Las sentencias en los procesos de anulación

Autor:Begoña Vidal Fernández
 
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INTRODUCCIÓN.

La mejor definición que puede encontrarse de sentencia es quizá la legal, recogida en el art.245.1-c) LOPJ, de acuerdo con la cual "las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisidiccional se denominarán sentencias cuando decida definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma". Siguiendo PRIETO CASTRO[1], cabe clasificar las sentencias atendiendo a diversos criterios:

  1. Por su contenido procesal:declarativas, constitutivas o de condena (atendiendo a la acción sobre la que se pronuncien).

  2. Por el objeto que acogen: de fondo (que a su vez pueden ser estimatorias o desestimatorias, ambas total o parcialmente) o absolutorias en la instancia (por inadmisibilidad de la demanda que le impide dictar un pronunciamiento sobre el fondo).

  3. Por la precisión del fallo: de condena líquida o con reserva de liquidación.

  4. Por el procedimiento en el cual recaen: contradictorias o dictadas en rebeldía.

  5. En atención a su impugnabilidad: definitivas (impugnables) y firmes (inimpugnables).

    De las clasificaciones destacadas nos interesa especialmente la que atendiendo a la clase de pretensión deducida, o contenido procesal, distingue entre sentencias declarativas, de condena o constitutivas, que, de conformidad con MONTERO[2], se diferencian por su eficacia:pues las primeras se limitan a la producción de cosa juzgada, las segundas incorporan además una orden de prestación y la eficacia ejecutiva, y las terceras producen por sí mismas la mutación jurídica pretendida. Esto es predicable únicamente de las estimatorias de la pretensión ya que las desestimatorias sólo pueden ser meramente declarativas, denegando la pretensión con eficacia de cosa juzgada material en sentido negativo.

    La sentencia en los procesos de anulación comunitarios es dictada por mayoría de los miembros de la formación del Tribunal que ha conocido del asunto, sin que tengan cabida los "votos disidentes" o discrepantes. La redacción de la misma corre a cargo del Juez Ponente, pero en cuanto expresión del fallo colectivo del órgano no representa necesariamente su punto de vista[3]. Es leída en audiencia pública, previa citación de las partes[4]. En la práctica solamente se lee la parte dispositiva o fallo. Tiene que contener una exposición de los motivos que han conducido al Tribunal a ese resultado concreto[5]. El texto íntegro de la sentencia, junto con las conclusiones del Abogado General (en su caso), es publicado en el Repertorio de jurisprudencia del Tribunal, y traducida a todos los idiomas oficiales de la Unión.

    Las sentencias que ponen fin al proceso de anulación pueden, evidentemente, ser estimatorias o desestimatorias (en ambos casos, total o parcialmente). Pero el tema fundamental que plantean es el de su carácter. Por una parte, si la no anulación del acto o disposición impugnados supone una afirmación iuris et de iure de validez o solamente iuris tantum y, por otra parte, si la estimación de la pretensión de nulidad constituye un acto puramente declarativo de dicha nulidad por parte del Tribunal (en cuyo caso estaremos ante una sentencia meramente declarativa), o si la decisión del órgano jurisdiccional tiene carácter constitutivo, es decir el acto o disposición han sido válidos hasta el momento de ser anulados por el órgano competente, desplegando mientras tanto todos sus efectos. Por lo que atañe a la sentencia desestimatoria de una demanda de anulación, ésta sólo puede tener un alcance y una fuerza relativos y negativos; es decir que no equivale a una declaración de la legalidad o conformidad del acto o disposición comunitarios impugnados. De manera que la sentencia de rechazo simplemente significa que ha fracasado el fundamento de las alegaciones del recurrente[6], pero la legalidad del acto impugnado continúa siendo cuestionable por el mismo sujeto (alegando otros motivos diferentes) o por otros sujetos[7], sin que -sin embargo- se haya desvirtuado la presunción de legalidad de que goza dicho acto.

    Mayor interés presenta el estudio de los efectos y consecuencias de una sentencia estimatoria -total o parcialmente- de la pretensión contenida en el recurso.

    8.1.

    Carácter de las sentencias de anulación por razón de su contenido procesal.

    En principio cabe afirmar que el carácter constitutivo o declarativo de las sentencias en un proceso de anulación depende de la naturaleza del vicio de nulidad apreciado. De manera que si el tribunal entiende que el vicio del acto administrativo provoca su nulidad radical, la sentencia ha de ser declarativa;mientras que cuando la sentencia estime la pretensión anulando el acto o disposición, será constitutiva. Por tanto, la sentencia que declara la anulacion es constitutiva en el sentido de que sin ella no hay invalidez, a diferencia de la sentencia que declara la nulidad, que es puramente declarativa porque aun sin ella ya había nulidad, de modo que sólo constata que ésta existía desde antes[8]; o dicho con palabras de GUASP:"el carácter declarativo o constitutivo del pronunciamiento correspondiente depende de que los actos en cuestión se tengan por nulos (por nulidad que se declara) o por anulados (por anulación que se constituye)[9].

    Apunta KOVAR[10] al punto clave de debate en este tema cuando expone su pensamiento de que, frente a la rotundidad con que el Tratado atribuye al TJ poder para anular las disposiciones comunitarias contrarias al derecho comunitario, está la ambigüedad en la que se mueve a la hora de determinar el tipo de nulidad resultante: absoluta o relativa. Plantea el reconocimiento o no en el sistema comunitario de la categoría de "actos administrativos inexistentes" (a favor de lo cual se expresa este autor).

    En esta materia emerje nuevamente la influencia del Derecho alemán por encima del francés, y con ella el importante problema que deriva del desconocimiento que hay en el sistema germánico de las gradaciones en la Teoría de los vicios y nulidades de los actos administrativos, muy desarrollada en cambio en el sistema galo[11]. Como consecuencia de ello el sistema comunitario parece no conocer tampoco el escalonamiento de efectos de las resoluciones sobre actos administrativos impugnados, atendiendo a la gravedad de las irregularidades del acto. Pues mientras que en los ordenamientos de la mayor parte de los Estados miembros, en general se distingue entre causas de mera anulabilidad del acto de aquellas otras de nulidad radical o de pleno derecho, el Derecho comunitario es rotundo en cuanto a los efectos: el art. 231 (ex art.174) TCE expresa tajantemente que, estimado el recurso, los actos son declarados nulos y sin valor ni efecto alguno. De esta proclamación deriva que las causas que pueden fundamentar el recurso recogidas en el art. 230 (ex art.173), frente al principio general de la anulabilidad de los actos administrativos vigente en los ordenamientos jurídicos nacionales, son todas ellas causas de nulidad (no de mera anulabilidad). Por otra parte, el Tribunal de Luxemburgo no ha aceptado las alegaciones de inexistencia de un acto atacado, por las graves repercusiones que ello conlleva para el propio ordenamiento jurídico comunitario[12].

    Así, frente a lo establecido en el ordenamiento español, que en este punto sigue -como en muchos otros- fielmente el modelo francés donde se distingue entre la nulidad de un acto administrativo (cuando concurre una causa de nulidad "de pleno derecho" de las expresamente relacionadas en el art.47 LPA), y su anulabilidad con la diversidad de consecuencias que comporta[13], el Tratado de la Comunidad Europea establece, de manera que no deja lugar a dudas, el efecto retroactivo de la sentencia de anulación de un acto comunitario como regla general (párr.1ºdel art.231 -ex art.174- TCE), es decir la nulidad radical ("...declara nulo y sin valor ni efecto alguno...") de los actos estimados contrarios al Derecho comunitario, con independencia del vicio de nulidad alegado o la gravedad de éste.

    Ello puede provocar confusiones en el tema de la eficacia de la sentencia estimatoria del recurso de anulación. En los ordenamientos donde se toma en consideración esta diversidad, la sentencia es declarativa cuando el vicio estimado es de "nulidad radical o de pleno derecho", es decir el acto ha sido nulo desde su origen; mientras que es constitutiva cuando dicho vicio es de mera anulabilidad, lo que se traduce en que el acto ha existido y ha producido efectos hasta el momento de ser anulado por el órgano jurisdiccional[14]. En Derecho comunitario encontramos que ambos conceptos se confunden: los presupuestos y algunos de los efectos son los de la anulabilidad, pero los motivos constituyen causas de nulidad.

    Han sido particularmente los autores franceses los que mayor empeño han puesto en introducir esta diferenciación en el sistema comunitario, hablando del carácter constitutivo de las sentencias de anulación en cuanto "crean una nueva situación jurídica"[15].

    La explicación así propuesta no es satisfactoria, pues ese mismo argumento puede ser utilizado para justificar cualquier cambio jurídico (por lo mismo, la sentencia desestimatoria de un recurso de anulación podría ser calificada de "constitutiva" en el sentido de dar lugar a una nueva situación jurídica eliminando toda duda sobre la legalidad de la actuación administrativa en ese supuesto concreto)[16].

    A la confusión reinante en esta materia ha contribuido el propio TJ, que ha equiparado la inexistencia de un acto a un vicio tan grave que el ordenamiento jurídico comunitario no puede soportarlo[17], que en la práctica se traduce en la ausencia de plazo para interponer el recurso, pero sin determinar cuales son esos vicios tan graves susceptibles de producir como efecto la nulidad de pleno derecho del acto, en cuanto acto inexistente (al contrario...

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