Drouot assurances SA v Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance and Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Edward |
| ECLI | ECLI:EU:C:1998:10 |
| Docket Number | C-351/96 |
| Date | 15 January 1998 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Conclusiones del Abogado General Fennelly presentadas el 15 de enero de 1998. - Drouot assurances SA contra Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance y Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne. - Petición de decisión prejudicial: Cour de cassation - Francia. - Convenio de Bruselas - Interpretación del artículo 21 - Lis alibi pendens - Concepto de "las mismas partes" - Compañía de seguros y su asegurado. - Asunto C-351/96.
Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-03075
I. Introducción
1 En el marco de la presente cuestión prejudicial planteada por la Cour de cassation francesa, se pide al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «las mismas partes» que figura en el artículo 21 del Convenio de Bruselas. (1) La cuestión que se plantea es la de determinar si, en el contexto de una acción en materia de averías comunes ejercitada contra el asegurado y dirigida a que un Tribunal neerlandés declare que no existe tal responsabilidad, se produce una situación de litispendencia en el sentido del artículo 21. En consecuencia, la verdadera cuestión es la de determinar si debe considerarse que el asegurado es la «misma parte» que el asegurador.
II. El contexto jurídico y fáctico de la remisión prejudicial
A. Las disposiciones pertinentes del Convenio
2 El Título II del Convenio versa sobre la «competencia judicial». Mientras que la Sección 1 enuncia las reglas generales, las Secciones 2 a 9 contienen diferentes disposiciones particulares que las precisan.
3 La Sección 8 se titula «Litispendencia y conexidad» y se compone de los artículos 21 a 23. Antes de su modificación por el Convenio de San Sebastián, el artículo 21 del Convenio estaba redactado de la siguiente manera:
«Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados contratantes distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda deberá, incluso de oficio, inhibirse en favor del tribunal ante el que se interpuso la primera.
El tribunal que debería inhibirse podrá suspender el procedimiento si se cuestionara la competencia del otro tribunal.»
4 En caso de conexidad, el artículo 22 del Convenio prevé que el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento. Se considerarán conexas las demandas «vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente».
5 El Título III del Convenio versa sobre «reconocimiento y ejecución». De conformidad con el objetivo global del Convenio, (2) en el artículo 26 se formula el principio general de que «las resoluciones dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en los demás Estados contratantes, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno». No obstante, el artículo 27 prevé una serie de razones por las que cabe no reconocer las resoluciones. Tan sólo el número 3 es relevante para el caso de autos:
«3. si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido».
B. El contexto fáctico del procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente
6 Consolidated metallurgical industries (en lo sucesivo, «CMI») encargó al Sr. Velghe transportar, a bordo de un barco denominado «Sequana», un cargamento de ferrocromo desde el puerto neerlandés de Rotterdam hasta el puerto francés de Garlinghem-Aire-la-Lys. (3) Al comienzo del día 4 de agosto de 1989, después de producirse una vía de agua, el barco naufragó en aguas interiores de los Países Bajos, aunque al parecer el capitán pudo sacarlo a tiempo del canal principal. Drouot assurances SA (en lo sucesivo, «Drouot»), aseguradora del buque, se ocupó de que fuera puesto a flote a sus expensas, permitiendo así que se salvara el cargamento de CMI. Los días 11 y 13 de diciembre de 1990, Drouot demandó ante el tribunal de commerce de Paris (4) a CMI, a Protea assurance (en lo sucesivo, «Protea», una sociedad sudafricana), aseguradora del cargamento, y al groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne (en lo sucesivo, «GIE»), (5) reclamando el pago de la cantidad de 99.485,53 HFL, que el liquidador había fijado como importe de la contribución de CMI y de Protea a las averías comunes. (6) Ante el órgano jurisdiccional francés, CMI y Protea propusieron, sin embargo, una excepción de litispendencia, basada en el proceso que ellas habían iniciado contra los Sres. Walbrecq y Velghe (7) ante el Arrondissementsrechtbank te Rotterdam el 31 de agosto de 1990. (8) De los autos y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende que CMI y Protea pretendían obtener, en el marco del proceso neerlandés, que se declarara que no tenían obligación de contribuir a las averías comunes. Una declaración negativa de este tipo, que al parecer no habría sido posible solicitar si el proceso se hubiera seguido en Francia, constituía una pretensión subsidiaria de una demanda dirigida a que se declarara al Sr. Velghe responsable del accidente, basándose en que, en su condición de capitán, había convertido al barco en inservible para la navegación al cargarlo excesivamente en Rotterdam.
7 El 11 de marzo de 1992, el tribunal de commerce desestimó la excepción de litispendencia, basándose en que las partes en los dos procesos no eran las mismas; más concretamente, Drouot no era parte en el proceso neerlandés y los Sres. Velghe y Walbrecq no lo eran en el proceso francés del que conocía aquel tribunal. Además, dicho tribunal consideró que el objeto de las demandas no era el mismo en los dos procesos. Los demandantes interpusieron entonces recurso ante la cour d'appel de Paris.
8 Según la sentencia de la cour d'appel, CMI y Protea mantuvieron ante dicho órgano jurisdiccional que el objeto de las dos demandas era el mismo y que la única razón por la que Drouot no era parte en el proceso neerlandés era el hecho de que las normas procesales del Reino de los Países Bajos no permitían citar como intervinientes forzosos a los aseguradores. En su sentencia de 29 de abril de 1994, la cour d'appel consideró que no existía discrepancia entre las partes en cuanto al hecho de que las normas procesales neerlandesas restringen la posibilidad de que un asegurador participe en un proceso que implique a su asegurado. Tras recordar el alcance más amplio de la demanda neerlandesa (que contenía efectivamente una pretensión relativa a la responsabilidad del propietario por el mal estado para navegar del barco), la cour d'appel estimó que dicha demanda, no obstante, englobaba el objeto de la demanda francesa. Por otra parte, la cour d'appel estimó que Drouot, de hecho, participaba en el proceso neerlandés mediatamente «a través de su asegurado». En consecuencia, se estimó la excepción de litispendencia.
9 En su recurso de casación ante la Cour de cassation, Drouot mantuvo, en primer lugar, que la cour d'appel no habría debido estimar la excepción de litispendencia, puesto que en las dos demandas no eran idénticas ni la naturaleza del litigio ni las partes y que la sentencia impugnada era incompatible con el artículo 21 del Convenio. (9)
10 Al considerar que el recurso de casación del que había de conocer suscitaba una dificultad de interpretación del concepto de «las mismas partes», utilizado en el artículo 21 del Convenio, (10) la Cour de cassation decidió, con arreglo a los artículos 1 a 3 del Protocolo de 3 de junio de 1971 sobre la interpretación del Convenio, (11) pedir al Tribunal de Justicia que dilucidara,
«en particular con respecto al concepto autónomo de "las mismas partes" que utiliza el artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, si existe una situación de litispendencia internacional en el sentido de dicha norma cuando ante un Tribunal de un Estado contratante se formula, por parte del asegurador de un buque que ha naufragado, una demanda destinada a obtener del propietario y del asegurador del cargamento que se encuentra a bordo el pago parcial, en concepto de contribución a las averías comunes, de los gastos de poner a flote el buque, siendo así que ante un Tribunal de otro Estado contratante se ha formulado con anterioridad, por el propietario y el asegurador del cargamento, una demanda contra el propietario y el fletador del buque dirigida a que se declare, por el contrario, que no estaban obligados a contribuir a la avería común, teniendo en cuenta que el Tribunal ante quien se recurrió en segundo lugar, para inhibirse pese a la falta de identidad formal entre las partes de los dos procesos, pone de relieve que la ley de procedimiento aplicable ante el órgano jurisdiccional que conoció en primer lugar "restringe la posibilidad de que el asegurador participe en el litigio en el que está implicado su asegurado" y que de ello resulta que el asegurador del buque también participa de hecho mediatamente a través de asegurado(s) en el proceso iniciado en primer lugar».
III. Observaciones
11 Drouot, la República Francesa y la Comisión presentaron observaciones escritas. El GIE y la República Federal de Alemania, por su parte, se limitaron a presentar observaciones escritas, mientras que CMI y Protea presentaron observaciones orales comunes. Cabe resumir dichas observaciones de la siguiente manera.
12 En la vista, el Abogado de Drouot subrayó que las disposiciones generales del Derecho marítimo se aplican al transporte fluvial en el Rin y en el Mosela; expuso que, de conformidad con tales disposiciones, el contrato de seguro de Drouot debía ser considerado exclusivamente como un seguro del buque, salvo que...
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Drouot assurances SA v Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance and Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne.
...de la Cour Affaire C-351/96 Drouot assurances SAcontreConsolidated metallurgical industries (CMI industrial sites) e.a.(demande de décision préjudicielle,formée par la Cour de cassation «Convention de Bruxelles – Interprétation de l'article 21 – Lis alibi pendens – Notion de mêmes parties –......