X v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:499
Date22 June 2023
Docket NumberC-459/20
Celex Number62020CJ0459
CourtCourt of Justice (European Union)

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de junio de 2023 (*)

«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 20 TFUE — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Decisión de un Estado miembro de denegar la residencia a un nacional de un tercer país progenitor de un menor de edad que tiene la nacionalidad de dicho Estado miembro — Menor que se encuentra fuera del territorio de la Unión Europea y nunca ha residido en el territorio de esta»

En el asunto C‑459/20,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Utrecht, Países Bajos), mediante resolución de 10 de septiembre de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de septiembre de 2020, en el procedimiento entre

X

y

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Arabadjiev, Presidente de Sala, el Sr. L. Bay Larsen, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y los Sres. P. G. Xuereb y A. Kumin (Ponente) y la Sra. I. Ziemele, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 23 de febrero de 2022;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de X, por la Sra. M. van Werven y el Sr. J. Werner, advocaten;

– en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. K. Bulterman y C. S. Schillemans, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno danés, por los Sres. M. Jespersen, y J. Nymann‑Lindegren y la Sra. M. Søndahl Wolff, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. C. Ladenburger, la Sra. E. Montaguti y el Sr. G. Wils, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de junio de 2022;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 20 TFUE.

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre X, una nacional tailandesa, y el Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Secretario de Estado de Justicia y Seguridad, Países Bajos; en lo sucesivo, «Secretario de Estado»), en relación con la denegación por este último de la solicitud de autorización de residencia presentada por X.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

3 X residió legalmente en los Países Bajos, donde estuvo casada con A, nacional neerlandés. De esta unión nació un hijo de nacionalidad neerlandesa.

4 Este menor, de diez años de edad en la fecha de presentación de la petición de decisión prejudicial, nació en Tailandia, donde fue criado por su abuela materna ya que X regresó a los Países Bajos después de ese nacimiento. El menor ha vivido siempre en dicho tercer país y no se ha desplazado nunca a los Países Bajos ni a ningún otro Estado miembro de la Unión.

5 Mediante decisión de 22 de mayo de 2017, las autoridades neerlandesas revocaron el derecho de residencia de X con efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2016, fecha de la separación de hecho de A y X.

6 El 17 de mayo de 2018, se declaró el divorcio de A y X.

7 El 6 de mayo de 2019, el Secretario de Estado notificó a X que sería expulsada a Bangkok (Tailandia) el 8 de mayo de 2019.

8 El 7 de mayo de 2019, X solicitó residir en los Países Bajos con B, un nacional de este Estado miembro. Al examinar la solicitud, las autoridades neerlandesas comprobaron de oficio si la recurrente en el litigio principal podía obtener un derecho de residencia derivado en virtud del artículo 20 TFUE para poder residir con su hijo en el territorio de la Unión.

9 Mediante resolución de 8 de mayo de 2019, el Secretario de Estado denegó dicha solicitud basándose, en particular, en que X no podía invocar el derecho de residencia derivado, al amparo del artículo 20 TFUE, que reconoció el Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de mayo de 2017, Chávez‑Vílchez y otros (C‑133/15, EU:C:2017:354).

10 El 8 de mayo de 2019, X fue expulsada a Bangkok.

11 Mediante resolución de 2 de julio de 2019, el Secretario de Estado desestimó una reclamación presentada por X contra la resolución de 8 de mayo de 2019. X interpuso entonces un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente en el que sostiene que, debido a esta resolución denegatoria de la residencia, su hijo, pese a ser nacional neerlandés, se ve privado de la posibilidad de residir en la Unión y que, por consiguiente, dicha resolución desvirtúa el efecto útil de los derechos que le corresponden debido a su estatuto de ciudadano de la Unión.

12 A este respecto, X subraya que su hijo, que siempre ha estado a su cargo, tanto jurídica como económicamente y con el que siempre ha mantenido una relación afectiva, depende por completo de ella. Precisa que, desde su regreso a Tailandia, se ocupa diariamente de él. La abuela materna del menor, debido a su estado de salud, ya no puede cuidarlo. X añade que, mediante sentencia del Tribunal de Surin (Tailandia) de 5 de febrero de 2020, se le concedió la custodia exclusiva del menor.

13 Según la recurrente, dado que este menor no habla inglés ni neerlandés, no puede comunicarse con su padre, con el que no ha tenido ningún contacto desde 2017. Según X, A no tiene ninguna relación afectiva con el menor y no ha asumido ninguna de sus obligaciones.

14 El Secretario de Estado sostiene que la decisión de denegar la residencia dirigida a X no implica que su hijo esté obligado a abandonar el territorio de la Unión, puesto que reside en Tailandia desde su nacimiento. Además, no se puede considerar automáticamente que X tenga la custodia exclusiva del menor, ya que la sentencia del órgano jurisdiccional tailandés que invoca a este respecto no ha sido legalizada. Por otra parte, X no ha demostrado que se ocupe efectivamente del menor desde su regreso a Tailandia. En su opinión, no existe ninguna prueba objetiva de la existencia, entre ella y el menor, de una relación de dependencia que implique que este último se vería obligado a residir fuera del territorio de la Unión si se denegara a X el derecho de residencia. A su juicio, es probable que el hecho de que el menor haya estado separado de su madre durante casi toda su vida haya influido en su vinculación y, por lo tanto, en su dependencia de esta última. Además, el papel de A en la vida del menor no está claro y el hecho de que X afirme que A no se ocupa del menor es, en su opinión, un elemento subjetivo. El Secretario de Estado añade que X no ha demostrado que su hijo desee trasladarse a vivir en los Países Bajos o que redunde en interés del menor que su madre disponga de una autorización de residencia en ese Estado miembro.

15 El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la aplicabilidad de los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), de 15 de noviembre de 2011, Dereci y otros, (C‑256/11, EU:C:2011:734), de 6 de diciembre de 2012, O y otros (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776), y de 10 de mayo de 2017, Chávez‑Vilchez y otros (C‑133/15, EU:C:2017:354), en una situación como la que se da en el litigio principal, en la que el menor de edad, ciudadano de la Unión, reside fuera del territorio de la Unión o nunca ha residido en dicho territorio.

16 El órgano jurisdiccional remitente precisa que una respuesta negativa del Tribunal de Justicia significaría, según el Derecho neerlandés, que a un nacional de un tercer país, progenitor de un ciudadano de la Unión menor de edad, nunca se le podría reconocer un derecho de residencia derivado del artículo 20 TFUE y solo podría entrar legalmente en los Países Bajos si presentara una solicitud de residencia basada en el derecho a la vida privada y familiar en el sentido del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Con arreglo a la legislación neerlandesa, tal solicitud exige, en principio, que el solicitante disponga de una autorización de residencia provisional como miembro de la familia ampliada. Sin embargo, para ello, sería necesario, entre otras cosas, que el miembro de la familia con el que se prevé residir, a saber —el «reagrupante»— sea mayor de 21 años. Pues bien, por definición, un hijo menor de edad no puede cumplir este requisito, lo que significaría que tal solicitud de residencia no tendría, desde el principio, ninguna posibilidad de prosperar.

17 Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre los criterios de apreciación de la existencia de una relación de dependencia del ciudadano de la Unión respecto de un nacional de un tercer país y sobre la cuestión de la efectiva custodia del menor en el contexto del litigio principal.

18 En esas circunstancias, el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Utrecht, Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE en el sentido de que se opone a que un Estado miembro prive a un nacional de un tercer país, cuando este tiene a su cargo a su hijo menor de edad, ciudadano de la Unión, y dicho menor se encuentra, respecto al nacional de un tercer país, en una relación de dependencia efectiva, del derecho de residencia en el Estado miembro cuya nacionalidad posee el menor, si el menor se halla fuera del territorio de dicho Estado miembro o de la Unión o nunca ha estado en el territorio de la Unión, de suerte que se priva de hecho al menor del acceso al territorio de la...

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