Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1140 de la Comisión de 30 de julio de 2020 relativo al restablecimiento de un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas, hayan sido o no declaradas originarias de Sri Lanka, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-251/18, Trace Sport SAS

Sección:Serie L
Emisor:Comisión de las Comunidades Europeas
 
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31.7.2020 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 248/5

(1) En 2011, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011, el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China («medidas originales») (2) tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(2) En 2013, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013 (3), el Consejo amplió las medidas originales a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, fueran o no declaradas originarias de dichos países («Reglamento impugnado»), tras una investigación antielusión con arreglo al artículo 13 del Reglamento de base («investigación antielusión»).

(3) City Cycle Industries («City Cycle») presentó un recurso contra el Reglamento impugnado ante el Tribunal General.

(4) Mediante su sentencia de 19 de marzo de 2015, en el asunto City Cycle Industries/Consejo (T-413/13), el Tribunal General de la Unión Europea anuló el artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013, en lo que se refiere a City Cycle.

(5) Los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2015 fueron desestimados por el Tribunal de Justicia mediante su sentencia de 26 de enero de 2017 en los asuntos acumulados C-248/15 P, C-254/15 P y C-260/15 P (4), City Cycle Industries/Consejo.

(6) A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión, mediante Nota de 11 de abril de 2017 (5), reabrió parcialmente la investigación antielusión con respecto a las importaciones de bicicletas procedentes de Sri Lanka, fueran o no declaradas originarias de este país, que condujo a la adopción del Reglamento impugnado, y la retomó en el punto en el que se produjo la irregularidad. El alcance de la reapertura se limitó a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia por lo que respecta a City Cycle. Como consecuencia de esta reapertura, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/28 (6) («Reglamento City Cycle»).

(7) El 19 de septiembre de 2019, en el contexto de una petición de decisión prejudicial realizada por el Rechtbank Noord-Holland, el Tribunal de Justicia sentenció en el asunto C-251/18, Trace Sport SAS, que el Reglamento impugnado (7) es nulo en la medida en que se refiere a las importaciones de bicicletas expedidas desde Sri Lanka, hayan sido o no declaradas originarias de dicho país. El Tribunal de Justicia concluyó que el Reglamento impugnado no contenía ningún análisis individual de prácticas de elusión en las que pudieran haber estado involucradas Kelani Cycles y Creative Cycles. El Tribunal de Justicia consideró que la conclusión relativa a la existencia de operaciones de tránsito en Sri Lanka no podía basarse jurídicamente solo en las dos conclusiones manifestadas expresamente por el Consejo, a saber, en primer lugar, la existencia de un cambio en las características del comercio entre la Unión y Sri Lanka y, en segundo lugar, la falta de cooperación de una parte de los productores exportadores. Sobre esta base, el Tribunal de Justicia declaró inválido el Reglamento impugnado en tanto en cuanto se aplica a las importaciones de bicicletas expedidas desde Sri Lanka, hayan sido o no declaradas originarias de dicho país.

(8) En consonancia con el artículo 266 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las instituciones de la Unión deben adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 19 de septiembre de 2019.

(9) De la jurisprudencia se desprende que, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia anula un reglamento que establece derechos antidumping o declara inválido tal reglamento, la institución que debe adoptar las medidas necesarias para la ejecución de dicha sentencia tiene la facultad de reanudar el procedimiento que dio lugar a dicho reglamento, aunque la normativa aplicable no haya previsto expresamente esta facultad (8).

(10) Además, salvo que la irregularidad constatada conlleve la nulidad de todo el procedimiento, la institución de que se trate tiene la facultad de reanudar dicho procedimiento con el fin de adoptar un acto que sustituya al acto anulado o declarado inválido, en la fase en la que se cometió la infracción (9). En particular, esto implica que, en una situación en la que se anula un acto por el que se concluye un procedimiento administrativo, dicha anulación no afecta necesariamente a los actos preparatorios, tales como, en este caso, el inicio del procedimiento antielusión mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 875/2012 de la Comisión (10).

(11) Por...

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