Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida

Sección:Directiva
Emisor:Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
RESUMEN

I (Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad) DIRECTIVA 2002/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de noviembre de 2002 sobre el seguro de vida EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 55, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3), Considerando lo siguiente: (1) La Primera Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio (4), la Segunda Directiva 90/619/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE (5) y la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida) (6), han sido modificadas de manera sustancial y en varias ocasiones. Dado que se deben realizar nuevas modificaciones, conviene proceder a la refundición de las citadas Directivas en un texto único en aras de la claridad. (2) Para facilitar el acceso a las actividades de los seguros sobre la vida y su ejercicio, es necesario eliminar algunas divergencias existentes entre las legislaciones nacionales en materia de control. Para realizar este fin, garantizando una protección adecuada a los asegurados y a los beneficiarios en todos los Estados miembros, conviene coordinar las disposiciones relativas a las garantías financieras exigidas a las empresas de seguros de vida. (3) Es necesario llevar a término el mercado interior en materia de seguro directo de vida, en su doble vertiente de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en los Estados miembros, al objeto de facilitar a las empresas de seguros con domicilio social en la Comunidad la suscripción de compromisos dentro de la Comunidad, facilitando con ello a los tomadores la posibilidad de recurrir no sólo a empresas establecidas en su país, sino también a empresas con domicilio social en la Comunidad y establecidas en otros Estados miembros. (4) En aplicación del Tratado, está prohibido cualquier trato discriminatorio en materia de prestación de servicios que se fundamente en el hecho de que una empresa no esté establecida en el Estado miembro en el que se realiza la prestación. Tal prohibición se aplica a las prestaciones de servicios efectuadas a partir de cualquier establecimiento dentro de la Comunidad, independientemente de si se trata de la sede social de una empresa o de una agencia o sucursal. (5) La presente Directiva constituye, por tanto, un paso importante del proceso de aproximación de los mercados nacionales para la instauración de un solo mercado integrado, y debe completarse esta fase con otros instrumentos comunitarios al objeto de permitir que todos los tomadores de seguro puedan recurrir a cualquier asegurador con domicilio social en la Comunidad y que ejerza en ella su actividad en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, garantizándoles, al mismo tiempo, una protección adecuada. (6) La presente Directiva se inscribe en el marco de la labor legislativa ya realizada por la Comunidad en el sector del seguro de vida, que también comprende la Directiva 91/ 674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y cuentas consolidadas de las empresas de seguros (7). 19.12.2002 L 345/1 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES (1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 1. (2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 24. (3) Dictamen del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 2001 (DO C 343 de 5.12.2001, p. 202), Posición común del Consejo de 27 de mayo de 2002 (DO C 170 E de 16.7.2002, p. 45) y Decisión del Parlamento Europeo de 25 de septiembre de 2002 (no publicada aún en el Diario Oficial). (4) DO L 63 de 13.3.1979, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2002, p. 11). (5) DO L 330 de 29.11.1990, p. 50; Directiva modificada por la Directiva 92/96/CEE (DO L 360 de 9.12.1992, p. 1). (6) DO L 360 de 9.12.1992, p. 1; Directiva modificada por la Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 17.11.2000, p. 27). (7) DO L 374 de 31.12.1991, p. 7. (7) Se ha optado por llevar a cabo la armonización básica, necesaria y suficiente para llegar al reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión cautelar, que permita la concesión de una única autorización válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de control por el Estado miembro de origen. (8) Por consiguiente, el acceso a la actividad de seguros y su ejercicio quedan supeditados a la concesión de una única autorización administrativa, concedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de seguros tenga su domicilio social. Dicha autorización permitirá a la empresa ejercer su actividad en toda la Comunidad, en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. El Estado miembro en que se ubique la sucursal o en el que tenga lugar la prestación de servicios no podrá exigir una nueva autorización a las empresas de seguros que deseen ejercer en él la actividad de seguros y ya estén autorizadas en el Estado miembro de origen. (9) Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a empresas de seguros cuyos vínculos estrechos con otras personas físicas o jurídicas sean de índole tal que obstaculicen el correcto ejercicio de su misión de supervisión. Las empresas de seguros ya autorizadas deberán también satisfacer las exigencias de las autoridades competentes al respecto. (10) La definición establecida en la presente Directiva de tales «vínculos estrechos» está constituida por criterios mínimos y ello no obsta para que los Estados miembros contemplen también situaciones diferentes de las previstas en dicha definición. (11) El mero hecho de adquirir un porcentaje significativo del capital de una sociedad no constituye participación en el sentido de «vínculos estrechos», siempre que dicha adquisición se realice únicamente a título de inversión financiera temporal y no permita influir en la estructura y la política financiera de la empresa. (12) Los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión ejercida por el Estado miembro de origen exigen que las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros no concedan autorización o la retiren cuando factores tales como el programa de actividades, la distribución geográfica o las actividades realmente realizadas demuestren de forma inequívoca que la empresa de seguros ha optado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictas vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades. Toda empresa de seguros deberá ser autorizada en el Estado miembro en el que se encuentre su domicilio social. Por otra parte, los Estados miembros deben exigir que el domicilio social de una empresa de seguros siempre esté situado en su Estado miembro de origen y que ejerza realmente sus actividades en el mismo. (13) Por motivos prácticos conviene definir la prestación de servicios teniendo presente, por un lado, el establecimiento de la empresa y, por otra, la localización del compromiso. Por consiguiente, debe definirse asimismo el concepto de «compromiso». Conviene, además, delimitar la actividad ejercida por medio del derecho de establecimiento, distinguiéndola de la ejercida en régimen de libre prestación de servicios. (14) Es necesaria una clasificación por ramos para determinar, en particular, las actividades sujetas a autorización obligatoria. (15) Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva algunas mutuas que, en virtud de su régimen jurídico, reúnen condiciones de seguridad y ofrecen garantías financieras específicas. Conviene, además, excluir algunos organismos cuya actividad sólo se extiende a un sector muy reducido y se encuentra estatutariamente limitada. (16) En cada Estado miembro, el seguro de vida está sometido a una autorización y a un control administrativo, pero que hace falta precisar las condiciones para otorgar o retirar esta autorización. Deberá contemplarse el derecho de recurso judicial en caso de denegación o retirada de autorización. (17) Conviene precisar las facultades y los medios de control de las autoridades competentes. Conviene además dictar disposiciones específicas relativas al acceso, al ejercicio y al control de las actividades desarrolladas en régimen de libre prestación de servicios. (18) Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro de origen garantizar la vigilancia de la solidez financiera de la empresa de seguros, y, en particular, del estado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas suficientes, así como de la representación de éstas por activos congruentes. (19) Conviene prever la posibilidad de intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de sus destinatarios debe ser estrictamente limitada. (20) Determinadas actuaciones, como los fraudes y los delitos de uso indebido de información privilegiada, aun cuando afecten a empresas distintas de las empresas de seguros, pueden repercutir en la estabilidad del sistema financiero, e incluso en su integridad. (21) Es preciso establecer las condiciones en las que se autoricen los intercambios de información anteriormente mencionados. 19.12.2002 L 345/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES (22) Cuando se establece que la información sólo podrá divulgarse si cuenta con el acuerdo expreso de las autoridades competentes, éstas podrán, si procede, subordinar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. (23) Los Estados miembros sólo podrán celebrar acuerdos sobre intercambios de información con terceros países si la información comunicada queda protegida por adecuadas garantías de secreto profesional. (24) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las empresas de seguros y la protección de los clientes de las empresas de seguros, es conveniente establecer que todo auditor deberá informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, en los casos previstos en la presente Directiva y en el ejercicio de su función, tenga conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una empresa de seguros. (25) Dado el objetivo que se pretende, conviene que los Estados miembros dispongan la aplicación de esta obligación siempre que un auditor, en el ejercicio de su función, observe tales hechos en una empresa que tenga vínculos estrechos con una empresa de seguros. (26) La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes determinada información relativa a una empresa de seguros verificada en el ejercicio de su función en una empresa no aseguradora no modifica en sí misma el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella. (27) La realización de las operaciones de gestión de fondos colectivos de pensiones no podrá, en ningún caso, afectar a las competencias atribuidas a las autoridades respectivas con respecto a las entidades titulares de los activos a que se refiere dicha gestión. (28) Determinadas disposiciones de la presente Directiva definen normas mínimas. El Estado miembro de origen puede dictar reglas más estrictas respecto de las empresas de seguros autorizadas por sus propias autoridades competentes. (29) Las autoridades competentes de los Estados miembros deben disponer de los medios de control necesarios para velar por el ejercicio ordenado de las actividades de la empresa de seguros en el conjunto de la Comunidad, ya se efectúen en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios. En particular, dichas autoridades deben poder adoptar las medidas de salvaguarda adecuadas o imponer sanciones a fin de evitar que se produzcan irregularidades, así como posibles infracciones contra las disposiciones en materia de control de la actividad de seguros. (30) Las disposiciones relativas a la transferencia de cartera deben contemplar específicamente el caso en que la cartera de contratos celebrados en régimen de prestación de servicios sea cedida a otra empresa. (31) Las disposiciones relativas a la transferencia de la cartera de contratos deben estar adaptadas al régimen jurídico de autorización única que establece la presente Directiva. (32) No debe permitirse la práctica de la acumulación del seguro de vida y el seguro distinto del de vida a las empresas que se constituyan después de las fechas a las que se refiere el apartado 3 del artículo 18. En lo que se refiere a las empresas existentes que practicaban, en las fechas pertinentes a las que se refiere el apartado 3 del artículo 18, esta acumulación, se puede dejar a los Estados miembros la posibilidad de autorizarlas a continuar con esta práctica, siempre que adopten una gestión separada para cada una de sus actividades, con el fin de que sean protegidos los intereses respectivos de los tomadores de los seguros de vida y de los tomadores de los seguros distintos de los seguros de vida, y de que las obligaciones financieras mínimas referentes a una de esas actividades no sean soportadas por la otra. En lo que respecta a esas mismas empresas existentes que practican la acumulación, hay que dejar también a los Estados miembros la posibilidad de que puedan exigir que esas empresas, establecidas en su territorio, pongan fin a su acumulación. Por otra parte, se debe someter a una vigilancia especial a las empresas especializadas, en los casos en que una empresa de seguros distintos de los de vida pertenezca al mismo grupo financiero que una empresa de seguros de vida. (33) Ninguna disposición de la presente Directiva impide a una empresa de seguros de varios ramos el escindirse en dos empresas distintas que practiquen, la primera los seguros de vida y, la segunda, los seguros distintos de los de vida. Con el objeto de realizar esta separación en las mejores condiciones posibles es conveniente permitir a los Estados miembros, respetando las disposiciones de Derecho comunitario en materia de competencia, que prevean un sistema fiscal apropiado sobre, en particular, las plusvalías que dicha segregación puede hacer aflorar. (34) Los Estados miembros que lo deseen puedan conceder a una misma empresa autorizaciones para los ramos contemplados en el anexo I y para las operaciones de seguros comprendidas en los ramos 1 y 2 del anexo de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (1). No obstante, dicha facultad puede estar sujeta a determinadas condiciones sobre cumplimiento de reglas contables y de reglas de liquidación. 19.12.2002 L 345/3 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES (1) DO L 228 de 16.8.1973, p. 3; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2002, p. 17). (35) Para la protección de los asegurados, es necesario que cada empresa de seguros constituya provisiones técnicas suficientes. El cálculo de dichas provisiones se basa esencialmente en principios actuariales. Conviene coordinar dichos principios a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las disposiciones prudenciales aplicables en los diferentes Estados miembros. (36) Es deseable, por razones de prudencia, establecer una coordinación mínima de las reglas de limitación del tipo de interés utilizado en el cálculo de las provisiones técnicas y, habida cuenta de que todos los métodos actualmente existentes para proceder a dicha limitación son igualmente correctos, prudenciales y equivalentes, parece conveniente que a los Estados miembros se les otorgue la posibilidad de elegir libremente el método que deba utilizarse. (37) Procede coordinar las reglas relativas al cálculo de las provisiones técnicas y las reglas que rigen la diversificación, la localización y la congruencia de los activos representativos de las provisiones técnicas, con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las disposiciones de los Estados miembros. Para dicha coordinación habrán de tenerse en cuenta la liberalización de los movimientos de capitales conforme al artículo 56 del Tratado, así como los progresos de la Comunidad con miras a la plena realización de la unión económica y monetaria. (38) El Estado miembro de origen no puede exigir a las empresas de seguros que inviertan los activos representativos de sus provisiones técnicas en determinadas categorías de activos, puesto que estas exigencias son incompatibles con la liberalización de los movimientos de capitales contemplada en el artículo 56 del Tratado. (39) Es necesario que las empresas de seguros dispongan, además de provisiones técnicas, incluidas las provisiones matemáticas, suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas, de una reserva complementaria, denominada «margen de solvencia», representada por el patrimonio libre y, con la aprobación de la autoridad competente, por elementos implícitos del patrimonio, que actúen como un amortiguador frente a fluctuaciones adversas de su actividad. Este requisito constituye un elemento importante de la supervisión prudencial para la protección de los asegurados y tomadores de seguros. Para asegurar a este respecto que las obligaciones impuestas sean determinadas en función de criterios objetivos, mediante los que se sitúe en pie de igualdad de competencia a las empresas de una misma importancia, conviene prever que este margen sea proporcional al conjunto de obligaciones contractuales de la empresa y a la naturaleza y gravedad de los riesgos que presentan las diversas actividades que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Este margen debe ser pues distinto según se trate de riesgo de inversión, de riesgo de mortalidad o únicamente de riesgo de gestión. Debe ser así determinado, bien en función de las provisiones matemáticas y de los capitales sujetos al riesgo adquirido por la empresa, bien en función de las primas o contribuciones cobradas, bien en función únicamente de las provisiones, o bien en función de los activos de las tontinas. (40) La Directiva 92/96/CEE estableció una definición provisional de mercado regulado, en espera de la adopción de una Directiva sobre los servicios de inversiones en el sector de los valores mobiliarios que armonizara dicho concepto a escala comunitaria. La Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (1), prevé una definición de mercado regulado, si bien excluye de su ámbito de aplicación las actividades de seguros. Conviene aplicar el concepto de mercado regulado también a las actividades de seguros de vida. (41) La lista de elementos que pueden entrar en la composición del margen de solvencia exigido por la presente Directiva tiene en cuenta los nuevos instrumentos financieros y las facilidades otorgadas a otras instituciones financieras para nutrir sus fondos propios. Habida cuenta de la evolución del mercado en cuanto a la naturaleza de la cobertura de reaseguro contratada por los aseguradores directos, es necesario que, en determinadas circunstancias, las autoridades competentes estén facultadas para disminuir la reducción del margen de solvencia obligatorio. Con objeto de mejorar la calidad del margen de solvencia, se debe limitar y someter a condiciones y, en cualquier caso, debe cesar después de 2009, la posibilidad de incluir beneficios futuros en el margen de solvencia disponible. (42) Es necesario exigir un fondo de garantía cuyo importe y composición sean tales que dé la garantía de que las empresas disponen, desde el momento de su constitución, de medios adecuados y que en ningún caso el margen de solvencia disminuya durante su actividad por debajo de un mínimo de seguridad. Dicho fondo de garantía debe estar constituido, en su totalidad o en una parte determinada, por elementos explícitos del patrimonio. (43) A fin de evitar en el futuro aumentos importantes y pronunciados del fondo de garantía mínimo, debe establecerse un mecanismo que prevea su aumento en función del índice europeo de precios al consumo. La presente Directiva debe establecer normas mínimas sobre los requisitos de margen de solvencia y los Estados miembros de origen deben poder establecer normas más estrictas respecto de las empresas de seguros autorizadas por sus propias autoridades competentes. 19.12.2002 L 345/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES (1) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (44) Las disposiciones vigentes en los Estados miembros en materia de derecho del contrato relativo a las actividades contempladas en la presente Directiva divergen. La armonización del derecho del contrato de seguro no es una condición previa para la realización del mercado interior de los seguros. En consecuencia, la posibilidad otorgada a los Estados miembros de imponer la aplicación de su legislación a los contratos de seguros en virtud de los cuales se contraigan compromisos en su territorio puede proporcionar las suficientes garantías a los tomadores de seguro. En determinados casos, con arreglo a normas que tengan en cuenta circunstancias específicas, puede concederse la libertad de elegir, como ley aplicable al contrato, una ley distinta de la del Estado del compromiso. (45) Para los contratos de seguros de vida conviene conceder al tomador la posibilidad de renunciar al contrato en un plazo comprendido entre 14 y 30 días. (46) En el marco del mercado interior, interesa al tomador de seguro poder tener acceso a la gama más amplia posible de productos de seguros ofrecidos en la Comunidad, de manera que pueda elegir de entre todos ellos el más adecuado a sus necesidades. Por consiguiente, incumbe al Estado miembro del compromiso velar para que en su territorio no haya obstáculo alguno a la comercialización de todos los productos de seguros ofrecidos en la Comunidad, siempre que éstos no sean contrarios a las disposiciones legales de interés general vigentes en el Estado miembro del compromiso y en la medida en que el interés general no quede salvaguardado por las normas del Estado miembro de origen, quedando entendido que tales disposiciones deberán aplicarse de forma no discriminatoria a toda empresa que opere en dicho Estado miembro y ser objetivamente necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido. (47) Los Estados miembros deben estar en medida de velar por que los productos de seguros y la documentación contractual utilizada para la cobertura de los compromisos contraídos en su territorio, en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, respeten las disposiciones legales específicas de interés general aplicables. Los sistemas de control que se empleen deben adaptarse a las exigencias del mercado interior sin que puedan constituir un requisito previo al ejercicio de la actividad de seguros. Desde esta óptica, los sistemas de aprobación previa de las condiciones de los seguros no se justifican. En consecuencia, resulta oportuno prever otros sistemas más apropiados a las exigencias del mercado interior y que permitan a los Estados miembros garantizar la adecuada protección de los tomadores de seguros. (48) Interesa crear las condiciones para una colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros, así como entre éstas y la Comisión. (49) Conviene establecer un régimen de sanciones aplicables en los casos en que la empresa de seguros no se ajuste, en el Estado miembro en el que se contraiga el compromiso, a las disposiciones de interés general que le sean de aplicación. (50) Es necesario prever medidas para el caso en el que la situación financiera de la empresa llegase a ser tal que le fuera difícil cumplir sus obligaciones. En situaciones concretas en que se vean amenazados los derechos de los asegurados, es necesario que las autoridades competentes estén facultadas para intervenir con la suficiente antelación, si bien, en el ejercicio de estos poderes, las autoridades competentes deben informar a las empresas de seguros acerca de las razones que motiven tal actuación supervisora, de conformidad con los principios de eficacia y legalidad. Mientras subsista dicha situación, las autoridades competentes deben abstenerse de certificar que la empresa de seguros tiene un margen de solvencia suficiente. (51) Se admite que, para la aplicación de los principios actuariales conformes a la presente Directiva, el Estado miembro de origen podrá exigir la comunicación sistemática de las bases técnicas aplicables al cálculo de las primas y de las provisiones técnicas, sin que dicha comunicación de bases técnicas incluya la notificación de las condiciones generales y especiales de los contratos ni la de las tarifas comerciales de la empresa. (52) En el marco de un mercado interior de seguros, el consumidor dispondrá de una oferta mayor y más diversificada de contratos. Para beneficiarse plenamente de tal diversidad y de una competencia más intensa, debe disponer de la información necesaria para elegir el contrato que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta necesidad de información es aún más importante si se tiene en cuenta que los compromisos pueden ser de muy larga duración. Conviene, por consiguiente, coordinar las disposiciones mínimas para que el consumidor reciba información clara y precisa sobre las características esenciales de los productos que le son propuestos y la denominación y dirección de los organismos facultados para tramitar las reclamaciones de los tomadores, los asegurados o los beneficiarios del contrato. (53) La publicidad de los productos de seguro es esencial para facilitar el ejercicio efectivo de las actividades de seguros en la Comunidad. Resulta oportuno dar a las empresas de seguros la posibilidad de recurrir a todos los medios normales de publicidad en el Estado miembro de la sucursal o de la prestación de servicios. No obstante, los Estados miembros pueden exigir que se respeten aquellas de sus reglas que regulen la forma y el contenido de tal publicidad y que se deriven bien de los actos comunitarios adoptados en materia de publicidad, bien de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros por motivos de interés general. 19.12.2002 L 345/5 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES (54) En el mercado interior ningún Estado miembro puede ya prohibir el ejercicio simultáneo de la actividad de seguros en su territorio en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios. (55) Determinados Estados miembros no someten las operaciones de seguros a ningún tipo de imposición indirecta, mientras que la mayoría de ellos les aplican impuestos especiales y otras formas de contribución. En los Estados miembros en los que se perciben tales impuestos y contribuciones, la estructura de los mismos y los tipos aplicados varían considerablemente. Es conveniente impedir que las diferencias existentes originen distorsiones de la competencia en los servicios de seguros prestados entre los Estados miembros. Sin perjuicio de una posterior armonización, la aplicación del régimen fiscal y otras formas de contribución previstas en el Estado miembro en el que se contraiga el compromiso pueden poner remedio a tal inconveniente y corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades que garanticen la percepción de los mencionados impuestos y contribuciones. (56) Es importante llevar a cabo una coordinación comunitaria en materia de liquidación de empresas de seguros. Desde ahora, es esencial disponer que, en caso de liquidación de una empresa de seguros, el sistema de garantía establecido en cada Estado miembro asegure una igualdad de trato a todos los acreedores de un seguro, sin distinción de nacionalidad e independientemente de las modalidades de suscripción del compromiso. (57) Las normas coordinadas referentes al ejercicio de las actividades de seguro directo dentro de la Comunidad deben, en principio, aplicarse a todas las empresas que intervengan en el mercado, así como, igualmente, a las agencias y sucursales de las empresas cuyo domicilio social esté situado fuera de la Comunidad. La presente Directiva prevé disposiciones especiales en cuanto a las modalidades de control, para esas agencias y sucursales, por el hecho de que el patrimonio de las empresas de las que dependen se encuentre fuera de la Comunidad. (58) Es conveniente prever la celebración de acuerdos de reciprocidad con uno o más terceros países, con el fin de suavizar esas condiciones especiales, y respetando el principio de que las agencias y sucursales de esas empresas no deben tener un tratamiento más favorable que las empresas de la Comunidad. (59) Debe establecerse un procedimiento flexible que permita evaluar la reciprocidad con los terceros países a escala comunitaria. El objetivo de dicho procedimiento no es cerrar los mercados financieros de la Comunidad, sino al contrario, dado que el propósito de la Comunidad es mantener sus mercados financieros abiertos al resto del mundo, aumentar la liberalización de los mercados financieros globales en otros terceros países. Para ello, la presente Directiva establece procedimientos de negociaciones con terceros países. En última instancia, debe establecerse la posibilidad de adoptar medidas consistentes en la suspensión de nuevas solicitudes de autorización o en la limitación de las nuevas autorizaciones, de conformidad con el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/ 468/CE del Consejo (1). (60) La presente Directiva debe establecer disposiciones relativas a las pruebas de honorabilidad y de ausencia de quiebra. (61) Para el esclarecimiento del régimen jurídico aplicable a las actividades de seguros de vida cubiertas por la presente Directiva, conviene adaptar algunas disposiciones de las Directivas 79/267/CEE, 90/619/CEE y 92/ 96/CEE. Con dicho objetivo conviene modificar ciertas disposiciones relativas al establecimiento del margen de solvencia y a los derechos adquiridos por las sucursales de las empresas de seguros constituidas antes del 1 de julio de 1994. También conviene determinar el contenido del programa de actividades de las sucursales de las empresas de seguros de terceros países que se vayan a establecer en la Comunidad. (62) Puede ser necesario efectuar a intervalos regulares modificaciones técnicas de las reglas detalladas establecidas en la presente Directiva, para tener en cuenta las innovaciones que se produzcan en el sector de seguros. La Comisión procederá a efectuar tales modificaciones, en la medida en que así resulte necesario, previa consulta al Comité de seguros, creado por la Directiva 91/675/CEE del Consejo (2), en uso de las competencias de ejecución conferidas a la Comisión por las disposiciones del Tratado. Tales medidas, que tienen carácter general al amparo del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE, deben ser aprobadas con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión. (63) A efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del Tratado CE, conviene tener en cuenta la importancia del esfuerzo que determinadas economías, que presenten un nivel de desarrollo diferente, tendrán que realizar. Por consiguiente, conviene conceder a determinados Estados miembros un régimen transitorio que permita la aplicación gradual de la presente Directiva. (64) Las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE concedían una excepción particular a algunas empresas existentes en el momento de la adopción de dichas Directivas. Esas empresas han modificado desde entonces su estructura. Por lo tanto, ya no es necesario concederles dicha excepción. (65) La presente Directiva no debe afectar las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición y de aplicación de las Directivas enunciadas en la parte B del anexo V. HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 19.12.2002 L 345/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES (1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. (2) DO L 374 de 31.12.1991, p. 32. TABLA DE MATERIAS TÍTULO I DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 10 Artículo 1 Definiciones . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 10 Artículo 2 Ámbito de aplicación . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 11 Artículo 3 Actividades y organismos excluidos . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 11 TÍTULO II CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DE SEGUROS DE VIDA . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 12 Artículo 4 Principio de autorización . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 12 Artículo 5 Ámbito de aplicación de la autorización . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 12 Artículo 6 Condiciones para la obtención de la autorización . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 12 Artículo 7 Programa de actividades . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 13 Artículo 8 Accionistas y socios cualificados . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14 Artículo 9 Denegación de la autorización . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14 TÍTULO III CONDICIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14 Capítulo 1 Principios y métodos de control financiero ............................................................. 14 Artículo 10 Autoridades competentes y objeto de la supervisión . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14 Artículo 11 Supervisión de sucursales establecidas en otro Estado miembro . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14 Artículo 12 Prohibición de cesión obligatoria de una parte de las suscripciones . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14 Artículo 13 Información contable, estadística y prudencial -- Poder de supervisión . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 14 Artículo 14 Cesión de cartera . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 15 Artículo 15 Participaciones cualificadas . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 15 Artículo 16 Secreto profesional . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 16 Artículo 17 Auditoría . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 18 Artículo 18 Ejercicio simultáneo de actividades de seguros de vida y de seguros distintos del seguro de vida 18 Artículo 19 Gestión separada de seguros de vida y de seguros distintos del seguro de vida . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 19 Capítulo 2 Normas relativas a las provisiones técnicas y su representación .................................. 19 Artículo 20 Constitución de provisiones técnicas . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 19 Artículo 21 Primas para las nuevas operaciones . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 21 Artículo 22 Activos representativos de las provisiones técnicas . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 21 Artículo 23 Categorías de activos autorizados . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 21 Artículo 24 Normas relativas a la diversificación de las inversiones . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 22 Artículo 25 Contratos vinculados a un OICVM o a un índice de acciones . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 23 Artículo 26 Reglas de congruencia .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 24 19.12.2002 L 345/7 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES Capítulo 3 Normas relativas al margen de solvencia y al fondo de garantía .................................. 24 Artículo 27 Margen de solvencia disponible . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 24 Artículo 28 Margen de solvencia obligatorio . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 25 Artículo 29 Fondo de garantía . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 26 Artículo 30 Revisión de la cuantía del fondo de garantía .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 26 Artículo 31 Activos no representativos de las provisiones técnicas . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 26 Capítulo 4 Derecho aplicable al contrato de seguros y condiciones del seguro .............................. 27 Artículo 32 Legislación aplicable . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27 Artículo 33 Interés general . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27 Artículo 34 Normas relativas a las condiciones del seguro y a la escala de primas . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27 Artículo 35 Plazo de renuncia . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27 Artículo 36 Información a los tomadores . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 27 Capítulo 5 Empresas de seguros en dificultades o en situación irregular ...................................... 28 Artículo 37 Empresas de seguros en dificultades . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 28 Artículo 38 Plan de recuperación financiera . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 28 Artículo 39 Revocación de la autorización . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 29 TÍTULO IV DISPOSICIONES RELATIVAS AL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 29 Artículo 40 Condiciones para el establecimiento de una sucursal . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 29 Artículo 41 Libre prestación de servicios: notificación previa al Estado miembro de origen . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30 Artículo 42 Libre prestación de servicios: notificación por el Estado miembro de origen . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30 Artículo 43 Libre prestación de servicios: modificación de la naturaleza de los compromisos . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30 Artículo 44 Idioma . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30 Artículo 45 Normas relativas a las condiciones del seguro y a la escala de primas . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30 Artículo 46 Inobservancia de las disposiciones legales por parte de las empresas de seguros . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 30 Artículo 47 Publicidad . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 31 Artículo 48 Liquidación . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 31 Artículo 49 Información estadística relativa a actividades transfronterizas . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 31 Artículo 50 Tributos sobre primas .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 31 TÍTULO V NORMAS APLICABLES A LAS AGENCIAS O SUCURSALES ESTABLECIDAS EN LA COMUNIDAD Y PERTENECIENTES A EMPRESAS QUE TENGAN SU DOMICILIO SOCIAL FUERA DE LA COMUNIDAD . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 32 Artículo 51 Principios y condiciones de la autorización . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 32 Artículo 52 Disposiciones aplicables a las sucursales de empresas de terceros países . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 32 Artículo 53 Cesión de cartera . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 33 Artículo 54 Provisiones técnicas . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 33 Artículo 55 Margen de solvencia y fondo de garantía . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 33 Artículo 56 Ventajas a empresas autorizadas en más de un Estado miembro . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34 Artículo 57 Acuerdos con terceros países . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34 19.12.2002 L 345/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES TÍTULO VI NORMAS APLICABLES A LAS FILIALES DE EMPRESAS MATRICES SOMETIDAS AL DERECHO DE UN TERCER PAÍS Y A LAS ADQUISICIONES DE PARTICIPACIONES POR PARTE DE TALES EMPRESAS MATRICES . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34 Artículo 58 Información de los Estados miembros a la Comisión . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34 Artículo 59 Tratamiento en terceros países de las empresas de seguros de la Comunidad . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 34 TÍTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y OTRAS .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 35 Artículo 60 Excepciones y abolición de medidas restrictivas . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . ... 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