Los partidos políticos, la cultura política democrática y las reglas no escritas del régimen parlamentario
| Author | Javier Tajadura Tejada |
| Pages | 315-339 |
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA CULTURA
POLÍTICA DEMOCRÁTICA Y LAS REGLAS
NO ESCRITAS DEL RÉGIMEN
PARLAMENTARIO*
Javier TAJADURA TEJADA**
1. INTRODUCCIÓN
En su sugerente y brillante ponencia, Mercedes Iglesias ha expuesto
con claridad y rigor el diseño de los dos institutos fundamentales que ver-
tebran las relaciones de confianza y de control entre el Gobierno y el Con-
greso de los Diputados: el procedimiento de investidura —recogido en el
art. 99 de la Constitución— y la moción de censura constructiva — incluida
en el art. 113—. En líneas generales, cabe decir que la regulación consti-
tucional de ambos es técnicamente correcta. Nada de extraño tiene que
hayan permitido articular con relativo éxito el funcionamiento de nuestro
régimen parlamentario hasta 2015, durante casi cuatro décadas.
Sin embargo, y como es de sobra conocido, a partir de 2015, un
régimen parlamentario que se había caracterizado hasta entonces por
la estabilidad, el cumplimiento de los mandatos de las legislaturas y
una duración media de los gobiernos superior a los tres años, se vio
desestabilizado por la fragmentación provocada por un novedoso mul-
* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación financia-
do por el Ministerio de Economía y Competitividad («Aproximación interdisciplinar a
los lenguajes jurídico-políticos de la modernidad euroamericana. Dimensiones espa-
cio-temporales»), HAR2017-84032-P, y del Grupo consolidado de investigación de la
UPV-EHU, Historia intelectual de la política moderna: conflictos y lenguajes jurídico-
políticos, GIU18/215.
** Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco; javier.taja-
dura@ehu.eus.
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tipartidismo. Entre 2015 y 2019 se celebraron cuatro elecciones gene-
rales (diciembre de 2015, junio de 2016, abril de 2019 y noviembre del
mismo año). Las de junio de 2016 como consecuencia de la disolución
automática prevista en el art. 99 de la Constitución tras el transcurso
de dos meses desde la primera votación fallida. Las de abril de 2019
tras rechazar el Congreso el proyecto de presupuestos remitido por un
Gobierno surgido de una moción de censura cuyo carácter meramen-
te destructivo resultó confirmado precisamente cuando llegó la hora de
debatir y votar su proyecto presupuestario. Por otro lado, esa inflación
de procesos electorales (y de investidura) vino acompañada de otra si-
milar por lo que a las mociones de censura se refiere. Entre 2017 y 2020
se presentaron tres mociones de censura (téngase en cuenta que en las
cuatro décadas anteriores solo se habían presentado dos), y la segunda
de ellas —debatida los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018— pros-
peró para alumbrar a un gobierno presidido por Pedro Sánchez que
apenas duró un año. Esa situación de inestabilidad crónica provocó, a
su vez, una parálisis legislativa que se intentó compensar con el recurso
abusivo y sistemático del decreto-ley. Los presupuestos generales para
2018 elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy se prorrogaron dos
veces consecutivas y estuvieron en vigor durante tres años hasta que en
diciembre de 2020 el Gobierno de Sánchez logró que el Congreso apro-
base unos nuevos.
En este contexto, algunos han considerado la aprobación de los
presupuestos de 2021 como un factor estabilizador de nuestro régimen
parlamentario en la medida en que el amplio respaldo obtenido por el
Gobierno de coalición (188 votos), muy superior a la exigua mayoría
obtenida en la segunda votación de investidura (167 votos), pondría de
manifiesto la existencia de una auténtica mayoría que garantizaría la
duración de la legislatura y la continuidad del Gobierno.
Sin embargo, a la vista de las negociaciones que el Gobierno —sobre
todo el socio menor del mismo— llevó a cabo durante el otoño del 2020
y que culminaron con la aprobación del proyecto presupuestario, no
se puede decir, en modo alguno, que nuestro régimen parlamentario se
haya estabilizado. El Gobierno de coalición en minoría (155 diputados
de 350) logró aprobar los presupuestos con el respaldo de fuerzas políti-
cas como Bildu y ERC que no han ocultado en ningún momento que la
destrucción del Estado es su objetivo político principal. Bildu reconoció
que apoyaban los presupuestos como primer paso para la creación de la
República vasca y admitió expresamente que su apoyo al Gobierno de
Sánchez tiene por finalidad «derrocar el régimen del 78». ERC persigue
objetivos similares. En este contexto, afirmar que el pacto con ERC y
con Bildu sirve para garantizar la estabilización política del país es un
puro despropósito. Para lograr el respaldo de esas fuerzas políticas el
Gobierno suprimió el carácter vehicular de la enseñanza en castellano
y se comprometió a modificar la tipificación del delito de sedición para
que los dirigentes separatistas condenados por los sucesos de septiembre
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