Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 3 May 2018.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:300 |
Date | 03 May 2018 |
Celex Number | 62016CC0207 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-207/16 |
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentadas el 3 de mayo de 2018 ( 1 )
Asunto C‑207/16
Ministerio Fiscal
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona)
«Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Tratamiento de datos personales — Derecho a la vida privada y derecho a la protección de los datos personales — Directiva 2002/58/CE — Artículos 1 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 8 y 52, apartado 1 — Datos recogidos en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas — Solicitud de acceso formulada por una autoridad policial para la investigación de un delito — Principio de proporcionalidad — Concepto de “delito grave” que puede justificar una injerencia en los derechos fundamentales — Criterios para apreciar la existencia de gravedad — Pena impuesta — Umbral mínimo»
I. Introducción
1. |
La presente petición de decisión prejudicial versa, en esencia, sobre la interpretación del concepto de «delitos graves», ( 2 ) en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de la sentencia Digital Rights Ireland y otros ( 3 ) (en lo sucesivo, «sentencia Digital Rights») y posteriormente de la sentencia Tele2 Sverige y Watson y otros ( 4 ) (en lo sucesivo, «sentencia Tele2»), en las que este concepto se utilizó como criterio de apreciación de la legitimidad y la proporcionalidad de una injerencia en los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), a saber, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos personales, respectivamente. |
2. |
La petición de decisión prejudicial se ha planteado en el marco de un recurso contra una resolución judicial que denegó a la Policía Judicial la posibilidad de que se le comunicaran determinados datos personales o de filiación en poder de operadoras de telefonía móvil para identificar a determinadas personas a efectos de la investigación de un delito. La resolución recurrida estaba motivada, en particular, por la consideración de que los hechos que dieron lugar a la investigación no eran constitutivos de delito grave, contrariamente a lo que exige la normativa española aplicable. |
3. |
El tribunal remitente pregunta al Tribunal de Justicia, sustancialmente, acerca del modo de fijación del umbral de gravedad de los delitos a partir del cual, a la luz de la jurisprudencia antes citada, puede estar justificada la restricción de los derechos fundamentales protegidos por los artículos 7 y 8 de la Carta cuando las autoridades nacionales competentes acceden a datos personales conservados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. |
4. |
Una vez haya establecido que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial y que esta es admisible, pasaré a demostrar que el acceso a datos personales en circunstancias como las del caso de autos entraña una injerencia en los derechos fundamentales anteriormente mencionados que no corresponde a los supuestos en los que, con arreglo a la jurisprudencia antes citada, solo la lucha contra los delitos graves puede justificar la restricción de dichos derechos fundamentales. |
5. |
Con carácter meramente subsidiario, dado que, habida cuenta del objeto específico del litigio principal, no considero necesario que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones prejudiciales según su tenor inicial, aportaré indicaré los criterios que, en su caso, permitan definir el concepto de «delitos graves» en el sentido de esta jurisprudencia, en particular teniendo en cuenta el criterio de la pena impuesta. |
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
6. |
La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, ( 5 ) en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE ( 6 ) (en lo sucesivo, «Directiva 2002/58»), enuncia en su preámbulo lo siguiente:
[…]
|
7. |
Conforme al artículo 1 de la Directiva 2002/58, titulado «Ámbito de aplicación y objetivo»: «1. La presente Directiva establece la armonización de las disposiciones nacionales necesaria para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad y la confidencialidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas […]. […] 3. La presente Directiva no se aplicará a las actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, como las reguladas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, ni, en cualquier caso, a las actividades que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dichas actividades estén relacionadas con la seguridad del mismo) y a las actividades del Estado en materia penal.» |
8. |
Su artículo 2, titulado «Definiciones», establece lo siguiente: «Salvo disposición en contrario, serán de aplicación a efectos de la presente Directiva las definiciones que figuran en la Directiva [95/46] y en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco). [ ( 9 )] Además, a efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]». |
9. |
El artículo 15 de la Directiva 2002/58, titulado «Aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva [95/46]», establece en su apartado 1 que «los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de los derechos y las obligaciones que se establecen en los artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del artículo 8 y en el artículo 9 de la presente Directiva, cuando tal limitación constituya una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva [95/46]. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado justificado por los motivos establecidos en el presente apartado... |
To continue reading
Request your trial-
La Quadrature du Net y otros
...67. 41 Come rilevava, incidentalmente, l’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle conclusioni nella causa Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:300, paragrafo 47), «non si devono confondere, da una parte, i dati personali trattati direttamente nell’ambito delle attività – di natura sovran......
-
Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe in Facebook Ireland and Schrems, C-311/18
...of the second question and will be addressed in points 201 to 229 of this Opinion. 40 See my Opinion in Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:300, point 47), where I emphasised the distinction between, on the one hand, the direct processing of data in the context of sovereign activities of......
-
Opinion of Advocate General Collins delivered on 8 June 2023.
...EU:C:2016:970, paragraph 90). 25 See, to that effect, Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe in Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:300, points 79 to 82 and the case-law cited). In relation to the objective of fighting crime, access can, as a general rule, be granted only to the d......
-
Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 21 January 2020.
...Fiscal (point 59). Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:300), qui observe que la requête des autorités policières portait « sur une période clairement définie et réduite dans le temps, à savoir une d......
-
La Quadrature du Net y otros
...67. 41 Come rilevava, incidentalmente, l’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle conclusioni nella causa Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:300, paragrafo 47), «non si devono confondere, da una parte, i dati personali trattati direttamente nell’ambito delle attività – di natura sovran......
-
Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe in Facebook Ireland and Schrems, C-311/18
...of the second question and will be addressed in points 201 to 229 of this Opinion. 40 See my Opinion in Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:300, point 47), where I emphasised the distinction between, on the one hand, the direct processing of data in the context of sovereign activities of......
-
Opinion of Advocate General Collins delivered on 8 June 2023.
...EU:C:2016:970, paragraph 90). 25 See, to that effect, Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe in Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:300, points 79 to 82 and the case-law cited). In relation to the objective of fighting crime, access can, as a general rule, be granted only to the d......
-
Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 21 January 2020.
...Fiscal (point 59). Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:300), qui observe que la requête des autorités policières portait « sur une période clairement définie et réduite dans le temps, à savoir une d......
-
Recalibrating Data Retention in the EU
...Ibid.↩︎ Ibid, para 72, 73.↩︎ Ibid.↩︎ Ibid, para 75-78. Cf. also Advocate General Saugmandsgaard Øe’s opinion of 3 May 2018 in the Case C-207/16 Ministerio Fiscal, para 47, where he makes a difference between data processed directly in the context of state activity of a sovereign nature and ......