Cómo hacer que se reconozcan sus derechos y ejercerlos

AuthorEuropean Commission
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Litigios de índole contractual

Si se ve confrontado a un litigio de índole contractual con motivo de un desplazamiento a otro país de la Unión (adquisición de bienes o servicios defectuosos o que no corresponden a lo anunciado, etc.), no está indefenso.

En numerosos casos, una simple reclamación al fabricante o al distribuidor del producto, o a la entidad que haya prestado los servicios en cuestión, permite solucionar de manera amistosa y sin gastos los problemas surgidos. No obstante, si usted no resulta satisfecho, sepa que existen medios para hacer valer los derechos descritos en esta guía, tanto a nivel nacional como comunitario.

En varios países existen procedimientos simplificados para los litigios entre consumidores y comerciantes, y ni siquiera es necesario recurrir a un abogado. Por otra parte, las organizaciones de consumidores reconocidas y algunas instancias administrativas tienen derecho a emprender acciones judiciales para proteger los derechos colectivos.

La utilización de tales recursos o procedimientos extrajudiciales puede, a menudo, evitarle los costes y retrasos a veces importantes de un procedimiento judicial.

Si tuviese que llevar su caso ante los tribunales de un Estado miembro distinto al de su domicilio, ha de saber que no puede ser objeto de discriminación alguna por su nacionalidad. Por ejemplo, no se le puede exigir ninguna fianza o garantía de costes judiciales por el hecho de que no sea usted nacional de dicho país. En su caso, tiene derecho a recibir asistencia jurídica del país en las mismas condiciones que los nacionales de dicho país.

Salvo excepciones muy limitadas, y sin que sea necesario recurrir a un procedimiento particular, la decisión judicial pronunciada en un Estado miembro es reconocida en los demás Estados miembros de la Unión. Para hacer ejecutar la decisión (por ejemplo, el pago de daños) en otro Estado miembro, es necesario presentar una solicitud ante el tribunal competente (en general, el tribunal del lugar de domicilio de la persona condenada).

Si desea obtener más información sobre los litigios de índole contractual, consulte la guía "Adquirir bienes y contratar servicios en el mercado único europeo".

Litigios con una administración

Si considera que una administración nacional, regional o local ha interpretado o aplicado erróneamente sus derechos, puede plantear una denuncia. Asimismo, si opina que usted o un miembro de su familia han sido objeto de una discriminación, no carece de medios de acción.

En primer lugar, le aconsejamos que acuda a la administración en cuestión. Si ésta insiste en no darle satisfacción, tiene derecho a recurrir a otras posibilidades. Le conviene decantarse, en primer lugar, por las gestiones nacionales ya que el abanico de vías de recurso es más amplio y le permite, en su caso, ser indemnizado. Los jueces nacionales son plenamente competentes para garantizar el respeto de las obligaciones que emanan del Derecho comunitario, descartando, en su caso, la aplicación de cualquier disposición o medida contraria a este último.

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Además, también hay modos de plantear el asunto a nivel comunitario.

Por ejemplo, puede enviar una queja a la Comisión Europea (véase el apartado "Direcciones útiles"). Si su queja tiene fundamento, la Comisión puede entrar en contacto con el Estado miembro en cuestión para pedirle explicaciones y poner fin al incumplimiento del Derecho comunitario. Si no se le da la razón, la Comisión puede iniciar un procedimiento contra el país en cuestión, que puede culminar en un recurso ante el Tribunal de Justicia europeo. Además, como ciudadano de la Unión, tiene usted derecho a presentar una petición al Parlamento Europeo (véase el apartado "Direcciones útiles") y a dirigirse a un diputado europeo. Éste podrá entonces plantear a la Comisión y al Consejo preguntas cuyas respuestas se publican.

Por último, puede dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo (véase el apartado "Direcciones útiles"), pero solamente si su queja se refiere a un caso de mala administración (por ejemplo, irregularidades u omisiones administrativas) de las instituciones comunitarias (tales como el Parlamento, el Consejo y la Comisión) o de cualquier órgano descentralizado de las Comunidades (como, por ejemplo, la Fundación Europea para la Formación Profesional). El Defensor del Pueblo Europeo no tiene competencias para ocuparse de las quejas que se refieren a las actividades de las administraciones nacionales o locales.

Para mayor información, también puede consultar la guía "Cómo hacer valer sus derechos en el mercado único europeo".

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