Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Examen de las políticas comerciales

• Section: Serie C

7.5.2021 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 175/17

Ponente: Willy BORSUS (BE/Renew Europe) Vicepresidente de Valonia, ministro valón de Economía, Comercio Exterior, Investigación e Innovación, Sector Digital, Agricultura, Ordenación Territorial, IFAPME (Instituto Valón de Formación en Alternancia y de Pequeñas y Medianas Empresas) y Centros de Competencia Documento de referencia: COM(2021) 66 final

1. acoge con satisfacción, en términos generales, la Comunicación de la Comisión del 18 de febrero titulada «Una política comercial abierta, sostenible y firme»; toma nota de las conclusiones y recomendaciones contenidas en dicha Comunicación, pero señala también que presenta algunas deficiencias que deben ser abordadas;

2. considera que es necesaria una revisión a fondo de la política comercial con el propósito de garantizar la coherencia con los compromisos del Pacto Verde Europeo en favor de un crecimiento sostenible e integrador, responder a los desafíos que plantea la transición digital, reforzar la competitividad de la industria europea y contribuir al aumento del empleo en Europa y la mejora del nivel de vida de todos los ciudadanos; subraya, por último, que la política comercial deberá mejorar la resiliencia de la Unión Europea y garantizar su capacidad de mitigar los impactos sistémicos actuales y futuros, en especial, los que guardan relación con el cambio climático, el aumento de las tensiones geopolíticas y el riesgo de nuevas pandemias y otras crisis sanitarias;

3. recuerda el papel central que desempeña el comercio en la economía de la Unión y los millones de empleos europeos que dependen de las exportaciones realizadas desde Europa. Antes de la crisis de la COVID-19, 35 millones de empleos europeos dependían de las exportaciones y 16 millones, de la inversión extranjera. En otras palabras, uno de cada siete puestos de trabajo dependía de las exportaciones;

4. expresa su preocupación por la onda expansiva que la crisis de la COVID-19 ha provocado en los mercados internacionales y por el agravamiento de la situación anterior, ya devaluada, en particular por el aumento de las tensiones geopolíticas, que esta ha ocasionado. Según una encuesta reciente de la Dirección General de Comercio, los intercambios comerciales internacionales podrían experimentar una disminución de entre un 10 y un 16 % en 2020; en lo que respecta a la Unión Europea de 27 Estados miembros, las exportaciones a terceros países registrarían una contracción del 9 al 15 %, lo que representa una disminución de entre 282 000 y 470 000 millones EUR (1); observa con inquietud que en 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la OIT prevé que se pierdan 12 millones de empleos solamente en Europa;

5. observa que, a las dificultades socioeconómicas, se suma el cuestionamiento por parte de los ciudadanos, cada vez más generalizado, acerca del modo en que se distribuyen los beneficios de la globalización a lo largo de las cadenas de valor, en todos los sectores económicos y en el conjunto de la sociedad; a este respecto, considera importante que la Comisión haga participar activamente a los entes locales y regionales, que son los niveles de la administración pública más próximos a los ciudadanos, en los acuerdos comerciales y les consulte en la materia; en este contexto, manifiesta su preocupación por el enfoque adoptado por la Comisión en las recientes negociaciones comerciales —a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Singapur (Dictamen 2/15 de mayo de 2017)— con el fin de eludir la «mezcla» de las relaciones comerciales, negociando acuerdos comerciales que reflejen únicamente las competencias exclusivas de la UE;

6. está firmemente convencido de que solo un modelo comercial sostenible que respete los valores de la Unión, las normas legislativas fundamentales no negociables de la Unión y los ODS puede contribuir al bienestar y la prosperidad de todos dentro y fuera de la Unión;

7. considera que se debe garantizar una mayor coherencia entre la política comercial y las políticas agrícola, industrial, digital, de competencia, fiscal, social, medioambiental, de transportes, climática, energética, de desarrollo y de cohesión de la Unión Europea, así como los derechos fundamentales de la Unión; lamenta que la Comunicación de la Comisión haga demasiado poco hincapié en esta necesidad de coherencia entre las distintas políticas sectoriales de la UE;

8. subraya su compromiso fundamental con la libertad de elección económica de los entes públicos para prestar, encargar la prestación y financiar servicios de interés económico general;

9. subraya la importancia de proteger los servicios públicos y las infraestructuras críticas (servicios públicos de interés general) en los acuerdos comerciales y, por consiguiente, pide su exclusión completa y con seguridad jurídica del ámbito de aplicación de todos los acuerdos de libre comercio e inversión y, por ende, de todas las disposiciones de protección de las inversiones, por ejemplo mediante un «planteamiento de lista positiva» en las disposiciones contractuales de acceso al mercado, el trato de nación más favorecida y la igualdad de trato nacional;

10. considera que la revisión de la política comercial debe realizarse de forma paralela a una reforma específica de algunos aspectos de la política de competencia de la Unión y a la revisión de la política industrial y de innovación europea con el fin de respaldar la posición de la UE como líder mundial en ámbitos clave; espera con interés, en este contexto, la estrategia actualizada de política industrial de la UE, anunciada para abril de 2021;

11. subraya que la UE debería esforzarse por alcanzar una solución global en materia de fiscalidad de los servicios digitales, con una gobernanza y unas normas globales adecuadas...