 23, 2019

• Resolution Date: May 23, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-107/17

Responsabilidad extracontractual - Política económica y monetaria - BCE - Bancos centrales nacionales - Reestructuración de la deuda pública griega - Implicación del sector privado - Cláusulas de acción colectiva - Canje obligatorio de títulos de deuda griega - Acreedores privados - Dictamen del BCE - Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Principio pacta sunt servanda - Artículo 17, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales - Artículo 63 TFUE, apartado 1 - Artículo 124 TFUE

En el asunto T-107/17,

Frank Steinhoff, con domicilio en Hamburgo (Alemania),

Ewald Filbry, con domicilio en Dortmund (Alemania),

Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, con domicilio social en Gräfenberg (Alemania),

Werner Bäcker, con domicilio en Rodgau (Alemania),

EMB Consulting SE, con domicilio social en Mühltal (Alemania),

representados por los Sres. O. Hoepner y D. Unrau, abogados,

partes demandantes,

contra

Banco Central Europeo (BCE), representado por los Sres. O. Heinz y G. Várhelyi, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. H.-G. Kamann, abogado,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso basado en el artículo 268 TFUE dirigido a obtener la reparación del perjuicio que los demandantes afirman haber sufrido con motivo de que el BCE, en su dictamen de 17 de febrero de 2012 (CON/2012/12), no advirtió a la República Helénica del carácter ilegal de la reestructuración de la deuda pública griega que se pretendía con el canje de títulos de deuda obligatorio,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen, Presidente, y el Sr. V. Kreuschitz (Ponente) y la Sra. N. Półtorak, Jueces;

Secretario: Sra. S. Bukšek Tomac, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de mayo de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

1. Antecedentes del litigio

1 En octubre de 2009, cuando el Gobierno griego anunció que el déficit público se elevaba al 12,5 % del producto interior bruto (PIB) y no al 3,7 % que se había publicado anteriormente, se desató la crisis de la deuda pública griega. Este anuncio agravó considerablemente la incertidumbre en torno a las bases económicas de la República Helénica, provocando con ello sucesivas rebajas de su calificación financiera y un alza constante de los tipos de interés exigidos por los mercados para financiar la deuda pública griega.

2 A finales de abril de 2010, una agencia de calificación degradó la calificación de los títulos de deuda griega de BBB- a BB+, categoría considerada por los mercados como deuda de alto riesgo. De este modo, el 27 de abril de 2010, la agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) hizo saber a los tenedores de títulos de deuda griega que la probabilidad media de que recuperaran su dinero en la hipótesis de una reestructuración de la deuda pública griega o de un impago de la deuda por el Estado griego era únicamente de un 30 % a un 50 %.

3 Dado que la crisis de la deuda griega amenazaba con afectar a otros Estados miembros de la zona euro y ponía en peligro la estabilidad de esta zona en su conjunto, en la cumbre del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2010 los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro acordaron poner en práctica un mecanismo intergubernamental de asistencia a la República Helénica que consistía en préstamos bilaterales coordenados a tipos de interés no bonificados, es decir, sin ningún tipo de subvención. El desembolso de los préstamos estaba sujeto a condiciones rigurosas y su activación debía producirse a petición de la República Helénica. El mecanismo de asistencia incluía también una participación sustancial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

4 El 2 de mayo de 2010, en aplicación del referido mecanismo de asistencia, los Estados miembros de la zona euro acordaron conceder a la República Helénica 80 000 millones de euros en el marco de una dotación financiera de 110 000 millones de euros asignada conjuntamente con el FMI.

5 El 9 de mayo de 2010, en el marco del Consejo Ecofin, se acordaron un conjunto de medidas, en particular, por un lado, la adopción del Reglamento (UE) n.º 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (DO 2010, L 118, p. 1), sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 2, y por otro, la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Una vez creado el FEEF, el 7 de junio de 2010, esta entidad y los Estados miembros de la zona euro firmaron el Acuerdo marco por el que se establecen las condiciones en las que el FEEF prestará apoyo a la estabilidad.

6 A mediados de 2011, la República Helénica, los Estados miembros de la zona euro y diversos acreedores del Estado griego iniciaron debates con vistas a la introducción de un nuevo programa de ayuda financiera. El objetivo de estos debates en general era posibilitar a la República Helénica retornar a una situación financiera viable. En particular, se contempló llevar a cabo una reestructuración de la deuda pública griega, de tal forma que los acreedores privados de la República Helénica contribuirían a aligerar la carga de dicha deuda y evitar así una situación de impago.

7 En junio y julio de 2011, los Estados miembros de la zona euro y varios acreedores privados del Estado griego presentaron propuestas para una reestructuración de la deuda pública griega.

8 En un comunicado de prensa de 1 de julio de 2011, el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI) declaró, entre otros extremos, que:

El Consejo de Administración del Instituto de Finanzas Internacionales se esfuerza por trabajar con sus miembros y otras entidades financieras, con el sector público y con las autoridades griegas, no sólo para ofrecer a la [República Helénica] un apoyo esencial en términos de flujo de caja, sino también para asentar las bases de una posición deudora más sostenible.

La comunidad financiera privada está dispuesta a desplegar un esfuerzo voluntario, cooperativo, transparente y a gran escala, para sostener a la [República Helénica], dado el carácter único y excepcional de sus circunstancias. [...]

La participación de los inversores privados vendrá a completar el apoyo público en términos financieros y de liquidez y se limitará a un número restringido de opciones [...]

.

9 El 21 de julio de 2011, los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro y las instituciones de la Unión Europea se reunieron para deliberar sobre las posibles medidas destinadas a salvar las dificultades que arrostraba la zona euro.

10 En su Declaración Conjunta de 21 de julio de 2011, se expone, en particular, lo siguiente:

1. Acogemos con satisfacción las medidas emprendidas por el Gobierno griego con el fin de estabilizar las finanzas públicas y reformar la economía, así como el nuevo conjunto de medidas, incluida la privatización, recientemente adoptadas por el Parlamento [helénico]. Se trata de esfuerzos que carecen de precedentes, pero que resultan necesarios para que la economía griega regrese a una senda de crecimiento sostenible. Somos conscientes de los esfuerzos que las medidas de ajuste suponen para los ciudadanos griegos, y estamos convencidos de que estos sacrificios son indispensables para la recuperación económica y contribuirán a la estabilidad y bienestar futuros del país.

2. Convenimos en apoyar un nuevo programa para [la República Helénica] y, junto con el FMI y la contribución voluntaria del sector privado, en colmar plenamente la brecha financiera. Se estima que la financiación total oficial ascenderá a 109 000 millones de euros. Este programa estará concebido, en particular mediante tipos de interés más bajos y plazos de vencimiento ampliados, para mejorar de forma decisiva la sostenibilidad de la deuda y el perfil de refinanciación de [la República Helénica]. Instamos al FMI a seguir contribuyendo a la financiación del nuevo programa [para la República Helénica]. Tenemos la intención de recurrir al [FEEF] como vehículo financiero para el próximo desembolso. Supervisaremos muy de cerca la ejecución rigurosa del programa, basándonos en la evaluación periódica de la Comisión [Europea] en conjunción con el BCE y el FMI.

[...]

5. El sector financiero ha indicado que está dispuesto a apoyar a [la República Helénica] con carácter voluntario mediante un abanico de opciones, dando un mayor refuerzo a la sostenibilidad general. La contribución neta del sector privado se estima en 37 000 millones de euros [...]

11 En cuanto a la participación del sector privado, en el apartado 6 de la Declaración Conjunta de 21 de julio de 2011 se indica lo siguiente:

Por lo que respecta a nuestro enfoque general de la participación del sector privado en la zona del euro, deseamos dejar claro que [la República Helénica] necesita una solución excepcional y única.

12 En la cumbre celebrada el 26 de octubre de 2011, los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro declararon, entre otras cosas, lo siguiente:

12. La participación del sector privado desempeña una función crucial para establecer la sostenibilidad de la deuda [de la República Helénica]. Por ello, celebramos las conversaciones que está manteniendo [la República Helénica] con sus inversores privados con vistas a hallar una solución para una mayor participación de éstos. Junto con un ambicioso programa de reformas para la economía griega, la participación del sector privado deberá garantizar la disminución de la tasa de endeudamiento griega [en proporción del PIB] con objeto de alcanzar un 120 % para 2020. Con este fin, invitamos a [la República Helénica], a los inversores privados y a todos los interesados a que pongan en marcha un intercambio voluntario de bonos y obligaciones con una quita nominal del 50 % de la deuda virtual en manos de inversores privados. Los Estados miembros de la zona del euro contribuirán al conjunto de medidas relativas a la participación del sector...