El contencioso de la función pública de la Unión Europea

• Author: María Casado García-Hirschfeld
• Pages: 259-306

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1. LA TUTELA DEL ESTATUTO: VÍAS DE DEFENSA

La protección jurisdiccional de los funcionarios de la Unión Europea en-

cuentra su fundamento jurídico en el artículo 270 del Tratado sobre el Funcio-

namiento de la Unión Europea (TFUE) por el cual se atribuye al Tribunal de

Justicia de la Unión475 (en adelante, TJ), la competencia para pronunciarse so-

bre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y condi-

ciones que establezca el Estatuto de los funcionarios de la UE y el régimen

aplicable a los otros agentes de la UE (RAA).

Una competencia que será delegada a un nuevo Tribunal, que se crea tras la

decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988476, el Tribunal de Primera Ins-

tancia de las Comunidades Europeas477 (en adelante, Tribunal General, TG). A

partir de esta fecha, este nuevo Tribunal será el encargado de conocer en pri-

mera instancia, con posibilidad de apelación ante el Tribunal de Justicia, de

algunas categorías de recursos y, en particular, sobre los litigios de la función

pública.

Mediante esta Decisión n.° 88/59478 CECA, CEE, Euratom, se produce la

primera reforma importante del sistema jurisdiccional europeo con un doble ob-

jetivo: en primer lugar, mejorar la protección judicial de los justiciables incorpo-

rando entre otras competencias479 su capacidad para conocer de litigios entre las

475 Hasta la entrada en vigor, el 1.º de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa su denomi-

nación era la de «Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas».

476 Artículo 3, párrafo 1(a).

477 En conformidad al exartículo 168 A del Tratado CEE y convertido en artículo 225 CE por

el Acta Única europea.

478 DO L 319, de 25-11-1988, pág. 1.

479 Igualmente, el TPI pasa a ser competente para pronunciarse sobre los litigios iniciados por

recursos presentados contra la Comisión por empresas y asociaciones de empresas en el marco

del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero; y de los recursos presentados por

personas físicas o jurídicas contra la Comunidad Europea y recursos que exigen un estudio dete-

CAPÍTULO IV

EL CONTENCIOSO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA UNIÓN EUROPEA

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FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA: (AUTO) REGULACIÓN INSTITUCIONAL

Comunidades Europeas y sus funcionarios y agentes y, en segundo lugar, con el

objetivo de reducir el volumen de trabajo del Tribunal de Justicia que, a su vez,

verá reforzada su función de garante de un ordenamiento jurídico propio.

En el año 2004, ya en vísperas de la mayor ampliación de la Unión Europea,

una de las novedades que introducirá el Tratado de Niza en el ámbito jurisdic-

cional es la posibilidad de crear salas jurisdiccionales adjuntas al TPI, actual

Tribunal General, que pudieran conocer en primera o única instancia algunas

de las competencias jurisdiccionales previstas en los artículos 220 alinea 2 y

225 A del Tratado CE y artículo 140 A del Tratado CEEA. Esta reforma tuvo

además por resultado el fortalecimiento de la autonomía del TPI, y por ende del

Tribunal de Justicia, a raíz de la cual se verían dotados de una nueva misión, la

de asegurar el respeto al derecho en la interpretación y aplicación del Tratado

(artículo 220 del Tratado CE).

Es a partir de esta reforma, y mediante la Decisión 2004/752/CE480 Euratom

del Consejo del 2 de noviembre de 2004 cuando se instaura, por primera vez,

un Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (en adelante, TFP),

constituyéndose en el primer Tribunal especializado de la UE.

El contencioso de la función pública de la Unión es el instrumento mediante

el cual los funcionarios o agentes al servicio de la UE pueden obtener bien:

1) la anulación del acto administrativo que le es lesivo, si el juez constata la

ilegalidad del acto administrativo, y se podrá proceder a la anulación del mis-

mo; bien 2) el TFP también puede imponer a la autoridad administrativa la

obligación de adoptar una determinada medida o acto a la que estaba obligada

pero que omitió; o finalmente 3) el demandante puede solicitar al juez la obten-

ción de una indemnización por los daños ocasionados.

En el desarrollo del contencioso de la función pública es muy común encon-

trar referencias a los Principios Generales del Derecho481 y a los derechos fun-

damentales, que veíamos en el capítulo II, como el principio de no discrimina-

nido de hechos complejos, como por ejemplo litigios sobre la libre competencia, dumping y

ayudas de Estado entre otros. Más adelante recibió competencias para conocer recursos conten-

ciosos relativos a derechos de propiedad intelectual. Hay que señalar que desde el principio

quedaron excluidas expresamente de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia las cues-

tiones prejudiciales.

480 Decisión n.° 2004/752/CE,CEEA, DO Serie L 333 del 9 de noviembre de 2004.

481 Los Tratados apenas hacen referencia a los Principios Generales del Derecho de la UE.

Estos principios han sido fundamentalmente desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia en el ejercicio de sus funciones destinadas a asegurar el respeto del derecho. Entre los

múltiples principios generales de creación jurisprudencial, podríamos mencionar los principios

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za legítima. Igualmente la jurisprudencia del Tribunal es la primera en reconocer los derechos

fundamentales como Principios Generales del Derecho de la UE. Esta jurisprudencia se ha con-

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la UE, que establece que los derechos fundamentales, tal y como han sido garantizados por el

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamen-

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EL CONTENCIOSO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA

ción, el principio de confianza legítima, el principio de buena Administración,

el principio de seguridad jurídica, la obligación de motivación o el de deber de

asistencia, entre otros.

Para entender mejor las particularidades de este contencioso se hace necesa-

rio contextualizar al funcionario-individuo en un ambiente muy particular, el de

las instituciones europeas. Ya que nos encontramos ante una estructura admi-

nistrativa multilingüe, en la que su personal ha de trabajar utilizando los idio-

mas vehiculares, inglés y francés, dos de las 24 las lenguas oficiales; en un

ambiente multicultural que implica saber adaptarse a nuevas metodologías de

trabajo en ocasiones fijadas por el jefe de unidad o director; adaptarse a hora-

rios a veces imposibles, como las sesiones plenarias en Estrasburgo del Parla-

mento Europeo o, las reuniones de conciliación entre el Parlamento y Consejo

en busca de una posición común aceptable para ambas instituciones, y, en oca-

siones, enfrentarse a cuotas invisibles, no oficiales, que han de reflejar un equi-

librio de nacionalidades y que pueden frenar las aspiraciones de promoción en

sus carreras. En definitiva, un elenco de situaciones particulares que suelen re-

petirse a lo largo de su carrera profesional. Y todo esto sin olvidar que el fun-

cionario debe además adaptarse a una estructura muy jerarquizada y burocrati-

zada, determinada por su grupo de función y grado.

A lo que habría que añadir algunas de las características más particulares de

este contencioso, que en ocasiones contribuye a crear un cierto clima de

incertidumbre, y que son, por un lado, el amplio margen de apreciación discrecio-

nal que se reconoce a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos

(AFPN) o Autoridad Administrativa, confirmada de manera reiterada por la juris-

prudencia; y, por otro lado, el papel fundamental que se confiere al juez de la UE

que ha de garantizar que dicho margen de autonomía reglamentaria no interfiera

provocando situaciones que puedan dar lugar a una mala Administración.

Dado que la importancia del papel que se confiere al juez de la Unión radica

en su deber de valorar los hechos desde un doble ángulo: 1) por un lado, el juez

debe respetar el amplio margen de maniobra reconocido por el Estatuto a la

Autoridad Administrativa y reiterado por una jurisprudencia constante que sos-

tiene la validez de esta primera característica reconociendo que la Autoridad

Administrativa es libre de aportar en todo momento las modificaciones que

estime necesarias y conformes al interés del servicio. Y esto incluso en los ca-

sos en los que estas nuevas disposiciones sean menos favorables a los funcio-

narios, a condición que respeten los derechos adquiridos de manera regular por

los funcionarios o agentes y que las personas a las que va dirigida la reglamen-

tación en cuestión sean tratadas de manera idéntica482; 2) por otro lado, el juez

tales, así como los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miem-

bros, formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.

482 Sentencia del Tribunal de 19 de marzo de 1975, Gillet c. Comisión, en el asunto T 28/74,

Rec. pág. 463, apartados 5 y 6; Sentencias del Tribunal de Primera Instancia del 30 de septiembre