Asunto T-139/08: Recurso interpuesto el 11 de abril de 2008 — Loufrani/OAMI (half-smiley)

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Pretensiones de las partes demandantes

- Que se condene a la Comisión a pagar a cada uno de los demandantes las siguientes cantidades (excluidos los intereses), incrementadas por los costes derivados de los préstamos y cuyos importes actualizados se precisarán en la vista, en concepto de indemnización de daños y perjuicios:

Pelagic

- Cavankee Fishing Company 2 748 276,00 EUR

- Ocean Trawlers Ltd 6 740 000,00 EUR

- Mullglen Ltd. 2 690 000,00 EUR

- Eamon McHugh 3 036 187,00 EUR

- Joseph Doherty 2 640 408,00 EUR

- Brendan Gill 2 717 665,00 EUR

- Eileen Oglesby 2 994 349,00 EUR

- Noel McGing 2 444 000,00 EUR

- Larry Murphy 4 150 000,00 EUR

- Thomas Flaherty 2 140 000,00 EUR

- Pauric Conneely 1 930 000,00 EUR

Polyvalent

- Island Trawlers Limited 672 000,00 EUR

- Cathal Boyle 651 200,00 EUR

- Eugene Hannigan 125 000,00 EUR

- Peter McBride 106 848,00 EUR

- Hugh McBride 106 848,00 EUR

- Partick Fitzpatrick 177 573,00 EUR

- Patrick O'Malley

1. «Capal Ban» 205 698,00 EUR

2. «Capal Or» 496 800,00 EUR

- Cecil Sharkey 205 697,88 EUR

- Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

En el caso de autos, los demandantes interponen una acción de responsabilidad extracontractual derivada de las pérdidas que afirman haber sufrido debido a la Decisión 2003/245/CE, adoptada por la Comisión el 4 de abril de 2003 a raíz de las solicitudes presentadas por los Estados miembros (1), en la medida en que dio lugar a la desestimación de la solicitud planteada por Irlanda en relación con los buques de los demandantes. La citada Decisión fue anulada parcialmente mediante la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2006 (2).

En apoyo de sus pretensiones, los demandantes alegan que, al adoptar la Decisión anulada, la Comisión infringió una serie de normas de rango superior por las que se confieren derechos individuales, mediante un incumplimiento grave y manifiesto de la facultad de apreciación otorgada a la Comisión por el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/EC (3), tal y como declaró el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Boyle y otros/Comisión. Los demandantes señalan que la Comisión también vulneró el principio de igualdad de trato, los principios

de diligencia y de buena administración, el libre ejercicio de las actividades profesionales y el principio de proporcionalidad. Afirman que, dadas las circunstancias, el mero incumplimiento del Derecho comunitario constituye una infracción del Derecho...