Protección del consumidor y economía de las plataformas: un desafío en una nueva realidad

• Author: Aránzazu Pérez Moriones
• Profession: Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad Pública de Navarra (UPNA)
• Pages: 517-533

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y ECONOMÍA

DE LAS PLATAFORMAS: UN DESAFÍO EN UNA NUEVA

REALIDAD*

CONSUMER PROTECTION AND PLATFORMS ECONOMY:

A CHALLENGE IN A NEW REALITY

Aránzazu PÉREZ MORIONES

Profesora Titular de Derecho Mercantil

Universidad Pública de Navarra (UPNA)

RESUMEN: Este trabajo analiza si el ordenamiento jurídico tutela adecuadamente al consumidor que contrata bienes, servi-

cios o contenido digital con un empresario en una plataforma en línea. La conclusión que se alcanza es que el marco nor-

mativo aplicable a las plataformas en línea no proporciona un alto nivel de protección a los consumidores que celebran

un contrato a distancia con un empresario en dicho entorno. La opción por una intervención legislativa de carácter menor

ha llevado aparejado un alcance también menor. El legislador se ha centrado fundamentalmente en la introducción de

obligaciones de información de la plataforma hacia el cliente dirigidas a aclarar el estatus —la posición— del prestador

de los bienes, servicios o contenidos digitales. Por su parte, la trascendente y controvertida cuestión relativa a la res-

ponsabilidad de la plataforma en línea ha recibido un tratamiento indirecto, parcial e impreciso. A nuestro entender, la

contratación de bienes, servicios o contenido digital sirviéndose de una plataforma en línea presenta suficiente entidad y

especificidad como para justificar una regulación independiente y más ambiciosa.

Palabras clave: plataforma en línea, protección del consumidor, requisitos de información específicos adicionales,

trazabilidad de los comerciantes, riesgo de confusión, deber de diligencia, actuación bajo la autoridad o el con-

trol del prestador, responsabilidad.

ABSTRACT: This paper analyzes whether the legal system adequately protects the consumer who contracts goods, services

or digital content with a trader on an online platform. The conclusion reached is that the regulatory framework applicable

to online platforms does not provide a high level protection to consumers who enter into a distance contract with a trader

in an on line platform. The option for a light touch regulation has also entailed a lesser scope. The legislator has mainly

focused on the introduction of information obligations of the platform towards the client aimed at clarifying the status —the

position— of the provider of the goods, services or digital content. The important and controversial issue relating to the

responsibility of the online platform has received indirect, partial and imprecise treatment. In our opinion, the contracting

of goods, services or digital content using an online platform presents enough entity and specificity to justify an indepen-

dent and more ambitious regulation.

Keywords: online platform, consumer protection, additional specific information requirements, traceability of traders,

likelihood of confusion, duty of care, acting under the authority or the control of the provider, liability.

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Nuevas tecnologías, transformación

de mercados y Derecho de la Competencia», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-

versidades y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Ref. RTI2018-094201-B-C21).

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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA CLARIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CONTRAPARTE CONTRACTUAL DEL

CONSUMIDOR: DE NUEVO, EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN: 1. Planteamiento. 2. Los requisitos de información

específicos adicionales para contratos celebrados en mercados en línea. 3. La trazabilidad de los comerciantes.—III. LA

OMISIÓN DE LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONTRAPARTE CONTRACTUAL DEL CONSUMIDOR: 1. Su

calificación como omisión engañosa. 2. La aplicación de la doctrina Wathelet. 3. Hacia la eventual responsabilidad de

la plataforma: el art. 6 del Reglamento de Servicios Digitales.—IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.—V. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

La aparición y posterior expansión de nuevas tecnologías ha producido una

auténtica transformación en muy distintos sectores de actividad entre los que se

encuentra la contratación de bienes y servicios. En efecto, frente a la contratación

presencial, la contratación electrónica ha alcanzado una importancia incuestiona-

ble 1. La Unión Europea fue sensible a este nuevo modo de contratación e impulsó

la elaboración de normativa reguladora tanto de la contratación electrónica como,

en general, de la contratación a distancia, las cuales fueron incorporadas a nuestro

ordenamiento jurídico. Así, la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios

de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el merca-

do interior 2, fue transpuesta mediante la Ley 34/20022, de 11 de julio, de servicios

de la sociedad de la información y de comercio electrónico 3 (en adelante, LSSICE).

Por su parte, la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de

25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores 4 fue incorporada

mediante la modificación realizada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo 5, del Texto

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en

adelante, TRLGDCU).

En ellas, la protección del consumidor se articula fundamentalmente con base

en tres mecanismos que se despliegan en distintos momentos del iter contractual:

el derecho de información, la forma del contrato y el derecho de desistimiento. En

buena lógica, estos instrumentos fueron concebidos con base en la contratación a

distancia que podríamos calificar de usual en el momento de la promulgación de

las mencionadas normas, es decir, aquella realizada entre, por un lado, empresa-

rios que ofrecen sus productos o sus servicios directamente en una web a modo de

«tienda en línea», y, por otro lado, consumidores. De ahí que persiguieran solven-

tar los problemas específicos que presenta la contratación sin la presencia física

simultánea de las partes y con utilización de técnicas de comunicación a distancia

—piénsese, p. ej., en la equivocidad en el mensaje o en la adecuación de lo contra-

tado con lo efectivamente recibido—. Cuestión distinta es que tales mecanismos

satisfagan plenamente dicha finalidad. En definitiva, contribuyan a alcanzar un

alto nivel de protección de los consumidores que contratan a distancia. Nuestra

experiencia como árbitra de consumo nos lleva a dudar de ello 6.

1 De hecho, según los últimos datos publicados por la CNMC, en España el comercio electrónico

superó los 15.600 millones de euros en el primer trimestre de 2022, un 25,3 por 100 más que el año an-

terior, https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-i-trimestre-2022-cnmc-20221007.

2 DOCE L 178/1, de 17 de julio de 2000.

3 BOE núm. 166, de 12 de julio de 2002.

4 DOUE L 304/64, de 22 de noviembre de 2011.

5 BOE núm. 76, de 28 de marzo.

6 En efecto, con el paso del tiempo se ha constatado que los instrumentos mencionados no son

plenamente eficaces. Así, vid., por todos, HOWELLS, G.; TWIGG-FLESNER, C., y WILHELMSSON, T., Rethinking

EU Consumer Law, Abingdon, Oxon, Routledge, 2018, pp. 94-95, que de forma extraordinariamente

gráfica han afirmado que: «La consecuencia invariable de esto es que la legislación del consumidor de la