La carta de derechos digitales y la intromisión en el cerebro. Breve apunte histórico

• Author: Fernando L. Ibáñez López-Pozas
• Profession: Profesor Contratado Doctor. Departamento de Derecho Procesal de la UNED
• Pages: 109-128

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La carta de derechos digitales y la intromisión en el cerebro.

Breve apunte histórico

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Profesor Contratado Doctor.

Departamento de Derecho Procesal de la UNED 1 2

I. INTRODUCCIÓN

La digitalización o la transformación digital de la sociedad nos afecta a todos

los ciudadanos y pone a nuestra disposición innumerables ventajas en todos los

aspectos de la vida: la salud, la justicia, la economía, el medio ambiente, etc. Pero

esas ventajas no están libres de inconvenientes y de desafíos para la sociedad en

general y para las personas en particular.

A esa digitalización genérica se ha añadido otro avance, de consecuencias

ahora mismo difíciles de calibrar, como es la Inteligencia Artificial y que no es

objeto de estas líneas. Sería imposible enumerar los hitos que están marcando

la digitalización en todos los campos de la ciencia pero si me gustaría señalar

alguna iniciativa como la Agenda Digital para España, publicada en 2013 por el

Ministerio de Industria, Energía y Turismo; la Estrategia de Industria Conecta-

da 4.0, publicada en 2015 por la Secretaría General de Industria y de la PYME;

la «Estrategia Española de I+D+I en IA» publicada en 2019 por el Ministerio de

Ciencia, Innovación y Universidades; y la Agenda España Digital 2025, publicada

por el gobierno el 23 de julio de 2020 y respecto a normativa de la Unión Europea

señalar el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016 (o Reglamento

General de Protección de Datos) que integra en su contenido algunos derechos

que pueden considerarse derechos digitales y que fue sin lugar a dudas un primer

1Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “Ejes de la Justicia en tiempos de cam-

bio”, en el marco de los programas estatales de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y

tecnológico del sistema de I+D+i, del Ministerio de Ciencia e Innovación, con REF PID2020-113083GB-100,

desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 30 de agosto de 2024. Investigador Principal: Sonia Calaza López.

2 Sirvan estas líneas como reconocimiento a María Teresa Regueiro por su enorme calidad

humana y valía profesional. Todos los que formamos parte de la UNED, estudiantes, PAS y PDI, y que tuvi-

mos la suerte de trabajar con ella, echaremos en falta su buen hacer, su capacidad de trabajo y su brillante

conocimiento jurídico. Esperemos que nuestra colaboración universitaria no finalice.

Fernando L. Ibáñez López-Pozas

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paso de gran novedad en el momento de su promulgación. La Ley de Servicios

Digitales (DSA) y la Ley del Mercado Digital (DMA) que tienen como objetivos

principales: 1) Crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los de-

rechos fundamentales de todos los usuarios de servicios digitales, y 2) Establecer

unas condiciones de competencia equitativas para fomentar la innovación, el cre-

cimiento y la competitividad, tanto en el mercado único europeo como a escala

mundial. Y, la Declaración Europea de 23 de enero de 2023 sobre los Derechos y

Principios Digitales para la Década Digital (2023/C 23/01) de la que hablaremos

más adelante.

Si nos centramos en el mundo de la Justicia podemos citar la Ley 18/2011,

de 5 de julio, actualmente derogada y que tenía como principales objetivos, entre

otros, la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones,

generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la Justicia,

definir el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y

seguridad, que se plasmaron a nivel práctico en la implementación de la firma

digital para algunos actos judiciales y la posibilidad de obtener copias electróni-

cas digitalizadas de los documentos privados que se aporten al proceso. También

es necesario citar el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, que reguló

el sistema LexNet y obligó a la presentación y recepción electrónica de escritos,

solicitudes y sentencias entre todos los profesionales de la Justicia desde enero de

2016. El Plan Justicia 2030 elaborado por el Ministerio de Justicia que pretende

desarrollar y modernizar entre otras cuestiones: el Expediente Judicial Electró-

nico Sostenible y las infraestructuras de sistemas, redes y puesto de usuario y el

fomento de los mecanismos de interoperabilidad y ciberseguridad.

Y, por último, el reciente Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el

que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función

pública, régimen local y mecenazgo.

Dentro de todo este proceso ha surgido en el seno de las autoridades gu-

bernamentales nacionales y europeas la preocupación por las amenazas surgidas

en el mundo digital hacía los derechos fundamentales y la necesidad de darles

respuesta desde el derecho, blindando de esta manera derechos que, si bien ya

estaban protegidos y garantizados a nivel tanto nacional como europeo, deben

tener una protección ajustada a la nueva realidad digital y a las nuevas amenazas

que esta realidad genera.

Por eso considero que como frontispicio de cada norma en esta materia de-

bería existir el siguiente axioma y que es que “las personas deben estar en el centro de la

transformación digital”, como dice la Declaración Europea de 23 de enero de 2023

sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (2023/C 23/01)

(23 enero 2023): “Las personas constituyen el núcleo de la transformación digital

de la Unión Europea. La tecnología debe servir y beneficiar a todas las personas