Comunicación de la Comisión — Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación

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19.1.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 18/10

La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho y confía en su legislación para garantizar que sus políticas y prioridades se ejecutan en los Estados miembros (1). La aplicación, ejecución y cumplimiento efectivos del Derecho de la UE es una responsabilidad encomendada a la Comisión por el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea. Constituye una alta prioridad política de la Comisión Juncker y es parte del mayor impulso dado por la Comisión a la mejora de la legislación (2).

El cumplimiento efectivo de las normas de la UE –desde las correspondientes a las libertades fundamentales o a la seguridad alimentaria y de los productos, a las de la calidad del aire o la protección de la moneda única– es importante para los europeos y afecta a su vida cotidiana. Sirve al interés general. A menudo, cuando se plantean cuestiones de particular importancia –como el control de las emisiones de los coches, la contaminación del agua, los vertidos ilegales o la seguridad y protección del transporte– el problema no es tanto la falta de legislación de la UE como su aplicación efectiva. Esta es la razón por la que es necesario un sistema de aplicación estricto, eficiente y eficaz para garantizar que los Estados miembros apliquen, ejecuten y cumplan el Derecho de la UE y para proporcionar a los ciudadanos unos mecanismos de recurso adecuados.

Los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil contribuyen de forma significativa a la labor de control de la Comisión informando sobre las deficiencias en la aplicación del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros. La Comisión reconoce el papel crucial de las denuncias en la detección de las infracciones del Derecho de la UE.

La política actual de control del cumplimiento de la Comisión consiste en controlar que el Derecho de la UE se aplica y ejecuta, en resolver problemas con los Estados miembros con el fin de subsanar cualquier posible infracción de la legislación y en incoar procedimientos de infracción cuando procede. Esta política ha venido evolucionando y consolidándose de forma gradual a lo largo de los quince últimos años. Fueron clave las Comunicaciones de 2002 (3) y 2007 (4) a la hora de configurar un marco para la mejora del control, para el refuerzo de las asociaciones y la resolución de problemas, para la mejora de la gestión de los casos de infracción y para el aumento de la transparencia.

Más allá de la gestión de las infracciones, la Comisión ha desarrollado el Marco del Estado de Derecho (5), que se aplica en aquellos casos en los que las garantías nacionales del Estado de Derecho no parecen capaces de responder eficazmente a una amenaza sistémica para el Estado de Derecho en un Estado miembro y siempre que tal amenaza no pueda tratarse a través del procedimiento de infracción. Esto refleja el hecho de que, el respeto el Estado de Derecho se concibe como un prerrequisito del respeto de todos los derechos y obligaciones que se derivan de los Tratados.

La Comisión Juncker también ha adoptado un enfoque más centrado en la actividad política y legislativa. Cuenta con un programa de trabajo simplificado que se basa, en todas las fases de elaboración de las políticas, en análisis de gran calidad y en la consulta pública de las partes interesadas. Esta nueva forma de trabajar, que constituye el núcleo de la iniciativa «Legislar mejor», tiene por objeto garantizar que todas las medidas del código normativo de la UE se adecúen a su propósito, sean fáciles de aplicar y se cumplan en toda la UE. En su Comunicación «Legislar mejor: obtener mejores resultados para una Unión más fuerte», la Comisión se comprometió a promover una aplicación, ejecución y cumplimiento más efectivos (6).

En el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación (7), firmado recientemente, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocen su responsabilidad compartida en la adopción de legislación de alta calidad. La Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017 reitera el compromiso de fomentar la correcta aplicación y cumplimiento de la legislación vigente (8).

A pesar de estos esfuerzos, aplicar y hacer cumplir el Derecho de la UE sigue constituyendo un reto que requiere seguir prestando especial atención a la cuestión del cumplimiento para servir al interés general. El cumplimiento apoya y complementa la realización de las prioridades políticas. A la hora de determinar estas últimas, la Comisión no solo trabajará en la presentación de nueva legislación, sino también en su cumplimiento. Es preciso conceder la misma importancia al trabajo consagrado a garantizar el cumplimiento efectivo del Derecho de la UE vigente que al dedicado al desarrollo de nueva legislación. Deberá reforzarse la asociación entre la Comisión y los Estados miembros, que desempeñan un papel crucial en la aplicación del Derecho de la UE, con el fin de hacer llegar a los ciudadanos los beneficios del Derecho de la UE. Al mismo tiempo, se anima a los ciudadanos, las asociaciones profesionales y empresariales, los interlocutores sociales, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, así como a la sociedad civil, a que ayuden a la Comisión a detectar los problemas de forma más estructurada.

En la presente Comunicación se describe el modo en que la Comisión redoblará sus esfuerzos en la aplicación, la ejecución y el cumplimiento del Derecho de la UE en consonancia con el compromiso de la Comisión Juncker de ser «más sobresalientes y ambiciosos en asuntos importantes y más recatados y modestos en asuntos de menor entidad» (9). Esto implica que el enfoque del cumplimiento deberá ser más estratégico en lo tocante al tratamiento de las infracciones. También se ofrece una visión general de las demás medidas que la Comisión adoptará para ayudar a los Estados miembros y a los ciudadanos a garantizar que el Derecho de la UE se aplique de forma efectiva.

Los Estados miembros son los principales responsables de transponer, aplicar y ejecutar correctamente el Derecho de la UE (10). Asimismo, han de proporcionar suficientes vías de recurso para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. Esto significa que, cuando los derechos de los ciudadanos en virtud del Derecho de la UE se vean afectados a escala nacional, los ciudadanos deben tener acceso a mecanismos nacionales de recurso rápidos y efectivos. Dichos mecanismos deben ser conformes con el principio de tutela judicial efectiva recogido en el Tratado (11). Los tribunales nacionales son los «órganos jurisdiccionales comunes» para garantizar el respeto del Derecho de la UE y contribuyen de manera eficaz a su aplicación en casos individuales. Están facultados para estimar los recursos de las personas que buscan protección contra medidas nacionales incompatibles con el Derecho de la UE o compensación económica por los daños y perjuicios causados por dichas medidas.

Para ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos por ejecutar el Derecho de la UE y para garantizar que asumen su responsabilidad por lo que se refiere a la correcta aplicación de la legislación de la UE, la Comisión despliega un amplio conjunto de herramientas. Estas van de las medidas preventivas y de solución precoz de problemas al control proactivo y a la ejecución específica. A continuación se describe el modo en que se reforzarán las actuales medidas de apoyo.

Las infracciones del Derecho de la UE no son cuestiones menores y deben debatirse en un nivel adecuadamente alto y de forma oportuna. Se alienta la organización de reuniones bilaterales de alto nivel entre la Comisión y los Estados miembros para discutir de forma proactiva el cumplimiento del Derecho de la UE; estas reuniones serán más sistemáticas y cubrirán toda la gama de ámbitos legislativos. Por ejemplo, tal y como se prevé en la Estrategia para el Mercado Único (12), la Comisión organizará diálogos con los Estados miembros para abordar la cuestión del cumplimiento. Esos diálogos pueden referirse tanto a casos de infracción como a cuestiones más amplias en materia de cumplimiento.

La Comisión seguirá sirviéndose de los diversos comités y grupos de expertos ya existentes, así como del valioso apoyo de las agencias europeas, para fomentar la aplicación y evaluar su cumplimiento práctico. Los debates en estos foros han demostrado ser una forma eficaz de conseguir el compromiso de los Estados miembros con la ejecución del Derecho de la UE y constituyen la expresión del principio fundamental de cooperación leal entre la Comisión y los Estados miembros. Además, el diálogo sobre el cumplimiento de disposiciones específicas del Derecho de la UE, que constituye también una condición previa del uso efectivo de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE (13), contribuya a garantizar la plena y oportuna transposición del Derecho de la UE.

Las infracciones deben tratarse en el más breve plazo posible. La Comisión y los Estados miembros deben proceder con rapidez a investigar los incumplimientos de la ley. El diálogo estructurado para la resolución de problemas entre la Comisión y los Estados miembros, denominado «EU Pilot», se estableció para resolver rápidamente las posibles infracciones del Derecho de la UE en una fase temprana en los casos apropiados. No se trata de añadir una nueva fase prolongada al procedimiento de infracción, que es ya en sí mismo un medio de entablar un diálogo con el Estado miembro de que se trate para solucionar un problema. Por lo tanto, la Comisión incoará los procedimientos de infracción sin apoyarse en el mecanismo de resolución de problemas «EU Pilot», a menos que el recurso al mismo se considere de utilidad en un caso determinado (14).

La Comisión se propone estimular y ayudar a los Estados miembros a mejorar su capacidad para hacer cumplir el Derecho de la UE y proporcionar vías de recurso para garantizar que los usuarios finales del Derecho...