NC and Others v BA and Others.
| Jurisdiction | European Union |
| ECLI | ECLI:EU:C:2023:872 |
| Date | 16 November 2023 |
| Docket Number | C-583/21,C-586/21 |
| Celex Number | 62021CJ0583 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 16 de noviembre de 2023 (*)
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad — Transmisión de una notaría — Declaración de nulidad o de improcedencia del despido de empleados — Determinación de la antigüedad para el cálculo de la indemnización — Aplicabilidad de esta Directiva — Requisitos»
En los asuntos acumulados C‑583/21 a C‑586/21,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Madrid, mediante autos de 30 de julio de 2021, recibidos en el Tribunal de Justicia el 20 de septiembre de 2021, en los procedimientos entre
NC (C‑583/21),
JD (C‑584/21),
TA (C‑585/21),
FZ (C‑586/21)
y
BA,
DA,
DV,
CG,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei, los Sres. J.‑C. Bonichot y S. Rodin (Ponente) y la Sra. L. S. Rossi, Jueces;
Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;
Secretaria: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de noviembre de 2022;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de DA, CG, DV y BA, por el Sr. C. Martínez Cebrián, abogado;
– en nombre de NC, JD, TA y FZ, por el Sr. F. Mancera Martínez y la Sra. S. L. Moya Mata, abogados;
– en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Gavela Llopis y el Sr. J. Rodríguez de la Rúa Puig, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y M. Hellmann, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B.‑R. Killmann y la Sra. S. Pardo Quintillán, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de mayo de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 2001, L 82, p. 16).
2 Estas peticiones se han presentado en el contexto de ciertos litigios entre NC, JD, TA y FZ (en lo sucesivo, conjuntamente, «NC y otros»), de una parte, y los notarios BA, DA, DV y CG, de otra, en relación con la declaración de la nulidad o de la improcedencia del despido de los trabajadores que estos notarios contrataron sucesivamente.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3 El considerando 3 de la Directiva 2001/23 presenta el siguiente tenor:
«Son necesarias disposiciones para proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos.»
4 El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23 establece lo siguiente:
«a) La presente Directiva se aplicará a [las transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) y de las siguientes disposiciones del presente artículo, se considerará [transmisión] a efectos de la presente Directiva el de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria.
c) La presente Directiva será aplicable a empresas tanto públicas como privadas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro. La reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas y el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas administrativas no constituirán [una transmisión] a efectos de la presente Directiva.»
5 El artículo 3, apartado 1, de esta Directiva preceptúa:
«Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha [de la transmisión], serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal [transmisión].
Los Estados miembros podrán establecer que, después de la fecha [de la transmisión], el cedente y el cesionario sean responsables solidariamente de las obligaciones que tuvieran su origen, antes de la fecha [de la transmisión], en un contrato de trabajo o en una relación laboral existentes en la fecha [de la transmisión].»
6 El artículo 4 de dicha Directiva es del siguiente tenor:
«1. [La transmisión] de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de estos no constituirá en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo.
[…]
2. Si el contrato de trabajo o la relación laboral se rescinde como consecuencia de que [la transmisión] ocasiona una modificación substancial de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral se considerará imputable al empresario.»
7 A tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2019, L 243, p. 9):
«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “tribunal” todo órgano judicial y todas las demás autoridades y profesionales del Derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de un órgano judicial, o actúen bajo su control, siempre que tales autoridades y profesionales del Derecho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que actúan:
a) puedan ser objeto de recurso o revisión ante un órgano judicial, y
b) tengan fuerza y efectos análogos a los de la resolución de un órgano judicial sobre la misma materia.
[…]»
8 El artículo 62 de este Reglamento dispone:
«1. El presente Reglamento crea el certificado sucesorio europeo (en lo sucesivo denominado “certificado”) que se expedirá para ser utilizado en otro Estado miembro y que producirá los efectos enumerados en el artículo 69.
2. La utilización del certificado no será obligatoria.
3. El certificado no sustituirá a los documentos internos empleados en los Estados miembros para fines similares. No obstante, una vez expedido para ser utilizado en otro Estado miembro, el certificado producirá igualmente los efectos enumerados en el artículo 69 en el Estado miembro cuyas autoridades lo hayan expedido con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.»
9 El artículo 64 del citado Reglamento preceptúa:
«El certificado será expedido en el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes en virtud de los artículos 4, 7, 10 u 11. La autoridad expedidora deberá ser:
a) un tribunal tal como se define en el artículo 3, apartado 2, u
b) otra autoridad que, en virtud del Derecho nacional, sea competente para sustanciar sucesiones mortis causa.»
10 El artículo 67, apartado 1, del referido Reglamento establece:
«La autoridad emisora expedirá sin demora el certificado de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente capítulo una vez que los extremos que vayan a ser certificados hayan sido acreditados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o en virtud de cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. […]
La autoridad emisora no expedirá el certificado, en particular:
a) si los extremos que se han de certificar son objeto de oposición, o
b) si el certificado no fuera conforme con una resolución que afectara a esos mismos extremos.»
Derecho español
11 El artículo 1 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 (Gaceta de Madrid n.º 149, de 29 de mayo de 1862, p. 1) define al notario como «funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales» y añade que «habrá en todo el Reino una sola clase de estos funcionarios».
12 Los notarios están obligadamente dados de alta en la seguridad social en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) y son, al mismo tiempo, funcionarios públicos y empleadores de los trabajadores a su servicio, con quienes se vinculan libremente mediante la suscripción de contratos de trabajo, sujetos a la totalidad de la legislación laboral general y de la legislación laboral de la Unión.
13 Conforme a las reglas generales del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 255, de 24 de octubre de 2015, p. 100224; en lo sucesivo, «Real Decreto Legislativo 2/2015»), los notarios negocian convenios colectivos, de diversos ámbitos territoriales hasta 2010 y de ámbito estatal desde esa fecha.
14 El artículo 44, apartados 1 y 2, del Real Decreto Legislativo 2/2015 establece lo siguiente:
«1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los...
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