The Queen, on the application of International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) and Others v Secretary of State for Transport.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtMalenovský
ECLIECLI:EU:C:2007:689
Date20 November 2007
Docket NumberC-308/06
Procedure TypeReference for a preliminary ruling

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 20 de noviembre de 2007 1(1)

Asunto C‑308/06

The International Association of Independent Tanker Owners y otros

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido)]

«Directiva 2005/35/CE – Contaminación procedente de buques – Negligencia grave – Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Marpol)»





I. Introducción

1. En el presente asunto procede examinar si las disposiciones de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones, (2) son compatibles con normas de rango superior.

2. La International Association of Independent Tanker Owners (en lo sucesivo, «Intertanko»), la International Association of Dry Cargo Shipowners (en lo sucesivo, «Intercargo»), el Greek Shipping co-operation committee, Lloyd’s Register y la International Salvage Union (en lo sucesivo, «demandantes») presentaron juntos una demanda ante la High Court of Justice contra el Ministro de transportes británico por la proyectada adaptación del Derecho interno a la Directiva. Las sociedades citadas son asociaciones importantes de la industria del transporte internacional por vía marítima. Intertanko representa casi al 80 % de la flota mundial de petroleros.

3. Se discute si los artículos 4 y 5 de la Directiva 2005/35 son compatibles con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 (3) (en lo sucesivo, «Convención sobre el Derecho del Mar»), a la que se adhirió la Comunidad en 1998, (4) y con el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973 y su protocolo de 1978 (5) (en lo sucesivo, «Marpol 73/78»). Dichas disposiciones regulan la responsabilidad penal por infracciones por descargas. Las dudas resultan sobre todo del hecho evidente de que la Directiva contiene un criterio de responsabilidad más severo que el Marpol 73/78. Según la Directiva, es suficiente, en particular, la negligencia grave, mientras que el Marpol 73/78 exige al menos la concurrencia de imprudencia temeraria, así como el conocimiento de que con toda probabilidad iba a producirse una avería.

4. Además, se plantea la pregunta de si el criterio de responsabilidad por negligencia grave es compatible con el principio de seguridad jurídica.

II. Marco jurídico

A. Normativa comunitaria

5. La Directiva 2005/35 se basa en el artículo 80 CE, apartado 2, que es el fundamento jurídico para medidas relacionadas con el tráfico marítimo.

6. Los motivos para la adopción de la Directiva se desprenden en particular de sus considerandos segundo y tercero:

«(2) Las normas materiales que se aplican en todos los Estados miembros sobre descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques están basadas en el Convenio Marpol 73/78; sin embargo, dichas normas son incumplidas a diario por un número muy elevado de buques que navegan por aguas comunitarias, sin que se adopten medidas correctoras.

(3) La aplicación del Convenio Marpol 73/78 no es homogénea en los Estados miembros, por lo que es necesaria una armonización de su aplicación a escala comunitaria. Se observan, en particular, diferencias significativas en la práctica de los Estados miembros en materia de imposición de sanciones por descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques.»

7. El artículo 3 regula el ámbito de aplicación de la Directiva:

«1. La presente Directiva se aplicará, de conformidad con el Derecho internacional, a las descargas de sustancias contaminantes realizadas en:

a) las aguas interiores de los Estados miembros, incluidos sus puertos, siempre que sea aplicable el régimen Marpol;

b) las aguas territoriales de un Estado miembro;

c) los estrechos utilizados para [la] navegación internacional sujetos al régimen de paso en tránsito, según lo establecido en la parte III, sección 2, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en la medida en que un Estado miembro ejerza jurisdicción sobre ellos;

d) la zona económica exclusiva o la zona equivalente de un Estado miembro, establecida de conformidad con el Derecho internacional, y

e) alta mar.

2. La presente Directiva se aplicará a las descargas de sustancias contaminantes procedentes de todo buque, con independencia del pabellón que enarbole, excepto si se trata de buques de guerra, unidades navales auxiliares u otros buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a su servicio, sólo presten por el momento servicios gubernamentales de carácter no comercial.»

8. En el presente asunto se cuestiona la legalidad de los artículos 4 y 5, que tienen el siguiente tenor:

«Artículo 4

Infracciones

Los Estados miembros velarán por que las descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques realizadas en cualquiera de las zonas enumeradas en el artículo 3, apartado 1, se consideren infracciones si se han cometido de forma intencional, con imprudencia temeraria o negligencia grave. Estas infracciones se consideran delictivas con arreglo a las disposiciones de la Decisión marco 2005/667/JAI, que complementa la presente Directiva, y en las circunstancias previstas en dicha Decisión.

Artículo 5

Excepciones

1. Las descargas de sustancias contaminantes realizadas en cualquiera de las zonas mencionadas en el artículo 3, apartado 1, no se considerarán infracciones siempre que cumplan las condiciones establecidas en las reglas 9, 10 y 11, letras a) y c), del anexo I, o en las reglas 5 y 6, letras a) y c), del anexo II del Marpol 73/78.

2. Las descargas de sustancias contaminantes realizadas en las zonas mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letras c), d) y e), no se considerarán infracciones por parte del armador, del capitán del buque ni de la tripulación, cuando ésta actúe bajo la responsabilidad del capitán, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la regla 11, letra b), del anexo I, o en la regla 6, letra b), del anexo II del Marpol 73/78.»

B. Derecho internacional

1. Convención sobre el Derecho del Mar

9. La Convención sobre el Derecho del Mar contiene normas sobre la sanción de la contaminación marina.

10. El artículo 211, apartado 1, primera frase, prevé el desarrollo de estándares internacionales de protección ambiental:

«Los Estados, actuando por conducto de la organización internacional competente o de una conferencia diplomática general, establecerán reglas y estándares de carácter internacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por buques y promoverán la adopción, del mismo modo y siempre que sea apropiado, de sistemas de ordenación del tráfico destinados a reducir al mínimo el riesgo de accidentes que puedan provocar la contaminación del medio marino, incluido el litoral, o afectar adversamente por efecto de la contaminación a los intereses conexos de los Estados ribereños.»

11. Del artículo 211, apartado 5, resultan competencias normativas de los Estados ribereños respecto de sus zonas económicas exclusivas:

«Para prevenir, reducir y controlar la contaminación causada por buques, a los efectos de la ejecución prevista en la sección 6, los Estados ribereños podrán dictar, respecto de sus zonas económicas exclusivas, leyes y reglamentos que sean conformes y den efecto a las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados y establecidos por conducto de la organización internacional competente o de una conferencia diplomática general.»

12. Según el artículo 42, apartado 1, letra b), a los estrechos se aplicarán disposiciones similares a las de la zona económica exclusiva:

«1. Con sujeción a las disposiciones de esta sección, los Estados ribereños de estrechos podrán dictar leyes y reglamentos relativos al paso en tránsito por los estrechos, respecto de todos o algunos de los siguientes puntos:

[…];

b) La prevención, reducción y control de la contaminación, llevando a efecto las reglamentaciones internacionales aplicables relativas a la descarga en el estrecho de hidrocarburos, residuos de petróleo y otras sustancias nocivas;

[…]»

13. En principio, el artículo 89 excluye las competencias normativas de los Estados individualmente para la alta mar:

«Ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía.»

14. Sin embargo, el artículo 218, apartado 1, prevé la sanción de descargas por los Estados del puerto:

«Cuando un buque se encuentre voluntariamente en un puerto o en una instalación terminal costa afuera de un Estado, ese Estado podrá realizar investigaciones y, si las pruebas lo justifican, iniciar procedimientos respecto de cualquier descarga procedente de ese buque, realizada fuera de las aguas interiores, el mar territorial o la zona económica exclusiva de dicho Estado, en violación de las reglas y estándares internacionales aplicables establecidos por conducto de la organización internacional competente o de una conferencia diplomática general.»

15. En el mar territorial son aplicables otras disposiciones. El artículo 2 regula la soberanía del Estado ribereño en dicha zona.

«1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial.

2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar.

3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional.»

16. El artículo 211, apartado 4, contiene una regulación general relativa a las...

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