Justicia integral (contenciosa & colaborativa) como estrella del firmamento jurídico español

• Author: Sonia Calaza López
• Profession: Catedrática de Derecho procesal - UNED
• Pages: 35-60

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Justicia integral (contenciosa & colaborativa) como estrella

del firmamento jurídico español 1

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Catedrática de Derecho procesal

UNED

I. INTRODUCCIÓN

La Justicia contenciosa y en su órbita de actuación, el relevante derecho a la

tutela judicial efectiva ha venido siendo considerado, desde siempre, incluso por

los más relevantes juristas del tiempo de construcción de nuestro sistema procesal

en clave constitucional, como el derecho-estrella del firmamento jurídico espa-

ñol 2. Ello es indudable: La Justicia es un valor superior del ordenamiento jurídi-

co. Así lo expresa -con toda contundencia- el artículo 1 de la Constitución Espa-

ñola (en adelante, CE): “España se constituye en un Estado social y democrático

de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Este valor superior del

ordenamiento jurídico -la Justicia-, como decía, se ha venido equiparando, desde

tiempo inmemorial, de forma prácticamente exclusiva, con la función jurisdic-

cional -o ejercicio del enjuiciamiento: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado-, cuya

legítima materialización corresponde, únicamente, a los Jueces y Magistrados in-

tegrantes del Poder Judicial, acreedores de los atributos que, precisamente, dotan

de legitimidad esa elevada tarea del enjuiciamiento dimanante de la potestad ju-

risdiccional -la independencia, la inamovilidad, la responsabilidad y la exclusiva

1 Este trabajo se enmarca en tres Proyectos de investigación del MICINN: “Partidos políticos,

origen, función y revisión de su estatuto constitucional”, IP Remedios Morán, (REF DER 2017-84733-R);

“Ejes de la Justicia en tiempos de cambio”, IP Sonia Calaza (PID2020-113083GB-I00) y “Transición Digital

de la Justicia”, IP Sonia Calaza, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ministerio de Ciencia

e Innovación, financiado por la Unión Europea: Next Generation UE (RED 2021-130078B-100).

2Vid., esta deliciosa expresión en Luis Díez-Picazo Ponce de León: “Si existe un derecho-estre-

lla en el firmamento jurídico -constitucional español actual, este título le corresponde, sin discusión ningu-

na, al artículo 24 y, en especial, a su párrafo primero donde se dice, como es bien sabido, que todos tienen

derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos sin que en

ningún caso pueda producirse indefensión”, en “Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva”, Revista

del Poder Judicial nº 5. Marzo 1987.

Sonia Calaza López

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sumisión al denominado “imperio de la Ley”: “La justicia emana del pueblo y se

administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder

Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la

Constitución y al imperio de la ley” (art. 117.1CE).

De la atenta lectura de la anterior premisa del texto constitucional, no parece

inferirse, en principio, que el pueblo (la ciudadanía) -del que indubitadamente

emana la Justicia- pueda administrarla -o impartirla- por sí mismo, puesto que

este mismo precepto (el 117.1CE) avanza -tanto en esa primera exposición acerca

de la emanación y posterior administración de la Justicia como en sus siguientes

apartados- por la senda del monopolio jurisdiccional: “y se administra (en nom-

bre del Rey) por Jueces y Magistrados integrantes del Poder judicial, indepen-

dientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

Esta inicial conclusión -la de que la Justicia se administra por Jueces y Ma-

gistrados integrantes del Poder Judicial- queda, a su vez, reforzada ante la regu-

lación, en ese mismo precepto constitucional (a renglón seguido), de dos prin-

cipios complementarios: la unidad y exclusividad jurisdiccional, que vuelven a

insistir en el firme postulado del monopolio jurisdiccional de la impartición de la

Justicia, pues vienen a significar: (i) en un sentido positivo, que los Jueces y Magis-

trados son los únicos funcionarios del Estado acreedores, en exclusiva, de la po-

testad jurisdiccional consistente en “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”; y (ii) en

un sentido negativo, que estos Jueces y Magistrados no ejercerán más funciones

que la exclusivamente jurisdiccional (traducida en esa misma función de “juzgar

y hacer ejecutar lo juzgado”) y las que, en su caso, expresamente les sean atribui-

das por ley en garantía de cualquier derecho, evitando así cualquier -perniciosa-

injerencia de otros poderes del Estado en el imbatible ejercicio de su actividad

jurisdiccional.

Sin embargo, la CE también expresa con idéntico énfasis, una idea clave: “la

Justicia emana del pueblo”: y ello permite que dentro del amplio concepto “Justi-

cia” quepa integrar, no sólo la potestad jurisdiccional -que, en efecto, correspon-

de, en exclusiva, a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial- sino

también a otras fórmulas, más o menos sofisticadas, de realización de la Justicia:

unas, con participación popular, como las expresamente reconocidas en el artícu-

lo 125 de la CE (a las que ahora nos referiremos); y otras, con la activa colabora-

ción de ciertos profesionales -distintos a los Jueces y Magistrados-, como sucede,

entre otros, en los casos siguientes: (i) Jurisdicción voluntaria notarial y registral;

(ii) arbitraje; (iii) mediación; y (iv) conciliación. Del concepto de todos estos me-

dios extrajudiciales de solución de conflictos encomendados a profesionales no

integrantes del Poder Judicial, nos ocuparemos de inmediato.

Las tres fórmulas de participación popular en la Administración de Justicia

expresamente reconocidas en la CE, son las siguientes: (i) la acción popular o abier-

ta posibilidad, de cualquier persona, de promover un proceso penal contra otra,

aún sin haber sido ofendida ni perjudicada directa por el delito que -precisamen-