Ilonka Sayn-Wittgenstein v Landeshauptmann von Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:608
Date14 October 2010
Celex Number62009CC0208
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-208/09

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 14 de octubre de 2010 (1)

Asunto C‑208/09

Ilonka Sayn-Wittgenstein

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria)]

«Ciudadanía europea – Libre circulación y libre residencia en el territorio de los Estados miembros – Negativa por parte de un Estado miembro que abolió la nobleza a inscribir a uno de sus nacionales con un apellido, adquirido en otro Estado miembro, que incluye un título nobiliario»





1. Tras la Primera Guerra Mundial, tanto Austria como Alemania se convirtieron en repúblicas, aboliendo la nobleza y todos los privilegios y títulos pertenecientes a la misma. Desde entonces, como una cuestión de Derecho Constitucional, es ilegal que los austriacos ostenten cualquier título nobiliario, prohibición que se extiende al uso de partículas como «von» o «zu» como parte del apellido. En Alemania, sin embargo, se optó por otro enfoque: los títulos existentes, aunque dejaron de poder ser ostentados como tales, pasaron a formar parte del apellido familiar, transmitiéndose a todos los hijos, sujetos únicamente a variaciones en función del sexo de éstos en los supuestos en que un elemento tenga tanto una versión masculina como una femenina –por ejemplo, Fürst (Príncipe) y Fürstin (Princesa)–.

2. El presente asunto se refiere a una nacional austriaca adoptada de adulta en Alemania por un nacional alemán (2) cuyo apellido incluía un antiguo título nobiliario. A raíz de ello, fue asentada con ese mismo apellido, en su versión femenina, en los registros civiles (3) de Austria. Su recurso frente a la resolución administrativa, adoptada unos 15 años después, de rectificar esa inscripción eliminando los elementos del apellido indicativos de nobleza se halla en la actualidad ante el Verwaltungsgerichthof (Tribunal contencioso-administrativo). Ese tribunal, habida cuenta de la sentencia dictada en el asunto Grunkin y Paul, (4) desea saber si la legislación austriaca es compatible con el artículo 18 CE (en la actualidad, artículo 21 TFUE) relativo a la libertad de circulación y de residencia de que gozan los ciudadanos de la Unión. Otras disposiciones del Tratado pueden ser relevantes también.

Marco jurídico

Convenio Europeo de Derechos Humanos (5)

3. El artículo 8 del Convenio tiene el siguiente tenor:

«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.»

4. En numerosos asuntos, en concreto, en los asuntos Burghartz y Stjerna, (6) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que, aunque el artículo 8 del Convenio no se refiera de forma explícita a los nombres, el nombre de una persona afecta a su vida privada y familiar al constituir un medio de identificación personal y un vínculo con una familia. Ha subrayado también la importancia de consideraciones idiomáticas nacionales en el ámbito de los nombres de personal y ha aceptado que puede estar justificada la imposición de reglas lingüísticas procedentes de la política estatal. (7)

Derecho de la Unión Europea

5. El artículo 12 CE, apartado 1 (en la actualidad, artículo 18 TFUE, apartado 1), dispone lo siguiente:

«En el ámbito de aplicación del presente Tratado [... de los Tratados] (8), y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.»

6. El artículo 17 CE (en la actualidad, artículo 20 TFUE) dispone:

«1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional [... se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla].

2. Los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el presente Tratado [… son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el derecho:

a) de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros;

[…]»

7. De conformidad con el artículo 18 CE, apartado 1 (en la actualidad, artículo 21 TFUE, apartado 1):

«Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado [… en los Tratados] y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.»

8. El artículo 43 CE (en la actualidad, artículo 49 TFUE) y el artículo 49 CE (en la actualidad, artículo 56 TFUE) prohíben, respectivamente, «las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro» y «las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad [Unión] para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad [Estado miembro] que no sea el del destinatario de la prestación.»

9. El artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (9) dispone:

«Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.»

10. La nota explicativa a ese artículo (10) aclara que los derechos garantizados corresponden a los del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las limitaciones de que pueden ser objeto legítimamente son las toleradas en el marco del artículo 8, apartado 2, de dicho Convenio.

11. El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse en relación con cuestiones relativas a discrepancias entre los apellidos dados a la misma persona en registros civiles de distintos Estados miembros en las sentencias Konstantinidis, (11) Garcia Avello (12) y Grunkin y Paul. (13) Los aspectos sobresalientes de esa jurisprudencia pueden ser resumidos del siguiente modo. (14)

12. En la actualidad, la normativa aplicable al apellido de una persona es competencia de los Estados miembros. No obstante, al ejercitar esta competencia, los Estados miembros deben cumplir con el Derecho de la Unión Europea («UE»), a menos que se refiera a una situación interna sin conexión con el mismo. Existe conexión cuando los nacionales de un Estado miembro residen legalmente en otro Estado miembro. En tales circunstancias, éstos pueden basarse, en principio, en relación con el Estado miembro de su nacionalidad en los derechos que les reconoce el Tratado, como el derecho a no ser discriminado por razón de nacionalidad, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y el derecho a la libertad de establecimiento.

13. La discrepancia en los apellidos puede causar molestias graves tanto a nivel profesional como privado. Puede haber dificultades para beneficiarse en un Estado miembro de los efectos legales de los títulos académicos o de los documentos expedidos con el apellido reconocido en otro Estado miembro. Muchas operaciones cotidianas, tanto en la esfera pública como en la privada, exigen una prueba de la identidad, suministrada generalmente por el pasaporte. Si el pasaporte expedido por el Estado miembro de nacionalidad presenta un nombre distinto al que figura en la partida de nacimiento expedida en otro Estado miembro, si el apellido usado en una situación concreta no se corresponde con el que figura en el documento presentado como prueba de la identidad de una persona, o si el apellido en dos documentos presentados simultáneamente no es el mismo, pueden surgir dudas acerca de la identidad de la persona, de la autenticidad de los documentos presentados o de la veracidad de su contenido, y puede haber sospechas de falsedad.

14. Un obstáculo a la libertad de circulación que resulte de esas molestias graves puede justificarse únicamente si se basa en consideraciones objetivas y es proporcionado al fin legítimo perseguido. A tales efectos no bastan las consideraciones de conveniencia administrativa. Sin embargo, razones concretas de orden público sí pudieran bastar.

Derecho austriaco

15. En 1919 la Ley de abolición de la nobleza, (15) de rango constitucional, de conformidad con el artículo 149, apartado 1, de la Constitución Federal, (16) abolió la nobleza, las ordenes seculares de caballería y determinados títulos y tratamientos y prohibió ostentar los correspondientes títulos. De conformidad con el artículo 1 de las disposiciones de aplicación adoptadas por los ministerios competentes, (17) la abolición se aplica a todos los ciudadanos austriacos, sin consideración a las circunstancias en que se adquirieron los correspondientes privilegios. El artículo 2 indica que la prohibición abarca, entre otros, el derecho a usar la partícula «von» como parte del nombre y el derecho a ostentar cualquier título de rango nobiliario, como «Ritter» (caballero), «Freiherr» (barón), «Graf» (conde), «Fürst» (príncipe), «Herzog» (duque) u otras indicaciones correspondientes a clase social, austriacas o extranjeras. De conformidad con el artículo 5, la vulneración de la prohibición puede conllevar la imposición de distintas sanciones.

16. De conformidad con la información facilitada por el Gobierno austriaco, los tribunales han aplicado dicha prohibición con ciertos ajustes en el caso de quienes ostentan un apellido alemán que incluya un antiguo signo alemán de nobleza. Si un ciudadano alemán tenía tal apellido y adquiría la nacionalidad austriaca, dicho nombre no podía ser reinterpretado en el sentido de incluir...

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