Adquisiciones sociales — Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas — 2.a edición

• Section: Serie C

18.6.2021 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 237/1

Introducción 4

Capítulo 1 Definición, finalidad y beneficios de la contratación pública socialmente responsable 4

1.1 La contratación pública socialmente responsable y su definición 4

1.2. Establecer objetivos sociales y aplicarlos a la contratación pública 6

1.3. Finalidad y beneficios de la CPSR 9

1.4. Vínculos con la legislación y las políticas internacionales y de la UE 11

Capítulo 2 Una estrategia organizativa para las adquisiciones sociales 16

2.1. Introducir la CPSR en la agenda 16

2.2. Definir los objetivos 17

2.3. Celebrar consultas con las partes interesadas 17

2.4. Evaluar los riesgos, clasificar los contratos en función de su relevancia y establecer metas 20

2.5. Integrar la CPSR en los procedimientos y las políticas de contratación pública 22

2.6. Controlar y revisar los avances 23

Capítulo 3 Determinar las necesidades y planificar la contratación pública 25

3.1. El papel de la evaluación de las necesidades en la CPSR 25

3.2 Diálogo con el mercado 27

3.3 ¿Qué tipo de contrato 31

3.4 Elegir un procedimiento 33

3.5 Definir e impugnar las especificaciones 35

3.6 Usar campos opcionales en los formularios normalizados 35

Capítulo 4 El procedimiento de contratación pública 36

4.1. Definir el objeto del contrato e identificar las normas pertinentes 36

4.2. El régimen simplificado 38

4.3. Reservas 41

4.4. Especificaciones técnicas 43

4.5. Cumplimiento del Derecho social y laboral y de los convenios colectivos 46

4.6. Criterios de exclusión y selección 48

4.7. Criterios de adjudicación 51

4.8. Evaluar las ofertas y verificar los compromisos 54

4.9. Ofertas anormalmente bajas 57

Capítulo 5 Definir y hacer cumplir las condiciones de los contratos 58

5.1. Hacer realidad los compromisos en materia de CPSR 58

5.2. Condiciones de ejecución de un contrato 59

5.3. Contratos por resultados sociales 63

5.4. Supervisar el cumplimiento 64

5.5. Subcontratar 65

5.6. Lidiar con los problemas 67

5.7. Aprender de cara a futuros contratos 68

La segunda edición de la guía se ha compilado en el marco del contrato n.o SI2.801176 – 728/PP/GRO/SME/18/D/021a entre la Comisión Europea y los Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), con el apoyo de Public Procurement Analysis (PPA). Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán considerarse responsables del uso que pudiera hacerse de la información contenida en la presente publicación. Aviso importante El objetivo de la guía es ayudar a los compradores públicos y fomentar buenas prácticas. Constituye un documento no vinculante que no afecta a los derechos y las obligaciones contemplados en la legislación de la Unión Europea. Está sujeto a la evolución de las prácticas de contratación pública y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sigue siendo el único organismo competente para interpretar de forma vinculante el Derecho de la Unión. Los conceptos, las ideas y las soluciones propuestos en el presente documento se entienden sin perjuicio de la legislación nacional y es posible que deban adaptarse para tener en cuenta el marco jurídico nacional. Si bien la información contenida en esta guía se ha comprobado minuciosamente, la Comisión Europea no asume responsabilidad alguna en relación con los casos específicos que en ella se mencionan. Se puede encontrar más información sobre la Unión Europea en internet (http://europa.eu).

— oportunidades laborales para los jóvenes y trabajadores de más edad;

— la igualdad de género (por ejemplo, facilitando la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, reduciendo la segregación sectorial y ocupacional (16), y garantizando la igualdad de trato en el puesto de trabajo);

— oportunidades laborales para las personas en situación de exclusión social por ser paradas de larga duración, carecer de hogar, sufrir discriminación o ser vulnerables por otros motivos;

— oportunidades de participación social y empleo para las personas con discapacidad, entre otras cosas mediante entornos de trabajo inclusivos y accesibles;

— la mejora de las políticas en materia de diversidad, la inclusión social y las oportunidades laborales para personas de colectivos desfavorecidos (por ejemplo, trabajadores migrantes, personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas, minorías religiosas, personas con un nivel educativo bajo, y personas en riesgo de sufrir pobreza y exclusión social), y

— oportunidades de formación complementaria y reciclaje profesional para todos los trabajadores.

— un empleo seguro,

— unos salarios justos,

— unas condiciones de trabajo seguras,

— la protección social,

— la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres,

— la igualdad de género y la no discriminación a la hora de acceder al empleo,

— el diálogo social, y

— la protección de los derechos en el trabajo.

— cumplan las obligaciones aplicables en los ámbitos del Derecho social y laboral establecidas por el Derecho nacional, el Derecho de la Unión y los convenios colectivos celebrados con arreglo a este último;

— cumplan los convenios fundamentales de la OIT;

— respeten el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, incluido el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un trabajo de igual valor (24), y promuevan la igualdad de género (25);

— cumplan las leyes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y

— luchen contra la discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, origen racial o étnico, religión o credo y orientación sexual, entre otros factores, y ofrezcan igualdad de oportunidades.

— Deben esforzarse por que se reconozcan las necesidades de las personas con discapacidad e implicaras en el proceso de compra. En el capítulo 3 de esta guía se tratan la evaluación de las necesidades y la colaboración de los proveedores para garantizar servicios públicos efectivos que tengan en cuenta los objetivos de inclusión social y profesional y las necesidades específicas de sus usuarios.

— Deben tener en cuenta la accesibilidad en las especificaciones técnicas (29), a fin de que las personas con discapacidad puedan acceder, por ejemplo, a servicios públicos, edificios públicos, medios de transporte público, información pública y bienes y servicios informáticos, incluidas aplicaciones web.

— Pueden utilizar criterios de adjudicación que premien a las ofertas con un nivel de accesibilidad superior al establecido en las especificaciones técnicas.

— Pueden incluir además cláusulas de ejecución que garanticen que los servicios adquiridos se proporcionen de tal modo que el resultado sea accesible, partiendo de una estrategia de diseño universal.

— aumentando la transparencia en las cadenas de suministro mediante el control de los subcontratistas y los subsubcontratistas, entre otros medios;

— analizando los riesgos concretos presentes en las cadenas de suministro;

— exigiendo a los contratistas y los subcontratistas que adopten medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores en la cadena de suministro y encarar las violaciones de los derechos humanos que pudieran ocurrir o que se detecten en el proceso de producción, y

— fomentando que los proveedores adopten códigos de conducta estrictos en materia de responsabilidad social.

Establecimiento y logro de metas de CPSR inteligentes en Nantes (Franci

1. Objetivo de la contratación El área metropolitana de Nantes lleva implementando prácticas de contratación pública socialmente responsable desde 2001. En 2017 se adoptó un Plan de Promoción de las Compras Responsables (SPAR, por sus siglas en francés) con el fin de reforzar la coherencia de las numerosas iniciativas desarrolladas en los quince años anteriores, así como los vínculos entre las actividades de contratación y las iniciativas en favor de las pymes. Estrategia El SPAR creó una guía interna para la contratación pública responsable que puso de relieve los métodos prácticos y el apoyo disponibles en el ámbito local, y designó una estructura de gobernanza del SPAR encargada de supervisar el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de medidas de contratación responsable: — A nivel político, se informa a todos los miembros electos relevantes del consejo metropolitano de las futuras inversiones para acordar conjuntamente sus cláusulas sociales y medioambientales. Estos miembros también evalúan periódicamente el impacto del SPAR.

   — A nivel técnico, el equipo de contratación pública colabora con una red de embajadores de responsabilidad social de las empresas (RSE) en cada dirección. Los compradores ayudan a las direcciones operativas a integrar las cláusulas sociales y medioambientales en sus compras y a evaluar la calidad de las ofertas recibidas.

   — Se han añadido cláusulas de inclusión en 143 contratos de obras y en 1 918 de servicios, gracias a lo cual personas que se enfrentan a obstáculos para acceder al mercado laboral han trabajado 326 448 horas.

   — Se ha centrado la atención en diversificar los contratos con cláusulas de inclusión con el objetivo de que lleguen a más personas (por ejemplo, los contratos de obras llegan a más hombres desempleados que mujeres).

   — Se han añadido cláusulas relacionadas con la lucha contra la discriminación en varios contratos de prueba, gracias a lo cual se concedió a Nantes la etiqueta Diversidad, que reconoce a aquellas entidades que se esfuerzan por prevenir la discriminación y promover la diversidad mediante su gestión de los recursos humanos.

   — Se han utilizado contratos reservados, con los que Nantes puede restringir, cuando procede, una licitación a talleres protegidos.

   — tengan acceso a información por escrito sobre los elementos esenciales de su trabajo desde el comienzo de la relación laboral;

   — no sean sometidos a períodos de prueba de más de seis meses de duración, salvo en circunstancias excepcionales;

   — puedan buscar un empleo adicional sin ser sometidos a un trato desfavorable, quedando prohibidas las...