Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:1995:298
• Court: Court of Justice (European Union)
• Docket Number: C-56/93
• Date: 28 September 1995
• Celex Number: 61993CC0056
• Procedure Type: Recurso de anulación - infundado

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NIAL FENNELLY

presentadas el 28 de septiembre de 1995 ( *1 )

índice

Introducción

Hechos

Alegaciones del Gobierno belga

I. Error manifiesto en la apreciación de los hechos

i) El precio límite

ii) La falta de carácter público de la tarifa F — precio director

iii) El margen de beneficios de Gasunie

iv) Los costes de Gasunie

v) Los mercados de exportación de Gasunie

vi) Las importaciones belgas de amoníaco

vii) La comparabilidad de los mercados

viii) Las posibilidades alternativas de exportación

ix) La justificación de la tarifa F por motivos comerciales

II. Error de Derecho en la interpretación del artículo 92 del Tratado

i) Los precios menos elevados del gas en otros países

ii) Las diversas fases del proceso productivo

iii) Los costes de sustitución

iv) La renuncia a un beneficio

v) El carácter específico de la tarifa F

III. Anulación debida a una falta de motivación

Conclusión

Introducción

1. El presente asunto concierne un recurso interpuesto por el Reino de Bélgica dirigido a la anulación de una Decisión de la Comisión adoptada el 29 de diciembre de 1992 por la que se archiva el procedimiento iniciado con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con respecto a una tarificación preferente aplicada por los Países Bajos a los suministros de gas natural a los productores neerlandeses de abonos nitrogenados. ( 1 )

Hechos

2. Las relaciones entre la empresa neerlandesa de suministro de gas, Gasunie, y la industria neerlandesa de los abonos nitrogenados han llamado la atención de los interesados, determinados Estados miembros, la Comisión, y el Tribunal de Justicia, por cuestiones de ayudas estatales, durante más de diez años. El gas natural es la materia prima principal y representa el 90 % del coste de la fabricación del amoníaco. A su vez, el amoníaco es el constituyente principal para la fabricación de abonos nitrogenados. En efecto, el gas representa el 70 % de los costes de producción. ( 2 ) Hasta los años ochenta, los fabricantes comunitarios de abonos nitrogenados producían en su mayoría su propio amoníaco. ( 3 ) Gasunie tiene un monopolio de facto sobre el suministro de gas en los Países Bajos, y sobre la exportación del gas neerlandés. El Estado neerlandés posee el 50 % del capital de Gasunie, directa (10 %) o indirectamente (40 %, a través de Energie Beheer Nederland, de propiedad del Estado), y nombra a la mitad del consejo de supervisión, cuyos poderes incluyen la fijación de las tarifas aplicadas por Gasunie. Además, los precios establecidos por Gasunie están sujetos a la aprobación del Gobierno neerlandés. En el asunto Van der Kooy y otros/Comisión, ( 4 ) el Tribunal de Justicia dedujo de su estructura de propiedad y control que la fijación de una tarifa por parte de Gasunie (en aquel caso, una tarifa preferencial de suministro de gas natural para la horticultura) era el resultado de un acto del Estado neerlandés y estaba comprendida en la categoría de las «ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales» con arreglo al artículo 92 del Tratado.

3. La Comisión inició por primera vez el procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado contra los Países Bajos en octubre de 1983. Según la Comisión, Gasunie, mediante el sistema de ayudas que se aplicaba entonces, otorgaba descuentos especiales a los productores de amoníaco neerlandeses a través de una estructura de tarifas con dos niveles, que tenía el efecto de reducir el coste del gas natural que utilizaban como materia prima. ( 5 ) Los productores de amoníaco pagaban el precio industrial normal por el gas para la producción comercializada en el mercado de la Comunidad Europea, y un precio sustancialmente inferior respecto de la producción destinada a la exportación a terceros países. Durante el procedimiento, la Comisión presentó el 13 de marzo de 1984 un dictamen motivado en el que consideraba que dicha estructura de tarifas constituía una ayuda de Estado en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado y no podía acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 92.

4. El 14 de abril de 1984, el Gobierno neerlandés informó a la Comisión de que Gasunie había eliminado la tarifa controvertida y había añadido a su estructura de tarifas industriales, con efectos retroactivos a 1 de noviembre de 1983, una nueva tarifa conocida como tarifa F, que es objeto del presente recurso. La tarifa F se concedía a un numero muy elevado de usuarios industriales establecidos en los Países Bajos, distintos de los pertenecientes a la industria de la energía (y esencialmente, como tendremos ocasión de ver, al sector del amoníaco), que reuniesen las condiciones siguientes: a) consumir cada año una cantidad mínima de 600 millones de m 3 de gas; b) presentar un factor de carga del 90 % o más (esto es, operar al menos el 90 % del tiempo, garantizando la regularidad del consumo), c) aceptar que Gasunie pudiese, discrecionalmente, interrumpir total o parcialmente el suministro (con 12 horas de preaviso, cuando fuese posible); y d) aceptar el suministro de gas de valor calorífico diferente. La nueva tarifa F se facturaba al precio aplicable para la tarifa E, correspondiente a los usuarios con un consumo anual de gas entre 50 millones y 600 millones de m 3, con una reducción de 5 céntimos/m 3 HFL. Más tarde transcendió que el consumo mínimo anual exigido a los usuarios de la tarifa F era de 500 millones de m 3, y que el descuento de 5 céntimos era un límite máximo, puesto que la rebaja real descendía ocasionalmente hasta mínimos de 2 céntimos/m 3. ( 6 )

5. La Comisión prosiguió su investigación, en función de la nueva tarifa, que, según concluyó, procuraba a Gasunie ahorros en el coste del suministro por un importe mayor al descuento de 5 céntimos, debido principalmente al efecto combinado del gran volumen y de la regularidad del consumo. También concluyó que la tarifa F formaba parte de la estructura general de tarifas interiores neerlandesas, no era discriminatoria a nivel sectorial, y no tenía las características de las ayudas de Estado. Por lo tanto, el 17 de abril de 1984 decidió archivar el procedimiento iniciado contra el Reino de los Países Bajos con arreglo al apartado 2 del artículo 93.

6. Esta Decisión fue objeto de recurso de anulación interpuesto por una serie de competidores franceses de los productores neerlandeses de abonos nitrogenados, en el asunto CdF Chimie AZF/Comisión. ( 7 ) El Tribunal de Justicia solicitó un dictamen a tres peritos de la industria del gas (en lo sucesivo, «dictamen pericial»), que sirvió de base para la determinación de los hechos en su sentencia. El dictamen pericial analizó los ahorros obtenidos por Gasunie y atribuidos por la Comisión tanto a cada uno de los supuestos elementos de ahorro en el suministro como a su valor global; en cada caso llegaron a la conclusión de que la Comisión había cometido un error manifiesto de apreciación: — al realizar una valoración que multiplicaba por cinco los ahorros imputables al volumen de gas consumido y al factor de carga; — al atribuir ahorros tanto a la posibilidad de interrumpir el suministro de gas sin preaviso como a la posibilidad de alterar el valor calorífico del gas suministrado, cuando ninguno de estos elementos confería una ventaja económica a Gasunie; — por último, resultaba difícil justificar ahorros globales superiores a 0,5 céntimos/m 3 respecto de elementos valorados por la Comisión en más de 5 céntimos/m 3. Los peritos informaron que el descuento de la tarifa F debía atribuirse a otras consideraciones. El Tribunal de Justicia decidió que la Comisión había cometido un error manifiesto de apreciación y anuló la Decisión de la Comisión en su sentencia de 12 de julio de 1990.

7. Aunque los ahorros en el suministro invocados entonces para justificar la tarifa F no figuran ya entre sus alegaciones, y la Comisión, en la Decisión que ahora se impugna, los ha sustituido por argumentos muy distintos, persiste el hecho de que el Tribunal de Justicia ya ha examinado la tarifa F en el asunto CdF Chimie AZF/Comisión. Resulta útil recordar dos aspectos particulares de la sentencia del Tribunal de Justicia. Por una parte, el Tribunal de Justicia desestimó la alegación de las demandantes francesas en el sentido de que la tarifa F era un acuerdo especial y secreto, negociado únicamente con los fabricantes neerlandeses de abonos nitrogenados de modo confidencial. De hecho, el Tribunal de Justicia declaró que era «una tarifa pública, cuyas condiciones de aplicación son públicas y totalmente transparentes», y que resultaba «aplicable a todos los clientes que reúnen los requisitos objetivos de aplicación». ( 8 ) Por otra parte, el Tribunal de Justicia estimó la alegación de que la tarifa F estaba destinada principalmente a ser aplicada a los productores de amoníaco y que su concesión a una empresa que no forma parte de dicho sector no desvirtúa su naturaleza principalmente sectorial. ( 9 )

8. La Comisión acordó la reapertura del procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado en enero de 1992, al tiempo que publicaba una Comunicación que subrayaba tanto la aparente neutralidad de las condiciones objetivas de la tarifa F como el hecho de que los productores de amoníaco neerlandeses habían sido sus principales beneficiarios. También...