Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Revisión de la gobernanza económica

SectionSerie C

2.2.2021 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 37/28

Ponente: Elio DI RUPO (BE/PSE), ministro-presidente de Valonia Documento de referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Revisión de la gobernanza económica COM(2020) 55 final

  1. se congratula de la presentación por parte de la Comisión Europea, el pasado 5 de febrero, de su Comunicación sobre la «Revisión de la gobernanza económica» y de la predisposición que muestra a una reforma de las normas económicas y presupuestarias;

  2. se congratula de que la Comisión Europea haya presentado el 20 de marzo de 2020 su propuesta de hacer uso —por primera vez en la historia de la zona del euro— de la cláusula general de salvaguardia, ya prevista en el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), con el fin de reforzar las medidas presupuestarias de emergencia en respuesta a la pandemia de COVID-19;

  3. considera que esta cláusula general de salvaguardia debe permanecer vigente hasta que se conozcan en su totalidad las consecuencias financieras y presupuestarias de la crisis de la COVID-19, en lo que respecta tanto al déficit como a la deuda de los Estados miembros. Esta misma lógica debería prevalecer en la posible supresión gradual a escala europea del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal, la cual solo puede plantearse en un contexto macroeconómico estabilizado y tras un debate contradictorio entre la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo;

  4. señala además que, según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia podría prolongarse durante los dos próximos años y que es probable que el desarrollo de vacunas o medicamentos eficaces solo se logre en 2021;

  5. observa además que, más allá del impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19, el contexto económico y financiero ha cambiado profundamente desde la última reforma del PEC en 2013: los tipos de interés están en niveles históricamente bajos, y el coste real del endeudamiento público es negativo en muchos países, cuando a principios de la década se situaba en promedio en torno a un 3 % en la zona del euro;

  6. considera, por lo tanto, que la Comisión debería efectuar un nuevo análisis completo y detallado de la situación en cada uno de los Estados miembros y reexaminar el proyecto de «Revisión de la gobernanza económica»;

  7. señala que el marco europeo de gobernanza económica tiene un notable impacto en todos los niveles de gobierno, y de forma más especial en las administraciones locales y regionales, que son responsables de casi un tercio del gasto público y de más de la mitad de la inversión pública en el conjunto de la Unión Europea, con importantes divergencias entre los Estados miembros (1);

  8. considera que el PEC y los demás elementos del actual marco europeo de gobernanza económica presentan en la actualidad cuatro fallos importantes: i) efectos procíclicos: un Estado miembro cuya economía esté en recesión puede verse obligado a reducir su gasto, con el consiguiente riesgo de que dicha recesión se agrave aún más, pese a la flexibilidad en función de la situación económica introducida mediante la Comunicación interpretativa de 2015 (2), que es insuficiente. Esta prociclicidad se ha notado en especial en la inversión pública, que con demasiada frecuencia ha desempeñado el papel de variable de ajuste de las políticas de austeridad; ii) complejidad: la multiplicidad de objetivos, la flexibilidad, las excepciones, las cláusulas reservativas y las diferencias entre las situaciones que se han de tener en cuenta han dado lugar a un marco excesivamente complejo y técnico, basado además en indicadores que no son observables de manera directa, como el déficit estructural y la brecha de producción; iii) falta de eficacia: si bien los déficits excesivos prácticamente habían desaparecido en 2018, la evolución de la deuda, por su parte, era mucho menos favorable, antes incluso del impacto fiscal provocado por la crisis del coronavirus en 2020. El número de Estados miembros que superan el límite del 60 % ha aumentado de nueve en 2008 a catorce en 2018 (3). La aplicación de sanciones financieras no resulta creíble, ya que sería contraproducente; iv) falta de transparencia y legitimidad: la complejidad y el carácter técnico del marco de gobernanza económica hacen que resulte opaco. Ni el Parlamento Europeo, ni los entes locales y regionales, ni la sociedad civil y las otras partes interesadas intervienen realmente. Por otra parte, el marco actual no establece una correlación entre las respectivas responsabilidades de los niveles de gobernanza en la aplicación del PEC, y únicamente prevé una responsabilidad colectiva nacional sin tener en cuenta la gestión presupuestaria efectiva en los distintos niveles. Estos defectos estructurales del marco vigente, unidos a sus efectos no deseados y su falta de eficacia, han supuesto un grave perjuicio para su legitimidad, especialmente en los Estados más afectados por la crisis de la zona del euro y sujetos a medidas de condicionalidad, lo que ha propiciado un rechazo hacia...

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