Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto...

Sección:Directiva
Emisor:Comisión de las Comunidades Europeas
 
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DIRECTIVA 2006/70/CE DE LA COMISIÓN de 1 de agosto de 2006 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de 'personas del medio político' y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (1), y, en particular, su artículo 40, apartado 1, letras a), b) y d),

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2005/60/CE impone a las entidades y personas comprendidas en su ámbito de aplicación que apliquen, basándose en un análisis del riesgo, procedimientos reforzados de diligencia debida con respecto al cliente en las transacciones o relaciones empresariales con personas del medio político que residan en otro Estado miembro o en un país tercero. En el contexto de ese análisis de riesgo, resulta oportuno que los recursos de las mencionadas entidades y personas se centren en especial en los productos y transacciones caracterizados por un elevado riesgo de blanqueo de capitales. Por 'personas del medio político' se entiende a las personas a las que se les confían funciones públicas importantes, a sus familiares más próximos o a personas reconocidas como allegados a ellas. Para disponer de una interpretación coherente del concepto de personas del medio político al determinar qué categorías de personas entran en él, resulta esencial tener en cuenta las diferencias sociales, políticas y económicas existentes entre los países.

(2) Las entidades y personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/60/CE pueden no conseguir identificar a un cliente como perteneciente a una de las categorías de personas del medio político, a pesar de haber adoptado medidas razonables y adecuadas al respecto. En este caso, los Estados miembros, en el ejercicio de sus competencias de aplicación de dicha Directiva, han de tener debidamente en cuenta la necesidad de garantizar que dichas personas no sean consideradas automáticamente responsables de tal incumplimiento. Los Estados miembros deben además procurar el modo de facilitar el cumplimiento de la Directiva proporcionando las orientaciones necesarias a las entidades y personas a este respecto.

(3) Las funciones públicas desempeñadas en niveles inferiores al ámbito nacional no deben considerarse, en principio, importantes. Sin embargo, cuando la exposición política sea comparable a la de funciones similares desempeñadas a escala nacional, las entidades y personas a que se refiere la presente Directiva deben valorar, basándose en un análisis del riesgo, si quienes ejercen esas funciones públicas han de considerarse personas del medio político.

(4) La obligación establecida en la Directiva 2005/60/CE conforme a la cual las entidades y personas comprendidas en su ámbito de aplicación deben identificar a los allegados de las personas físicas que desempeñen funciones públicas importantes, es aplicable en la medida en que la relación con la persona allegada sea de conocimiento público o la entidad o persona tenga razones para creer que exista tal relación. En consecuencia, el conocimiento de dicha condición no presupone la investigación activa por parte de las entidades y personas a que se refiere la citada Directiva.

(5) Las personas consideradas del medio político no deben seguir teniendo esta consideración una vez hayan dejado de ejercer funciones públicas importantes y haya transcurrido un período de tiempo mínimo.

(6) Aunque la adaptación, basada en un análisis del riesgo, de los procedimientos generales de diligencia debida con respecto al cliente ha de ser la norma general en las situaciones de bajo riesgo conforme a la Directiva 2005/60/CE, y puesto que los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente exigen contrapesos y salvaguardias adecuados en otras partes del sistema para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la aplicación de los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente debe restringirse a un número limitado de casos.

En estos casos, las obligaciones que incumben a las entidades y personas a que se refiere la Directiva no desaparecen, y dichas entidades y personas deben, entre otras cosas, realizar una supervisión continuada de las relaciones comerciales que permita detectar transacciones complejas o de volumen inusual que carezcan de objetivo económico o legal aparente.

ES4.8.2006 Diario Oficial de la Unión Europea L 214/29 (1) DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

(7) En general, se considera que las autoridades públicas nacionales son clientes de bajo riesgo en su propio Estado miembro y, con arreglo a la Directiva 2005/60/CE, pueden ser objeto de procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente. En cambio, los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente no son directamente aplicables, con arreglo a la Directiva, a ninguna de las instituciones, los organismos, las oficinas o las agencias comunitarios, incluido el Banco Central Europeo (BCE), pues no pueden encuadrarse en la categoría de 'autoridad pública nacional' o, en el caso del BCE, de 'entidad de crédito y financiera'. No obstante, dado que estas entidades no parecen presentar un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, deben considerarse clientes de bajo riesgo y beneficiarse de los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente siempre que se cumplan los requisitos pertinentes.

(8) Asimismo, resulta oportuno aplicar procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente en el caso de las personas jurídicas que realicen actividades financieras no comprendidas en la definición de entidad financiera de la Directiva 2005/60/CE pero estén sujetas a la legislación nacional de aplicación de dicha Directiva y cumplan ciertos requisitos...

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