Res judicata pro veritate habetur c. primacía del derecho comunitario: ¿un combate por librar? (A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2007, asunto C-119/05, Lucchini)

• Date: 01 October 2007

RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR C. PRIMACÍA DEL...

Res judicata pro veritate habetur c.

primacía del derecho

comunitario: ¿un combate por

librar?

(A propósito de la Sentencia del Tribunal de

Justicia de 18 de julio de 2007, asunto C-119/05,

Lucchini)

PABLO J. MARTÍN RODRÍGUEZ

Pablo J. Martín Rodríguez

Profesor Titular de Derecho Internacional Público.

Universidad de Granada

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

1. LOS HECHOS DETERMINANTES DE PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL

2. RAZONAMIENTO JURÍDICO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

3. UN ENCAJE COMPLICADO PARA LA JURISPRUDENCIA LUCCHINI–3.1. El

marco de comprensión histórico jurisprudencial: la saga Kühne–3.2. El marco

de comprensión funcional: el régimen de recuperación de ayudas de Estado

ilegales–3.3. El marco de comprensión natural o posible: el régimen de responsa-

bilidad del Estado (–juez) por violación del Derecho comunitario–3.4. El marco

de comprensión literal: competencias exclusivas de la Comisión y primacía des-

nuda del Derecho comunitario

4. UN MARCO DE COMPRENSIÓN POTENCIAL: LOS LÍMITES A LA COSA

JUZGADA EN EL SISTEMA EUROPEO DE COOPERACIÓN JUDICIAL

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P

ABLO

J

.

M

ARTÍN

R

ODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN

El suelo se tambalea bajo los pies de la firmeza de los actos jurídicos nacio-

nales que infringen el Derecho comunitario, bien sean judiciales, bien admi-

nistrativos. Desde hace unos pocos años ése parece ser justo el campo donde

la primacía de las normas comunitarias estáproduciendo sus últimos desa-

rrollos y librando una, poca duda cabe, dura batalla jurídica, acaso no del

todo incruenta. En este contexto, el pasado 18 de julio, con ocasióndeun

asunto de ayudas siderúrgicas, el Tribunal de Justicia podría, a juicio de

algunos, haber cruzado el Rubicón dando un respaldo en términos inequí-

vocos a la primacía del Derecho comunitario sobre la inatacabilidad de los

actos jurídicos firmes contrarios a él. En efecto, en este pronunciamiento,

el Tribunal obliga a la recuperación de una ayuda otorgada a la empresa

Lucchini en contravención del Derecho comunitario, pero amparada en

una sentencia con fuerza de cosa juzgada dictada por la Corte d’appello di

Roma

1

.

Dos razones vendrían en auxilio de quienes interpretan esta Sentencia del

Tribunal de Justicia como la consagración definitiva de la fuerza removiente

de la primacía frente a actos jurídicos firmes contrarios al Derecho comuni-

tario: en primer lugar, el acto interno afectado es una sentencia judicial

firme, lo que implica su aplicación al supuesto en teoríamás delicado, por

estar protegido el acto nacional por la autoridad de cosa juzgada y, ense-

gundo lugar, el Tribunal no construye un razonamiento alambicado que

sujete esta solución a unos requisitos estrictos o particularísimos; antes bien,

su razonamiento parece limpio e inespecífico.

A mi modo de ver, es menester, sin embargo, precaverse de una lectura

precipitada de esta sentencia, por otra parte, de trascendencia jurídica indis-

cutible, procediendo con la circunspección a la que invitan lo excepcional

del caso, lo incierto aún del terreno y la magnitud de lo discutido.Acaso,

en un análisis más detenido, se observa que el pronunciamiento Lucchini

tiene un encuadre bastante más complejo y que resulta difícil comprenderlo

como mera continuación de antecedentes jurisprudenciales previos o como

una aplicación aproblemática del régimen de devolución de ayudas de Es-

tado. No cuadra mucho más, tengo la impresión, con el que debiera ser su

marco jurídico natural (o al menos posible): la responsabilidad del Estado

por violación del Derecho comunitario o con el que aparentemente dice

ser el Tribunal de Justicia, en una lectura literal de la sentencia. Queda por

ver si, a pesar de ello, existe un marco de comprensión potencial donde la

1

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de julio de 2007, C-119/05,

Lucchini Siderurgica SpA, aún no publicada en la Recopilación, apdo. 64, citada en ade-

lante como sentencia Lucchini.

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Sentencia Lucchini podría cobrar mayor sentido. Estas son las cuestiones que

se analizarán a continuación, una vez que se haya dado cuenta de los hechos

que generan el reenvío prejudicial y del razonamiento jurídico del Tribunal

de Justicia.

1.LOS HECHOS DETERMINANTES DE PROCEDIMIENTO

PREJUDICIAL

Los hechos que dan lugar a este reenvío prejudicial no revisten demasiada

complejidad, lo que no obsta a que se trate de un supuesto insólito. En el

origen se encuentra la disparidad entre las regulaciones sobre ayudas de

Estado comunitaria (el llamado Tercer Código CECA

2

e italiana (la Ley

núm. 183/1976 sobre intervención extraordinaria en el Mezzogiorno). Mien-

tras que la norma comunitaria posibilitaba ciertas ayudas a empresas side-

rúrgicas destinadas a adaptarse a nuevas normas de protección medioam-

biental con un límite del 15% del proyecto

3

, la normativa nacional era más

generosa ascendiendo hasta el 30% y con posibilidad de bonificaciones en

el interés de los créditos solicitados.

Apoyándose en la Ley 183/1976, la empresa siderúrgica Lucchini solicita en

noviembre de 1985 una subvención por el montante máximo del 30%, así

como una bonificación de intereses sobre un préstamo, que es autorizada

por la entidad de crédito encargada. Las autoridades italianas, aunque sí

comunicaron en abril de 1988 a la Comisión el proyecto de concesiónde

ayuda con fines de protección medioambiental, no respondieron a los re-

querimientos que ésta les hizo de informaciónmás detallada a fin de anali-

zar su compatibilidad con el mercado común.

Ante la cercana terminación del plazo para la concesión de ayudas posibili-

tado por el Tercer Código, las autoridades italianas conceden, de forma

provisional y a reserva de su aprobación por la Comisión, una ayuda de

cuantía inferior a la solicitada que se ajustaba al porcentaje máximo permi-

2

Se trata de la Decisión de la Comisión 3484/85/CECA, de 27 de noviembre de 1985,

por la que se establecen normas comunitarias para las ayudas a la siderurgia(EE, Cap. 8,

Tomo 3 pg. 31). Los códigos sobre ayudas siderúrgicas se han configurado, desde los

ochenta, como una excepciónalrégimen más estricto de prohibición de ayudas conte-

nido en el artículo 4 del Tratado CECA. El contenido del régimen venía a alinearlo con

el sistema de control previo existente en el TCE (sobre estas ayudas, vid.: J.-P. K

EPPENE

:

Guide des aides d’État en droit communautaire, Bruylant, Bruselas, 1999, pgs. 541-ss., en espe-

cial 558-570).

3

Sobre la evolución de las ayudas de Estado para la protección del medio ambiente

tendente a evitar la «progresiva publificación de la adaptación ecológica de las indus-

trias»,véase B.-F. M

ACERA

,Y.F

ERNÁNDEZ

G

ARCÍA

:«El nuevo régimen jurídico-comunitario

de las ayudas estatales a favor del medio ambiente»,Noticias de la Unión Europea,núm.

219, 2003, pgs. 75-84 y M. L. G

ONZÁLEZ-

C

UÉLLAR

S

ERRANO

:«Las ayudas estatales a favor del

medio ambiente en la Unión Europea»,Noticias de la Unión Europea,núm. 268, 2007, pgs.

67-82; asícomo el completo vademécum que mantiene la Comisión en su portal (http://

ec.europa.eu/policies/index

—

es.htm).

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