Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 16 February 2023.

• Jurisdiction: European Union
• Celex Number: 62021CC0216
• ECLI: ECLI:EU:C:2023:116
• Date: 16 February 2023
• Court: Court of Justice (European Union)

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NICHOLAS EMILIOU

presentadas el 16 de febrero de 2023 (1)

Asunto C‑216/21

Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»,

YN

contra

Consiliul Superior al Magistraturii

[Petición de decisión prejudicial de la Curtea de Apel Ploieşti (Tribunal Superior de Ploieşti, Rumanía)]

«Procedimiento prejudicial — Decisión 2006/928/CE — Mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción — Artículo 2 TUE — Estado de Derecho — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Independencia judicial — Medida nacional por la que se modifican las normas de promoción de jueces de órganos jurisdiccionales inferiores»

I. Introducción

1. «No solo debe impartirse justicia, sino que también ha de parecerlo». A menudo se cita esta célebre máxima en relación con los problemas de independencia judicial, ya que el núcleo de estos problemas estriba en la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar en el público. (2)

2. En 2019, la Sección para Jueces del Consiliul Superior al Magistraturii (Consejo Superior de la Magistratura, Rumanía; en lo sucesivo, «CSM») aprobó un Reglamento nacional de reforma del procedimiento de promoción aplicable a los jueces de los órganos jurisdiccionales inferiores de Rumanía (en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»). (3) Los demandantes en el litigio principal, la «Asociaţia Forumul Judecătorilor din România» (asociación «Foro de Jueces de Rumanía»; en lo sucesivo, «Foro de Jueces de Rumanía») e YN, solicitan la anulación parcial de dicha Decisión a la Curtea de Apel Ploieşti (Tribunal Superior de Ploieşti, Rumanía), que es el tribunal remitente en el presente asunto.

3. Alegan que la reforma introducida por el Reglamento impugnado es problemática, en la medida en que, según ellos, el procedimiento de promoción aplicable a los jueces de los órganos jurisdiccionales nacionales inferiores está a cargo de los presidentes y miembros de los Tribunales Superiores en los que han de proveerse las vacantes y se basa en criterios subjetivos y discrecionales, en lugar de en una evaluación objetiva de los candidatos en ese procedimiento basada únicamente, como ocurría antes de la adopción del Reglamento impugnado, en los resultados obtenidos en un examen escrito.

4. Mediante la presente petición de decisión prejudicial, el tribunal remitente pregunta sobre la compatibilidad de esta reforma con el principio de independencia judicial que resulta, en su opinión, del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») (derecho fundamental a un juicio justo) y del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo (derecho a la tutela judicial efectiva), así como de la defensa del Estado de Derecho en el sentido del artículo 2 TUE.

5. En resumen, por las razones que expondré a continuación, opino que modificaciones legislativas como las introducidas por el Reglamento impugnado no violan el principio de independencia judicial.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

6. De conformidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, «los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión».

7. El artículo 47 de la Carta, titulado «Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial», dispone, en su párrafo segundo:

«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. […]»

B. Derecho rumano

8. La Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Ley n.º 303/2004 sobre el estatuto de jueces y fiscales), de 28 de junio de 2004, publicada de nuevo en el Monitorul Oficial al României, Partea I, (Diario Oficial de Rumanía, Parte I) n.º 826 de 13 de septiembre de 2005 (en lo sucesivo, «Ley n.º 303/2004»), fue modificada y completada por la Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Ley n.º 242/2018 por la que se modifica y completa la Ley n.º 303/2004 sobre el estatuto de jueces y fiscales), de 12 de octubre de 2018, Monitorul Oficial al României, Partea I, n.º 868 de 15 de octubre de 2018 (en lo sucesivo, «Ley n.º 242/2018»), que entró en vigor el 18 de octubre de 2018.

9. En virtud de la Ley n.º 242/2018 se introdujeron los artículos 46¹ y 46³ en la Ley n.º 303/2004. Con arreglo a tales disposiciones, los jueces y fiscales únicamente podrán ser promovidos a través de concursos nacionales en los que se evaluarán el desempeño y la conducta profesionales de los candidatos en los tres años inmediatamente anteriores al procedimiento de promoción. Las normas específicas reguladoras de la organización y desarrollo de estos procedimientos de promoción han de establecerse mediante reglamentos adoptados por la Sección para Jueces o por la Sección para Fiscales del CSM, según los casos.

10. El Reglamento impugnado, que establece normas sobre la organización y el desarrollo de los concursos para la promoción interna de los jueces, fue adoptado en virtud de los artículos 46¹ a 46³ de la Ley n.º 303/2004. Dicho Reglamento fue aprobado por la Decisión n.º 1348 de la Sección para Jueces del CSM, de 17 de septiembre de 2019.

III. Hechos, procedimiento nacional y cuestiones prejudiciales

11. Mediante demanda presentada el 12 de noviembre de 2019, los demandantes en el procedimiento principal solicitaron a la Curtea de Apel Ploieşti (Tribunal Superior de Ploieşti) la anulación parcial de la Decisión n.º 1348 de la Sección para Jueces del CSM, de 17 de septiembre de 2019, por la que se aprobó el Reglamento impugnado. Alegan que el citado Reglamento vulnera el principio de independencia judicial y se adoptó desatendiendo las recomendaciones formuladas en varios informes emitidos por la Comisión Europea conforme al «Mecanismo de Cooperación y Verificación» (en lo sucesivo, el «MCV»), establecido en el contexto de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea.

12. Sostienen, en primer lugar, que el Reglamento impugnado confiere un poder excesivo a los presidentes de los Tribunales Superiores, ya que la comisión de selección que se encarga del desarrollo del procedimiento de promoción está integrada por el presidente del correspondiente Tribunal Superior y otros miembros de dicho tribunal, que son nombrados para la comisión de selección a propuesta del órgano de gobierno del Tribunal Superior (del que también forma parte el presidente). Los miembros de la comisión de selección se encargan, en la práctica, de resolver los recursos interpuestos contra las sentencias que dictan los candidatos mientras estos ejercen en los órganos jurisdiccionales inferiores y llevan a cabo evaluaciones periódicas del desempeño de los candidatos como jueces cuando, en su caso, son promovidos a los Tribunales Superiores. (4)

13. En segundo lugar, aducen que el procedimiento de promoción introducido por ese Reglamento da demasiada preponderancia a una evaluación subjetiva de las actividades y conducta de los candidatos en los tres años inmediatamente anteriores a su participación en dicho procedimiento. En el marco de esa evaluación, la comisión de selección solo revisa un pequeño número de las resoluciones dictadas por el candidato. Además, el éxito de los candidatos en el procedimiento de promoción depende, no de sus méritos, sino de las opiniones subjetivas de esa comisión acerca de los candidatos y de los juicios de valor expresados por los colegas de los candidatos en cuanto a su conducta.

14. En opinión de los demandantes del litigio principal, las modificaciones introducidas por el Reglamento impugnado pueden generar actitudes de subordinación jerárquica ante los miembros de los Tribunales Superiores, ya que los candidatos, para conseguir una promoción, se ven incentivados a mostrar servilismo hacia los presidentes y los otros miembros de los Tribunales Superiores que forman parte de las comisiones de selección.

15. Al albergar dudas acerca de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la reforma introducida por el Reglamento impugnado, la Curtea de Apel Ploieşti (Tribunal Superior de Ploieşti) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe considerarse el [MCV] como un acto adoptado por una institución de la Unión Europea, en el sentido del artículo 267 TFUE, que puede estar sujeto a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Están comprendidos el contenido, el carácter y la extensión temporal del MCV en el ámbito de aplicación del Tratado de Adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea? (5) ¿Tienen carácter obligatorio para el Estado rumano las exigencias formuladas en los informes elaborados en el marco del MCV?

2) ¿Puede interpretarse el principio de independencia de los jueces, consagrado por el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al artículo 2 TUE, en el sentido de que también se aplica a los procedimientos relativos a la promoción interna de los jueces?

3) ¿Vulnera este principio el establecimiento de un sistema de promoción al órgano jurisdiccional superior basado exclusivamente en una evaluación sumaria de la actividad y de la conducta profesional, efectuada por una comisión integrada por el presidente del órgano jurisdiccional de control judicial y por jueces de este último, que realizan separadamente, además de la evaluación periódica de los jueces, tanto la...