Buena administración y estados miembros en un sector específico: los fondos estructurales

• Author: Isaac Martín Delgado
• Pages: 139-146

LA CARTA ANTE LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES: HACIA LA... 139

Y lo harán no «cuando apliquen Derecho de la Unión», sino «en el ejercicio

de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de

la Unión», expresión que responde a una interpretación amplia del ámbito

de aplicación de los derechos fundamentales de la Unión 104 y que permi-

te confirmar que la expresión «aplicar el Derecho de la Unión» no debe

ser interpretada en sentido estricto, sino como equivalente a actuación en

el ámbito del Derecho de la Unión. En consecuencia, cuando los Estados

miembros actúen en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión 105,

deberán respetar la normativa europea reguladora del derecho de protección

de datos 106.

Así pues, la definición del término implementar dada anteriormente re-

sulta plenamente aplicable en relación con la vinculación de los Estados

miembros al derecho de protección de datos personales 107.

IV. BUENA ADMINISTRACIÓN y ESTADOS MIEMBROS

EN UN SECTOR ESPECíFICO: LOS FONDOS

ESTRUCTURALES

Con el fin de ofrecer un argumento de carácter material en defensa de

las afirmaciones teóricas realizadas a lo largo de estas páginas, se dedicará

un epígrafe final al estudio de un concreto sector del ordenamiento jurídico

europeo.

aprobada sobre la base del art. 95 del TCE (aproximación de legislaciones para el establecimiento y

funcionamiento del mercado interior).

104 La redacción final de este texto viene evidentemente influida por la regulación europea

existente: el art. 3 de la Directiva de 1995, al regular el ámbito de aplicación de la misma, manifiesta

que sus disposiciones no se aplicarán al tratamiento de datos personales efectuado en el ejercicio de

actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho Comunitario.

105 No debe descartarse, sin embargo, que, al igual que ocurre con el derecho de buena admi-

nistración y, en general, con los derechos proclamados en la Carta, el derecho de protección de datos

sea invocado por los Tribunales internos incluso en situaciones no conectadas con el Derecho de la

Unión. Por citar un ejemplo en este sentido, así lo hace la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de

lo Penal, de 14 de octubre de 2005 (Recurso 739/2005).

106 De este modo se produce, más que un desplazamiento de la normativa nacional sobre pro-

tección de datos personales a favor de la normativa europea, una integración de ésta en el ordena-

miento jurídico nacional.

107 Un ejemplo lo tenemos en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2003

(Asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01). Interesa ahora recordar que, en respuesta a

una de las tres cuestiones prejudiciales planteadas por distintos órganos jurisdiccionales austriacos

relativa a la posible contradicción con las disposiciones de Derecho comunitario de una normativa

nacional por la que se obliga a un organismo estatal a recoger y comunicar los datos sobre ingresos

económicos con el fin de publicar nombres y cantidades de empleados de determinados órganos pú-

blicos, el Tribunal precisa que «las disposiciones de la Directiva 95/46, en la medida en que regulan

el tratamiento de datos personales que pueden atentar contra las libertades fundamentales y, en parti-

cular, contra el derecho de intimidad deben ser interpretadas a la luz de los derechos fundamentales

que, según una reiterada jurisprudencia, forman parte de los principios generales del Derecho cuyo

respeto garantiza el Tribunal de Justicia» (§ 68).

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