Capítulo 20. Herramientas para la democratización del discurso jurídico-administrativo en la Unión Europea: propuesta de base de datos terminológica en el ámbito de la seguridad social

• Date: 01 January 2024
• Author: Diana Torres-Prieto

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CAPÍTULO 20

HERRAMIENTAS PARA LA DEMOCRATIZACIÓN

DEL DISCURSO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

EN LA UNIÓN EUROPEA:

PROPUESTA DE BASE DE DATOS TERMINOLÓGICA

EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIANA TORRES-PRIETO

Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

1.1. LENGUAJE ADMINISTRATIVO CLARO: EL DERECHO A ENTENDER

De acuerdo con el estudio más recientemente publicado en el campo de

las iniciativas para la modernización del discurso jurídico-administra-

tivo en español, un 72 % de los textos administrativos no son claros

(Prodigioso Volcán, 2021). Estos datos no hacen sino corroborar otros

datos anteriores de los que disponía del Ministerio de Justicia, en los

que se constataba la dificultad de una amplia mayoría de los usuarios

de la Administración de Justicia (el 82 % de los ciudadanos) para com-

prender el contenido de las comunicaciones judiciales y que, en última

instancia, condujo a la convocatoria de una Comisión de Moderniza-

ción del Lenguaje Jurídico que alumbró un Informe de Recomendacio-

nes en 2011 (Ministerio de Justicia, 2011).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

(D.O.C.E. 2010, C83/289) reconoce en su artículo 41 el derecho de to-

dos los ciudadanos a una buena administración. Una de las muchas ma-

nifestaciones de este derecho es la obligación de diligencia de gobier-

nos y administraciones de hacerse comprender (Montolío y Tascón,

2020). Las Administraciones Públicas, conscientes del alcance de las

nuevas tecnologías y de cómo pueden contribuir a acercar al ciudadano

a las instituciones, se han volcado en los últimos años en el desarrollo

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de la administración electrónica o e-administración (Olmeda et al.

2017), que ha venido a colocar al ciudadano en contacto directo con las

instituciones públicas: las nuevas tecnologías han «democratizado» el

acceso a la información administrativa.

El derecho a una buena administración que asiste a todos los ciudadanos

europeos obliga, a su vez, a gobiernos y administraciones a actuar dili-

gentemente para hacerse entender. En este contexto, uno de los princi-

pales problemas de accesibilidad que presenta la administración elec-

trónica es la necesaria clarificación del discurso jurídico-administrativo

europeo para hacerlo más comprensible para todos sus destinatarios, en

definitiva, más democrático (Prodigioso Volcán, 2020). Habida cuenta

de la importancia del lenguaje verbal en la administración digital, la

mejora en la accesibilidad de la información administrativa pasa por

actuar sobre el lenguaje administrativo, lo que a su vez implica operar

sobre los rasgos lingüísticos, textuales y discursivos del discurso jurí-

dico-administrativo (Montolío y Tascón, 2020; Alcaraz, 2009; De Mi-

guel, 2000; Extebarría, 1997).

Cabe señalar, finalmente, que no solo tiene el ciudadano el derecho a

entender los mensajes administrativos, sino que, si no lo hace se corre

el riesgo de crear exclusión social, sobre todo entre los públicos más

vulnerables: personas de avanzada edad, personas con discapacidades

cognitivas o físicas y personas que no dominan el lenguaje vehicular de

la información (Valero-Garcés, 2010; Prodigioso Volcán, 2021). Es de-

cir, la comunicación administrativa no solo ha de ser universal, sino

además comprensible e inclusiva (Montolío y Tascón, 2020), debemos

situar a los destinatarios en el centro del diseño comunicativo, y no al

revés (Comisión Europea, 2021, p. 22).

1.2. EL DISCURSO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

La manera particular en la que se produce el fenómeno lingüístico en la

Administración es lo que se conoce como lenguaje administrativo o ju-

rídico-administrativo (Extebarría, 1997). La opacidad, la falta de natu-

ralidad y el oscurantismo que se predican de los lenguajes jurídico y

legal, que permean en gran medida la forma en que la Administración

se comunica con los ciudadanos (Castellón, 2001), se debe no solo a la