Prólogo

• Author: Javier Burón Cuadrado
• Profession: Eduardo González de Molina
• Pages: 5-8

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PRÓLOGO

Algo tan aparentemente sencillo como disponer de vivienda resulta para las Administraciones

públicas harto complicado. La gestión local de la vivienda conlleva intervenir en el merca-

do inmobiliario a través de una panoplia de instrumentos: 1) la producción y procesamiento

de información estadística para hacer políticas basadas en la evidencia; 2) la planificación

estratégica de la vivienda utilizando instrumentos, presupuestos y horizontes temporales de

largo plazo; 3) la colaboración con la justicia y los servicios sociales para gestionar el registro

de demandantes de vivienda, los programas de ayuda al alquiler y disponer de una respuesta

efectiva ante situaciones de desahucio; 4) el suministro de suelo y vuelo desde la planificación

urbanística; 5) los instrumentos presupuestarios, financieros y fiscales necesarios para desa-

rrollar una política de vivienda sostenida y sostenible en el tiempo, que obligan al poder local

a negociar y hacer lobby constantemente con el resto de niveles de gobierno; 6) la provisión

de vivienda social y asequible, a través de la promoción —bien directa pública o delegada

con colaboradores privados—, la compra o la movilización de vivienda vacía, que permita dis-

poner de un parque de vivienda a precio social y asequible, suficientemente grande para ser

un actor con capacidad de influir en el mercado; 7) los convenios y ayudas de rehabilitación,

con dimensiones sociales y medioambientales claras, y 8) las labores de control y prevención

que deben ejercer las Administraciones en virtud de su potestad sancionadora para que la

normativa de vivienda se cumpla.

A esta complejidad de gestión en materia de vivienda se añade la complejidad de su

gobernanza multinivel. En la distribución horizontal, las competencias en materia de vivienda

se sustancian principalmente entre las áreas de urbanismo, servicios sociales y vivienda; mien-

tras que, en la distribución vertical, las competencias de vivienda se reparten entre los cuatro

niveles de gobierno —comunitario, estatal, autonómico y local— de forma dispersa y poco

coherente, de tal manera que se impide el desarrollo de una política de vivienda vigorosa,

coherente y sólida.

Esto es así en la medida en que nos encontramos que, si bien son las comunidades autóno-

mas (CCAA) las que han asumido constitucionalmente en exclusiva la competencia de vivienda

(art. 148.1.3 CE), la Administración General del Estado (AGE) también participa de la política de

vivienda en tanto posee la competencia sobre las bases de la planificación y coordinación de la

actividad económica (art. 149.1.13 CE). El Ministerio de Fomento materializa esas atribuciones

en sus Planes Estatales de Vivienda, que dota de objetivos y presupuesto a la actuación de las

CCAA, que son las encargadas de implementar y gestionar dichas ayudas y programas. Más

allá de que este uso de un título competencial estatal (economía) pueda estar siendo usado

ultra vires para intervenir en otro título competencial autonómico (vivienda), la AGE tiene

otras competencias regulatorias en materias tan importantes para la vivienda como la Ley de

Ponce Solé, J. El derecho de la Unión Europea y la vivienda. INAP-McGraw-Hill, Madrid, 2019.