Office of Communications v Information Commissioner.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2011:140
• Date: 10 March 2011
• Celex Number: 62010CC0071
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Docket Number: C-71/10

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 10 de marzo de 2011 (1)

Asunto C‑71/10

Office of Communications

contra

The Information Commissioner

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom)

«Directiva 2003/4/CE – Acceso a la información en materia de medio ambiente – Excepciones – Interés público atendido por la divulgación – Interés atendido por la denegación – Ponderación – Acumulación de intereses»

I. Introducción

1. El Tribunal Supremo del Reino Unido, la Supreme Court, presenta al Tribunal de Justicia una cuestión aparentemente académica cuyos efectos, sin embargo, no son claramente previsibles.

2. Según la Directiva 2003/4/CE, (2) relativa al acceso del público a la información medioambiental, los particulares tienen un derecho de acceso a la información medioambiental. Este derecho puede restringirse si la divulgación afecta negativamente a determinados intereses dignos de protección. Las excepciones, sin embargo, no pueden aplicarse si en el caso concreto el interés público en la divulgación prevalece sobre el interés atendido por la denegación.

3. Los órganos jurisdiccionales del Reino Unido discrepan sobre cómo debe realizarse dicha ponderación cuando, simultáneamente, se ven afectados varios intereses dignos de protección. ¿Debe examinarse cada excepción por separado, considerando si prevalece el interés que protege o el interés público en la divulgación (ésta es la opinión de los primeros tribunales inferiores y la opinión minoritaria de la Supreme Court remitente)? ¿O pueden acumularse los intereses atendidos por diferentes excepciones para ponderarse junto con el interés público en la divulgación (como piensa el tercer tribunal inferior y opina la mayoría de la Supreme Court)?

4. Por tanto, se trata de determinar si al tomar una decisión sobre la divulgación de información medioambiental pueden acumularse intereses individuales afectados negativamente y que, por separado, no prevalecerían sobre el interés público en la divulgación, con el fin de justificar, en su caso, conjuntamente la confidencialidad de la información.

5. Estas cuestiones dan al Tribunal de Justicia la ocasión de analizar por primera vez en profundidad la ponderación entre tales intereses en la confidencialidad y el interés público en la divulgación de información.

II. Marco jurídico

A. Derecho internacional

6. Mediante el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (3) (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus») firmado por la Comunidad el 25 de junio de 1998 en Aarhus (Dinamarca), (4) la Unión se comprometió en el plano internacional a garantizar el acceso a la información medioambiental.

7. Posibles restricciones al derecho de acceso se derivan, en particular, del artículo 4, apartado 4, del Convenio:

«Podrá denegarse una solicitud de información sobre el medio ambiente en caso de que la divulgación de esa información pudiera tener efectos desfavorables sobre:

[…]

b) las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública;

[…]

e) los derechos de propiedad intelectual;

[…]

Los motivos de denegación antes mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta el interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tendría para el público y según que esas informaciones guarden o no relación con las emisiones al medio ambiente.»

B. Derecho de la Unión

8. La Directiva 2003/4 transpone el Convenio de Aarhus en el Derecho de la Unión y, a este fin, establece en el artículo 3, apartado 1, el derecho de acceso a la información medioambiental.

9. Las excepciones se regulan en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/4:

«Los Estados miembros podrán denegar las solicitudes de información medioambiental si la revelación de la información puede afectar negativamente a:

[…]

b) las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública;

[…]

e) los derechos de propiedad intelectual;

[...]

Los motivos de denegación mencionados en los apartados 1 y 2 deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta para cada caso concreto el interés público atendido por la divulgación. En cada caso concreto, el interés público atendido por la divulgación deberá ponderarse con el interés atendido por la denegación de la divulgación. Los Estados miembros no podrán, en virtud del apartado 2, letras a), d), f), g) y h), disponer la denegación de una solicitud relativa a información sobre emisiones en el medio ambiente.»

10. El decimosexto considerando dice:

«El derecho a la información significa que la divulgación de la información debe ser la norma general y que debe permitirse que las autoridades públicas denieguen una solicitud de información medioambiental en casos concretos claramente definidos. Los motivos de denegación deben interpretarse de manera restrictiva, de tal modo que el interés público atendido por la divulgación de la información debe ponderarse con el interés atendido por la denegación de la divulgación. Las razones de la denegación deben comunicarse al solicitante en el plazo establecido en la presente Directiva.»

C. Derecho nacional

11. En el ordenamiento nacional, las excepciones relevantes son las que establecen, en términos prácticamente idénticos, las Environmental Information Regulations 2004 (5) (Reglamento de información medioambiental de 2004).

III. Antecedentes de hecho y petición de decisión prejudicial

12. La información solicitada se refiere a la ubicación exacta de las estaciones base de telefonía móvil en el Reino Unido.

13. La ubicación aproximada de todas las estaciones base en cada sector puede obtenerse en la página web Sitefinder (6) que gestiona desde finales de 2003 la Office of Communications (en lo sucesivo, «Ofcom»). La página web se elabora con información de las bases de datos de los operadores de redes de telefonía móvil facilitada voluntariamente por éstos. En dicha página web, los particulares pueden introducir un código postal, localidad o nombre de calle para buscar en un sector la información relativa a las estaciones base ubicadas en él. No obstante, dicha página web no indica ni la ubicación exacta con precisión métrica ni información sobre si la estación ha sido instalada en la vía pública o está oculta dentro o encima de una construcción o edificio.

14. Un responsable de información del Health Protection Scotland, dependiente del National Health Service, solicitó a Ofcom las coordenadas cartográficas de cada estación base, según parece, con fines epidemiológicos. Ofcom se negó a facilitar los datos solicitados y tras un nuevo examen denegó nuevamente la información en fase de reclamación. Posteriormente, el solicitante se dirigió al recurrente, el Information Commissioner, y éste ordenó la divulgación de la información. En el recurso interpuesto contra dicha resolución por Ofcom, el Information Tribunal confirmó en primera instancia la resolución que ordenaba la divulgación.

15. El Information Tribunal constató que la divulgación de información podría afectar negativamente a la seguridad pública y a la protección de la propiedad intelectual. La información podría facilitar las intrusiones en las estaciones base. Asimismo, consideró que las empresas de telecomunicaciones son titulares de derechos de autor y derechos sobre las bases de datos en lo que respecta a la información. No obstante, el interés público en la divulgación tiene mayor peso, sobre todo considerando que la información deseada podría utilizarse para estudios epidemiológicos de los efectos de la telefonía móvil. Al efectuar la ponderación, el Information Tribunal comprobó la aplicación de ambas excepciones por separado y rechazó una ponderación conjunta con el interés público en la divulgación.

16. En el recurso interpuesto por Ofcom ante la Administrative Court, ésta siguió el mismo criterio que el Information Tribunal en cuanto al último aspecto. Sin embargo, tras el recurso interpuesto ante la Court of Appeal, ésta llegó a la conclusión contraria.

17. El recurso interpuesto por el Information Commissioner ante la Supreme Court concierne únicamente a la cuestión de si los efectos adversos de ambas excepciones han de ponderarse de forma conjunta o separada con el interés público atendido por la divulgación. En esta fase, la Supreme Court se inclina en favor del criterio mantenido por la Court of Appeal por una mayoría de tres a dos. Por tanto, ha planteado al Tribunal de Justicia la cuestión siguiente:

Conforme a la Directiva 2003/4, cuando una autoridad pública posee información medioambiental cuya divulgación tendría efectos negativos sobre diferentes intereses atendidos por varias excepciones [en el presente caso, el interés en la seguridad pública atendido por el artículo 4, apartado 2, letra b), y el interés en los derechos de propiedad intelectual atendido por el artículo 4, apartado 2, letra e)], pero, dicho efecto negativo, considerando cada excepción por separado, no sería de importancia suficiente para prevalecer sobre el interés público en la divulgación, ¿exige además la Directiva una apreciación global de los diferentes intereses atendidos por ambas excepciones y su ponderación conjunta con el interés público en la divulgación?

18. El Information Commissioner, el Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como la Comisión Europea presentaron observaciones escritas e informaron en la vista de 27 de enero de 2011.

IV. Apreciación

19. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4 dispone que las autoridades públicas están obligadas a poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de éste, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés...