Fuentes del derecho de la Función Pública de la Unión Europea

Autor:María Casado García-Hirschfeld
Páginas:117-180
 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS FUENTES DEL DERECHO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
En este capítulo se aborda, de manera general, el sistema jurídico del Derecho
de la Unión Europea, y a continuación se procede a un análisis de las normas y
actos que constituyen los instrumentos de regulación jurídica del sistema de la
función pública de la Unión Europea. Esta introducción sobre las fuentes del De-
recho de la UE partirá de la premisa de la existencia de un ordenamiento jurídico
propio en línea con la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia Costa
c. Enel de 15 de julio de 1964211. Una sentencia en la que, por primera vez, el Tri-
211 El TJUE consagró el principio de primacía del Derecho Comunitario Europeo en la sen-
tencia Costa c. Enel del 15 de julio de 1964, asunto 6/64, Rec. 1964, pág. 99. En esta sentencia,
el Tribunal declara que el Derecho procedente de las instituciones europeas se integra en los
sistemas jurídicos de los Estados miembros que están obligados a respetarlo. Por lo tanto, el
Derecho europeo tiene primacía sobre los Derechos nacionales. En consecuencia, si una norma
nacional es contraria a una disposición europea, las autoridades de los Estados miembros deben
aplicar la disposición europea. El Derecho nacional no se anula ni deroga, pero su carácter obli-
gatorio queda suspendido.
El Tribunal también señala que la primacía del Derecho europeo se aplica a todos los actos na-
cionales, independientemente de si fueron adoptados antes o después del acto europeo en cuestión.
Al ser el Derecho europeo superior al Derecho nacional, el principio de primacía garantiza
una protección uniforme de los ciudadanos por parte del Derecho europeo en todo el territorio de
la UE. Del mismo modo, todos los actos nacionales están sujetos a este principio, con indepen-
dencia de su naturaleza: ley, reglamento, decreto, resolución, circular, etc. Es irrelevante que
estos textos procedan del poder ejecutivo o del poder legislativo del Estado miembro. El poder
judicial está igualmente sujeto al principio de primacía. En efecto, el Derecho que genera, la ju-
risprudencia, debe acatar el de la Unión.
El Tribunal de Justicia consideró que las constituciones nacionales también están sujetas al
principio de primacía. Por lo tanto, corresponde al juez nacional no aplicar las disposiciones de
una constitución contraria al Derecho europeo. Esta sentencia estuvo precedida de la sentencia
Van Gend en Loos c. Nederlandse administratie der belastingen (Administración Tributaria
neerlandesa) de 5 de febrero de 1963 en la que el Tribunal reconoce que el conjunto de normas
que componen en derecho de la Unión constituía un nuevo ordenamiento jurídico. En esta sen-
CAPÍTULO II
FUENTES DEL DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA
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FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA: (AUTO) REGULACIÓN INSTITUCIONAL
bunal de Justicia defiende el Derecho europeo procedente de las instituciones eu-
ropeas no solo como un conjunto de normas sino como un ordenamiento jurídico
que prevalece sobre los derechos nacionales de sus Estados miembros.
Para el Tribunal, el sistema legal de la UE es un sistema autónomo separado
del derecho internacional y de los sistemas jurídicos nacionales. El derecho de
la UE constituye, por lo tanto, un orden jurídico propio distinto del orden inter-
nacional e integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros.
El Tribunal ha mantenido la supremacía del derecho de la UE y así lo ha
expresado mediante una reiterada jurisprudencia concluyendo que212 al Dere-
cho nacido del Tratado, surgido de una fuente autónoma, por su propia natu-
raleza no se le puede oponer ninguna norma del Derecho nacional, sin perder
su carácter comunitario y sin que se cuestione el fundamento jurídico de la
Comunidad misma; que la alegación de violaciones de los derechos fundamen-
tales, tal como están formulados por la Constitución de un Estado miembro, o
de los principios de una estructura constitucional nacional no puede afectar a
la validez de un acto de la Comunidad o a su efecto en el territorio de dicho
Estado, llegando a afirmar que no puede admitirse que normas de Derecho
nacional, aunque sean de rango constitucional, menoscaben la unidad y la
eficacia del Derecho de la Unión213.
El Tribunal de Justicia ha ido aún más lejos en su interpretación reconocien-
do la naturaleza constitucional del Tratado, llegando a denominarla «Carta
Constitucional» y atribuyéndole una supremacía sobre cualquier otro derecho
de los Estados miembros. En opinión del Tribunal, el Tratado CEE, aunque
hubiera sido celebrado en forma de Convenio internacional, no por ello dejaba
de ser la Carta Constitucional de una Comunidad de Derecho.
El Tribunal reconoce a la Unión Europea como una comunidad de Derecho,
ya que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control
de la conformidad de sus actos con la Carta Constitucional fundamental que
constituye el Tratado y este último ha establecido un sistema completo de vías
de recurso y de procedimientos destinado a encomendar al Tribunal de Justicia
el control de legalidad de los actos de las instituciones214.
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directa del derecho en la Unión Europea. <http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_
affairs/decisionmaking_process/l14548_es.htm>.
212 Véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handels-
gesellschaft c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 11/70, Rec. pág. 1125,
apartado 3.
213 Sentencia del 8 de septiembre de 2010, asunto C-409/06 Winner Wetten c. Bürgermeiste-
rin der Stadt Bergheim. Petición de decisión prejudicial: Verwaltungsgericht Köln Alemania,
apartado 61. Véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internationale
Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. pág. 1125, apartado 3.
214 Sentencia de 23 de abril de 1986, Les Verts c. Parlamento, en el asunto 294/83, Rec.
pág. 1339, apartado 23.
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FUENTES DEL DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA
De esta manera podríamos concluir que los Tratados de la Unión han creado
un nuevo ordenamiento jurídico en favor del cual los Estados miembros trans-
fieren sus poderes soberanos limitando su propia soberanía por un periodo de
tiempo indefinido215 y cuyos sujetos no son únicamente los Estados miembros,
sino también sus ciudadanos nacionales216.
La gran mayoría de los autores prefieren hablar de constitucionalismo más
que de internacionalismo asumiendo que existe una gran diferencia en la inter-
pretación terminológica de «constitucional» e «internacional». Sin embargo, sí
hay un autor que se atreve mediante un análisis comparativo con el derecho
internacional a confrontar el ordenamiento jurídico comunitario aceptado como
una concepción de los Tribunales de la Unión. Para Spiermann217 los jueces
actuaron como abogados nacionales, tomando como referencia por analogía el
Derecho público nacional, cuando crearon el orden jurídico comunitario identi-
ficando la expresión «Carta Constitucional» con «Estado de derecho» sugirien-
do que el significado del primero está limitado a la aplicación del segundo, una
presunción que, en su opinión, no era revolucionaria.
Los rasgos esenciales del ordenamiento jurídico de la UE así creado son, en
particular, su primacía con respecto a los Derechos de los Estados miembros,
así como el efecto directo de sus disposiciones aplicables a sus nacionales y a
ellos mismos218.
Con este reconocimiento, se produce una emancipación del derecho inter-
nacional en la que no se cuestiona la influencia decisiva de los Tribunales de
la Unión en el reconocimiento de un nuevo ordenamiento jurídico que, fra-
guado durante el periodo fundacional, lo acerca más al orden constitucional.
El Tribunal de Justicia no solo reconoció el principio de la existencia de un
orden jurídico comunitario ya que como creador del mismo también podía
abandonarlo o remplazarlo por otro principio ulteriormente, sino que invitó
a los Tribunales Supremos de los Estados miembros a aceptar el nuevo orden
jurídico reconocido a sabiendas de que estaría limitado a sus ámbitos de
competencia219.
215 WOUTERS, Jan. «National Constitutions and the European Union», 1. Legal issues of eco-
nomic integration 25, págs. 64-66 (2000).
216 Sentencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend en Loos, c. Nederlandse administratie der
belastingen (Administración Tributaria Holandesa) en el asunto 26/62, Rec. pág. 1.
217 SPIERMANN, O. «The Other Side of the Story: An Unpopular Essay on the Making of the
European Community Legal Order», European Journal of International Law (EJIL), 1999,
Vol. 10 n.° 4, págs. 765 y 787.
218 Dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1991. Dictamen emitido con
arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 228 del Tratado CEE - Proyecto de Acuer-
do entre la Comunidad, por una parte, y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio,
por otra parte, sobre la creación del Espacio Económico Europeo (EEE). Dictamen 1/91. Reco-
pilación de la Jurisprudencia 1991 I 06079.
219 WEILER, J. «The Transformation of Europe», vol.100 n.° 8 Yale Law Journal, 1991
pág. 2451.

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