Asunto T-290/16: Recurso interpuesto el 7 de junio de 2016 — Fruits de Ponent/Comisión

• Section: información judicial

25.7.2016 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 270/64

Lengua de procedimiento: español

Demandante: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, España) (representantes: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset, abogados)

Demandada: Comisión Europea

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Condene a la Comisión Europea a reparar el daño sufrido por Escarp. S.C.P., Agropecuaria Sebcar, S.L. y Rusfal 2000, S.L., como consecuencia de sus acciones y omisiones en relación con las perturbaciones que sufrieron los mercados de melocotones y nectarinas durante la campaña de 2014 y, en particular por la adopción del Reglamento Delegado (UE) no 913/2014 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) no 932/2014.

— Condene a la Comisión Europea a abonar: — A Escarp, S.C.P., una cantidad de 121 085,11 euros, más los intereses compensatorios y de demora correspondientes.

— A Agropecuaria Sebcar, S.L., una cantidad de 162 540,46 euros, más los intereses compensatorios y de demora correspondientes.

— A Rusfal 2000, S.L., una cantidad de 28 808,99 euros, más los intereses compensatorios y de demora correspondientes.

— Condene en costas a la Comisión Europea.

La presente demanda tiene por objeto la reparación del perjuicio supuestamente sufrido a causa de las acciones y omisiones de la Comisión Europea ante las perturbaciones que sufrieron los mercados de melocotones y nectarinas durante la campaña de 2014 y, en particular, pero no exclusivamente, por la adopción de los Reglamentos Delegados (UE) no 913/2014 (1) y no 932/2014 (2).

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo, en el que se alega que se cumplen las condiciones impuestas por la jurisprudencia comunitaria para reconocer el derecho a reparación en sede de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea.

A este respecto se alega, en primer lugar, que mediantes sus acciones y omisiones la Comisión ha cometido una violación suficientemente caracterizada de normas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares, como son el principio del deber de diligencia, los principios de asistencia y protección, el principio de buena administración, recogido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en última instancia el principio de interdicción de la arbitrariedad.

Ello es así en la medida en que, al adoptar medidas para evitar las perturbaciones de los...