W. J. contra L. J. et J. J. reprezentowani przez przedstawicielkę ustawową A. P.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2022:371
Date12 May 2022
Docket NumberC-644/20
Celex Number62020CJ0644

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 12 de mayo de 2022 (*)

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de obligaciones alimenticias — Determinación de la ley aplicable — Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias — Artículo 3 — Residencia habitual del acreedor — Momento en el que se determina la residencia habitual — Retención ilícita de un menor»

En el asunto C‑644/20,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunal Regional de Poznan, Polonia), mediante resolución de 10 de noviembre de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de noviembre de 2020, en el procedimiento entre

W. J.

y

L. J. y J. J., legalmente representados por A. P.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y J.‑C. Bonichot, y las Sras. L. S. Rossi (Ponente) y O. Spineanu-Matei, Jueces;

Abogado General: Sr. A. M. Collins;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno francés, por las Sras. A. Daniel y A.‑L. Desjonquères, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. D. Milanowska y los Sres. M. Wilderspin y W. Wils, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3 del Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias, aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2009/941/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 331, p. 17; en lo sucesivo, «Protocolo de La Haya»).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre W. J., por una parte, y L. J. y J. J., sus dos hijos menores, legalmente representados por A. P., su madre, por otra parte, en relación con la reclamación del pago de una pensión alimenticia a W. J.

Marco jurídico

Convenio de La Haya de 1980

3 El artículo 12, párrafos primero y segundo, del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya de 1980»), dispone:

«Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un período inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor.

La autoridad judicial o administrativa, aun en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente.»

4 El artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 establece:

«No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que:

a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o

b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.

La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones.

Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor.»

Derecho de la Unión

Reglamento (CE) n.º 4/2009

5 El artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1), titulado «Competencia basada en la comparecencia del demandado», dispone:

«Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia.»

6 El artículo 15 de dicho Reglamento establece:

«La ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya […] en los Estados miembros que estén vinculados por este instrumento.»

Decisión 2009/941/CE

7 Los considerandos 3 y 11 de la Decisión 2009/941/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias (DO 2009, L 331, p. 17) exponen:

«(3) El Protocolo [de la Haya] contribuye de forma valiosa a garantizar una mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los acreedores y deudores de pensiones alimenticias. La aplicación de disposiciones uniformes a la determinación de la legislación pertinente permitirá la libre circulación de las resoluciones en materia de obligaciones alimenticias en la Comunidad, sin ningún tipo de control en el Estado miembro en el que se solicita su ejecución.

[…]

(11) En aplicación de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda [respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia], anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido [de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte] no participa en la adopción de la presente Decisión, la cual no vinculará ni se aplicará al mismo.»

Protocolo de La Haya

8 El artículo 1, apartado 1, del Protocolo de La Haya establece:

«El presente Protocolo determinará la ley aplicable a las obligaciones alimenticias que derivan de una relación de familia, filiación, matrimonio o afinidad, incluyendo las obligaciones alimenticias a favor de un niño con independencia de la situación conyugal de sus padres.»

9 El artículo 2 de dicho Protocolo, titulado «Aplicación universal», dispone:

«El presente Protocolo se aplica incluso si la ley aplicable es la de un Estado no contratante.»

10 El artículo 3 del mismo Protocolo, titulado «Norma general sobre la ley aplicable», establece:

«1. Las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que este Protocolo disponga otra cosa.

2. En caso de cambio de la residencia habitual del acreedor, se aplicará la ley del Estado de la nueva residencia habitual desde el momento en que se produce el cambio.»

11 A tenor del artículo 4 del Protocolo de La Haya, titulado «Normas especiales a favor de determinados acreedores»:

«1. Las siguientes disposiciones se aplicarán en el caso de obligaciones alimenticias:

a) de los padres a favor de sus hijos;

[…]

2. Se aplicará la ley del foro si el acreedor no puede obtener alimentos del deudor en virtud de la ley a que se refiere el artículo 3.

[…]

4. Si el acreedor no puede obtener alimentos del deudor en virtud de las leyes a las que se refiere el artículo 3 y los apartados 2 y 3 del presente artículo, se aplicará la ley del Estado de la nacionalidad común del acreedor y deudor, si existe.»

Reglamento (CE) n.º 2201/2003

12 El artículo 1, apartado 3, letra e), del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1), indica que el Reglamento no se aplica a las obligaciones de alimentos.

13 La sección 2, titulada «Responsabilidad parental», del capítulo II de este Reglamento, capítulo que a su vez se titula «Competencia», comprende los artículos 8 a 15.

14 El artículo 8 del Reglamento, titulado «Competencia general», dispone:

«1. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.

2. El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.»

15 El artículo 10 del Reglamento n.º 2201/2003 indica lo siguiente:

«En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que residía habitualmente el menor inmediatamente antes del traslado o retención ilícitos conservarán su competencia hasta que el menor haya adquirido una residencia habitual en otro Estado miembro y:

a) toda persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya dado su conformidad al traslado o a la retención,

o bien

b)...

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