Tramitación del proceso de anulación

Autor:Begoña Vidal Fernández
 
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INTRODUCCIÓN. La sustanciación de lo que ha venido a llamarse el procedimiento-tipo, que es el aplicable a todos los procesos directos ante los órganos jurisdiccionales comunitarios institucionales -salvo pequeñas especialidades adaptadas a procesos concretos- es prácticamente idéntica en ambos foros (ante el TJ y ante el TPI), con las especificaciones que haremos más adelante. Viene regulada en los Protocolos anejos a los tres Tratados fundacionales, relativos al Estatuto del Tribunal del Justicia[1]; así como en los Reglamentos de Procedimiento de ambos órganos[2], y el Reglamento adicional[3], que contiene precisiones sobre cuestiones concretas como el régimen de las comisiones rogatorias, la asistencia judicial gratuita ante el pretorio de Luxemburgo, y la denuncia de las violaciones de juramentos de testigos y peritos. Completado por las llamadas Instrucciones al Secretario[4]. 7.1.NORMAS GENERALES. Es conveniente hacer referencia, con carácter previo a la exposición del desarrollo de este procedimiento, a una serie de normas o reglas generales de aplicación a todos los asuntos que se presentan en el foro de Luxemburgo, consecuencia de las peculiares características supranacionales del sistema jurisdiccional comunitario. Se trata de normas generales dirigidas a la determinación del régimen lingüístico, la representación de las partes en el litigio, y a la necesaria designación de un domicilio en el lugar de la sede del Tribunal (Luxemburgo). 7.1.1.Régimen lingüístico. Dado el multilingüismo de la Unión Europea constituye éste un elemento importante del procedimiento. Es preciso distinguir a estos efectos entre el idioma de trabajo del tribunal que, simplemente por razones históricas[5], es el francés[6]; y el idioma de procedimiento[7]. Para la determinación de este último se aplican las siguientes normas (art.29.2 RPTJ): 1.- Como regla general, en primer lugar, lo elige el demandante; con las siguientes excepciones (que recogen los supuestos en los que el demandante no sea comunitario, y sí lo sea el demandado): 2.- Si el demandado es un Estado Miembro o una persona física o jurídica de un E.M., será el idioma oficial en ese E.M. 3.- El idioma comunitario oficial que las dos partes acuerden[8]. 4.- Una de las partes puede solicitar el uso de otro idioma, y después de oir a la otra parte y al AG, podrá autorizarse, siempre que se trate de alguna de las lenguas de procedimiento previstas en los Reglamentos de Procedimiento[9]. 7.1.2.Representación y defensa de las partes. Es preceptiva la postulación para actuar ante los Tribunales comunitarios. En ningún caso es posible que una de las partes en litigio y su defensor sea la misma persona, aunque el demandante sea un abogado habilitado para litigar en un pleito nacional[10]. El original de todo escrito procesal ha de ser firmado por el abogado o "agente" de la parte[11]. La representación y la dirección letrada son ejercidas por una misma persona. En el caso de las Instituciones corresponde a un Agente nombrado al efecto para el asunto de que se trate, que pueder verse asistido por un asesor o por un abogado inscrito en uno de los Colegios de los EE.MM. Los Estados nombran asimismo sus agentes, normalmente realizan esta función Abogados del Estado coordinados en una Abogacía del Estado creada para este fin[12]. Las demás partes, funcionarios y personas físicas o jurídicas, han de actuar representados y defendidos por un abogado facultado para ejercer en uno de los Estados Miembros[13]. Al no existir un Colegio de Abogados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estan autorizados todos los abogados colegiados en alguno de los Estados miembros. Los abogados y agentes que representan y defienden a una parte ante el TJ están obligados a presentar en la Secretaría del órgano ante el que vaya a actuar un documento que acredite que están legitimados para ejercer su profesión en uno de los Estados miembros, y a aportar el poder otorgado por su cliente. 7.1.3.Designación de domicilio. Es preceptivo, a los efectos del procedimiento, que las partes designen un domicilio en el lugar de la sede del órgano jurisdiccional comunitario, es decir en Luxemburgo, ya que todas las noficaciones y comunicaciones de la Secretaría se transmiten a las partes a través de la persona cuyo domicilio en Luxemburgo se ha designado. Si no se hubiere realizado dicha designación, entonces se efectuarán por envío postal certificado (hasta el momento de subsanarse este defecto) dirigido al agente o abogado de la parte. Los litigantes particulares generalmente designan el despacho de un abogado afincado en Luxemburgo; los Estados miembros la sede de su embajada; y las Instituciones comunitarias la sede de algún servicio suyo asentado en el Gran Ducado. 7.1.4.Principios que inspiran el procedimiento-tipo ante el TJCE. La actividad de los Tribunales comunitarios de Luxemburgo es, por su naturaleza, transparente: los debates son contradictorios y las audiencias públicas[14]. Podemos resumir los principios que han de inspirar esta actividad en los siguientes[15]: 1.- Uniformidad: existe un único procedimiento-modelo para todos los procesos "directos", adaptado ulteriormente a la especificidad del proceso concreto de que se trate. Con ello se ha logrado una gran sencillez en este punto del sistema jurisdiccional comunitario, tan buscada en general por los sistemas nacionales. 2.- Principio de contradicción: completado por la vigencia del principio de igualdad de partes y, sobre todo, como una manifestación del más amplio derecho de defensa. Constituye una garantía para las partes, derivada del hecho de que el Tribunal no puede basar su examen sobre actos o documentos que no hayan sido comunicados debidamente a la parte contraria, que siempre tiene la posibilidad de replicar[16]. 3.- Predominio del principio de escritura sobre el de oralidad. Como un vestigio del origen del sistema comunitario en el contencioso francés, donde el carácter predominantemente escrito e inquisitivo del procedimiento ante el juez administrativo es consecuencia de la privilegiada situación en que allí se encuentra la Administración, se explica también por la singularidad del objeto sustancial de este proceso. A pesar de esta preeminencia de la fase escrita, la oral puede influir decisivamente en la solución del caso al poder las partes desarrollar nuevos argumentos en su exposición en audiencia pública, así como por la facultad reconocida a los magistrados de formular preguntas a las partes para esclarecer aquellos aspectos que a su juicio han sido insuficientemente tratados en los escritos[17]. 4.- Predominio del principio de investigación de oficio sobre el principio de aportación de parte:que se manifiesta particularmente en relación con las medidas probatorias, donde el Tribunal goza de amplias facultades justificadas por la misión que los Tratados le imponen de administrar justicia, y no limitarse a desempeñar un papel de árbitro entre dos partes, razón por la cual el procedimiento es dirigido por el Tribunal, garantizando siempre a las partes libertad para expresar sus razones y suministrar las fuentes de prueba que estimen convenientes en apoyo de aquéllas[18]. Por tanto y sin perjuicio de la importancia que ha de reconocerse al papel que juegan las partes, en cuanto inician el proceso y con sus escritos de alegaciones, excepciones y contestación marcan los límites objetivos y subjetivos del litigio, es el tribunal el que dirige el procedimiento a través del secretario; notificando la demanda y la contestación a las partes, fijando los plazos, notificando de oficio los actos de procedimiento, instruyendo el asunto, fijando las medidas de instrucción y ordenando su práctica, determinando la acumulación de asuntos sin necesidad de previa petición de las partes, y -sobre todo- examinando de oficio en cualquier momento las causas de inadmisibilidad de los recurso que tengan el carácter de orden público[19]. Este carácter inquisitivo[20] se vió reforzado tras la creación del Tribunal de Primera Instancia, cuyo Reglamento de Procedimiento confiere a éste amplias facultades para la ordenación del procedimiento[21]. 5.- Principio de publicidad. De acuerdo con FAIRÉN se habla de "publicidad" del proceso para hacer referencia a la percepción directa de las actuaciones desarrolladas por y ante el Tribunal, por otras personas que no forman parte de éste[22]. Por lo que respecta al procedimiento ante el pretorio comunitario, en principio la vista es pública aunque el Tribunal puede, de oficio o a instancia de parte y por causas graves, acordar que se celebre a puerta cerrada, en cuyo caso los debates no se pueden hacer públicos[23]. 6.- Gratuidad de la justicia comunitaria. El procedimiento ante el Juez comunitario es gratuito, no se exige ninguna tasa judicial al presentar la demanda o cualquier otro documento procesal. Sin embargo es evidente que todo proceso va acompañado inevitablemente de una serie de gastos (traducciones, peritos, testigos, honorarios de los abogados... etc) que hacen ficticia esta gratuidad. Ello ha conducido al reconocimiento y establecimiento de un sistema de Justicia gratuita comunitario, regulado en el art.76 RPTJ y art.94 RPTPI, y según los cuales (nº1º), "Si una parte careciere de medios suficientes para hacer frente en todo o en parte a los gastos del proceso, podrá solicitar en cualquier momento el beneficio de justicia gratuita". La concesión (total o parcial) o no del mismo es decidida, en el TJ, por la Sala a la que pertenece el Juez Ponente del asunto, vistas las alegaciones de la otra parte y del Abogado General; y en los procesos ante el TPI...

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