Juego
La política de la Unión Europea en relación con el juego se estructura en una serie de principios y normas adoptadas con el objeto de garantizar un mercado justo, seguro y bien regulado. La política de juego de la Unión Europea busca además equilibrar la libre prestación de servicios dentro del mercado único con la necesidad de proteger a los consumidores , en particular a los menores y otros colectivos vulnerables, y prevenir el fraude y otras actividades ilícitas.
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Una de las libertades fundamentales del Mercado Único es plenamente relevante aquí. Se trata de la libre prestación de servicios . En lo que tiene que ver con nuestro objeto de análisis, las empresas de juego podrán ofrecer sus servicios en cualquier Estado miembro. No obstante, este principio debe armonizarse con la legislación propia de cada Estado miembro, que puede prever restricciones basadas en la protección del orden público, la salud pública y la seguridad. La labor de la Comisión Europea, de un lado, y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de otro, resulta fundamental a la hora de delinear de qué esa normativa nacional debe acomodarse a las imposiciones del Derecho de la Unión Europea (UE).
La protección de los consumidores es otro aspecto crucial de la política de juego de la UE. Debe tenerse en cuenta que, en ausencia de una legislación armonizada en la UE sobre el juego, cada Estado miembro es competente para decidir el nivel de protección que otorga a los consumidores de juegos de azar. Ese nivel de protección variará dependiendo de los valores culturales, religiosos y sociales, del comportamiento de los consumidores y de las dinámicas de su mercado interno.
Con todo, la UE impulsa acciones que incluyen medidas para prevenir la adicción al juego, proteger a los menores y garantizar que los juegos sean justos y transparentes. Al mismo tiempo, los Estados miembros deberán implementar mecanismos que sean útiles para identificar y ayudar a los jugadores en situación de vulnerabilidad y garantizar que los operadores de juego cumplan con altos estándares de conducta.
Un tercer aspecto a considerar es el que tiene que ver con la prevención del fraude y el blanqueo de dinero en la industria del juego. Esto incluye la adopción de normas estrictas para la identificación de los jugadores y la supervisión de las transacciones financieras relacionadas con el juego. En particular, los operadores de juego deben cumplir con las Directivas de la UE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Por otro lado, y teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de una buena parte de los servicios de juego en línea, la cooperación entre los Estados miembros es fundamental. En este sentido, la UE promueve el intercambio de información y mejores prácticas entre las autoridades reguladoras nacionales para, de una parte, abordar desafíos comunes y, de otra, mejorar la supervisión del mercado.
La UE reconoce también el papel de la innovación y la tecnología en el desarrollo de la industria del juego. Las políticas de la UE apoyan el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios, siempre que cumplan con los estándares regulatorios y la normativa sobre protección del consumidor . Esto incluye, en particular, la promoción de tecnologías que mejoren la seguridad y la transparencia en el juego.
En suma, la política de juego de la UE busca equilibrar la libertad del mercado con la necesidad de una regulación efectiva para proteger a los consumidores y garantizar un entorno de juego seguro y justo. A través de la cooperación y la implementación de regulaciones robustas, la UE trabaja para mantener un mercado de juego bien regulado y responsable.
Papel del Tribunal de Justicia de la Unión EuropeaLa cuestión prejudicial ha jugado un papel fundamental en la delineación del papel que debe jugar el Derecho de la UE en el marco de la política de juego que aprueban y aplican los Estados miembros. Así, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, cuando los Estados miembros decidan restringir las actividades relacionadas con el juego, la normativa deberá basarse en razones imperiosas de interés público y las limitaciones establecidas deberán ser coherente y sistemáticas.
Este concepto permite a los Estados miembros promulgar restricciones a los principios de libre circulación, siempre que dichas restricciones estén justificadas en virtud de una conexión, aunque sea ocasional, con el ejercicio de la autoridad oficial o por motivos de orden público, seguridad o salud. Además, las restricciones nacionales también pueden permitirse como una derogación, siempre que estén debidamente justificadas por razones imperiosas de interés público.
En relación con la doctrina del TJUE, debe citarse su sentencia de 6 de noviembre de 2003, C-243/02, Piergiorgio Gambelli y otros[j 1].En la misma el Tribunal realizó, sobre la base de lo previsto en los artículos 43 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) , algunas afirmaciones que deben reseñarse aquí y que constituyen el núcleo de su jurisprudencia en este ámbito.
En primer lugar, consideró que, de acuerdo con el Derecho de la UE, las restricciones de las actividades de juego pueden justificarse, como ya se ha señalado, por razones imperiosas de interés general. Entre estas, el Tribunal de Justicia cita la protección de los consumidores y la prevención del fraude y de la incitación a los ciudadanos al gasto excesivo en juegos.
Por otro lado, en segundo lugar, recuerda que es igualmente necesario que las restricciones basadas en estos motivos y en la necesidad de evitar perturbaciones en el orden social sean apropiadas para garantizar la realización de dichos objetivos. Esto es, deben contribuir a limitar las actividades de apuesta de modo coherente y sistemático. Juega un papel...
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