Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 27 November 2025.

• Jurisdiction: European Union
• Court: Court of Justice (European Union)
• ECLI: ECLI:EU:C:2025:928
• Date: 27 November 2025

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 27 de noviembre de 2025 (1)

Asunto C‑421/24

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

contra

Google Ireland Limited

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia)]

« Petición de decisión prejudicial — Directiva 2000/31/CE — Artículo 1, apartado 5, letra d) — Publicidad de los juegos de azar — Artículo 14, apartado 1 — Exención de responsabilidad para los servicios intermediarios de alojamiento de datos — Contrato de asociación comercial entre un prestador de servicios de alojamiento de datos y un usuario »

I. Introducción

1. Un Estado miembro ha decidido prohibir toda forma de publicidad de juegos de azar en su territorio. Debido a la falta de armonización en este ámbito y al reconocimiento de las consecuencias nocivas del juego para las personas y la sociedad, en principio tal prohibición puede estar permitida con arreglo al Derecho de la Unión.

2. Cuestión aparte es la relativa a la ejecución de dicha prohibición, en particular contra quién se dirige. La discrecionalidad conferida a los Estados miembros en el sector de los juegos de azar ha de ponderarse con la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información con arreglo a la Directiva 2000/31/CE. (2)

3. ¿Puede aplicarse una prohibición total de publicidad de los juegos de azar a un proveedor de servicios de alojamiento de datos que explota una plataforma de intercambio de vídeos en la que se almacenan contenidos de terceros que contienen tal publicidad? Esta es la cuestión planteada en la presente petición de decisión prejudicial. A fin de dirimirla, se solicita al Tribunal de Justicia, en primer lugar, que examine si la Directiva 2000/31 es aplicable a la actividad de tal proveedor de servicios de alojamiento de datos. De ser así, a continuación deberá determinar si tal proveedor está comprendido en el ámbito de aplicación de la exención de responsabilidad establecida en el artículo 14, apartado 1, de dicha Directiva. En caso de respuesta afirmativa, por último se le solicita que aprecie si el proveedor de servicios cumple los requisitos para invocar dicha disposición.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

4. Los considerandos 12, 21 y 42 de la Directiva 2000/31 están redactados de la siguiente manera:

«(12) Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva algunas actividades habida cuenta de que, en el momento presente, la libre circulación de servicios no puede quedar garantizar con arreglo al Tratado o al actual Derecho comunitario derivado. […]

[…]

(21) […] El ámbito coordinado se refiere solo a los requisitos relacionados con las actividades en línea, como la información en línea, la publicidad en línea, las compras en línea o la contratación en línea […].

[…]

(42) Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva solo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.»

5. El artículo 1, apartado 5, de esa Directiva dispone cuanto sigue:

«La presente Directiva no se aplicará:

a) en materia de fiscalidad;

b) a cuestiones relacionadas con servicios de la sociedad de la información incluidas en las Directivas 95/46/CE ^[(3)^] y 97/66/CE; (4)

c) a cuestiones relacionadas con acuerdos o prácticas que se rijan por la legislación sobre carteles;

d) a las siguientes actividades de los servicios de la sociedad de la información;

– las actividades de los notarios o profesiones equivalentes, en la medida en que impliquen una conexión directa y específica con el ejercicio de la autoridad pública,

– la representación de un cliente y la defensa de sus intereses ante los tribunales,

– las actividades de juegos de azar que impliquen apuestas de valor monetario incluidas loterías y apuestas.»

6. A tenor del artículo 2, letra h), inciso i), de dicha Directiva:

«El ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe cumplir el prestador de servicios en relación con:

[…]

– el ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos al comportamiento del prestador de servicios, los requisitos en relación con la calidad o el contenido del servicio, incluidos los aplicables a publicidad y contratos, o los requisitos relativos a la responsabilidad del prestador de servicios.»

7. Con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 2, de esa misma Directiva:

«1. Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado.

2. Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado.»

8. La sección 4 de la citada Directiva se titula «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios». Su artículo 14, titulado «Alojamiento de datos», establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad [o] la información es ilícita […], o de que,

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.»

B. Derecho italiano

9. El artículo 9 del decreto-legge n. 87 — Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Decreto Ley n.º 87 — Disposiciones urgentes en materia de dignidad de los trabajadores y de las empresas), de 12 de julio de 2018 (GURI n.º 161 de 13 de julio de 2018; en lo sucesivo, «Decreto‑ley n.º 87/2018») prohíbe toda forma de publicidad, incluida la indirecta, de juegos o apuestas con premios en metálico, así como la publicidad de los juegos de azar, efectuada en cualquier forma y por cualquier medio. Asimismo, establece una sanción administrativa en caso de que se incumpla dicha prohibición, a cargo, entre otros, del «propietario del medio o del sitio de difusión», de un importe igual al 20 % del valor del patrocinio o de la publicidad y, en cualquier caso, no inferior a 50 000 euros. Además, atribuye a la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autoridad de Garantías en materia de Comunicaciones; en lo sucesivo, AGCOM) la facultad para aplicar dichas sanciones.

III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10. Mediante Decisión de 19 de julio de 2022 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la AGCOM impuso a Google Ireland Limited (en lo sucesivo, «Google») una multa de 750 000 euros por promocionar numerosos sitios de Internet de juegos con premios en metálico en la plataforma de intercambio de vídeos YouTube, en contravención del artículo 9 del Decreto‑ley n.º 87/2018. En particular, AGCOM constató que se habían subido 630 vídeos (en lo sucesivo, «vídeos en cuestión») a cinco canales pertenecientes al creador de contenido Spike, con el que Google había suscrito un contrato de asociación comercial dentro del YouTube Partnership Programme (Programa para Partners de YouTube; en lo sucesivo, «YPP»). En consecuencia, la AGCOM ordenó a Google retirar dichos vídeos de YouTube, así como cualquier otro vídeo compartido por Spike de contenido similar a los indicados en la Decisión impugnada. Google retiró de YouTube los vídeos en cuestión, conforme a la Decisión impugnada.

11. Google impugnó la Decisión impugnada ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), que estimó su recurso. El tribunal consideró que las características de la actividad de Google descritas por la AGCOM no bastaban para impedir que Google gozara de la exención de responsabilidad contemplada en la legislación italiana que transpone el artículo 14 de la Directiva 2000/31.

12. La AGCOM recurrió dicha sentencia ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), el órgano jurisdiccional remitente. Alegó, en primer lugar, que la Directiva 2000/31 no es de aplicación al caso de autos, ya que su artículo 1, apartado 5, letra d), excluye de su ámbito de aplicación «las actividades de juegos de azar» que impliquen apuestas de valor monetario. En consecuencia, cabe aplicar la prohibición establecida en el artículo 9 del Decreto‑ley n.º 87/2018 a los proveedores de servicios de alojamiento de datos. En segundo lugar, adujo que, aunque la actividad de Google no estuviese excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31, no entra en juego la exención de responsabilidad establecida en su artículo 14, apartado 1, debido al contrato de asociación comercial suscrito entre Google y el creador de contenido.

13. Por su parte, Google alega ante el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31 solo se refiere a los proveedores de servicios de juegos de azar en línea. En cambio, no incluye a los...