Los ciudadanos y el proceso de construcción de la Unión Europea
| Author | Francisco Oda Ángel |
| Profession | Profesor Titular de Sociología Universidad Rey Juan Carlos Jefe de Estudios de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores j de Cooperación de España. |
| Pages | 97-111 |
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El "no" de los irlandeses a la ratificación del Tratado de Lisboa complica la entrada en vigor del Tratado y cuestiona las bondades de la participación directa de los ciudadanos europeos en la aprobación de textos tan importantes como el rechazado1. El Tratado de Lisboa necesitaba ser ratificado por unanimidad por cada uno de los países miembros y, tan sólo, Irlanda, por imperativo constitucional, estaba obligada a presentar el texto al examen de sus ciudadanos. El rechazo abre un nuevo período de reflexión que complica sobremanera la integración europea y, por supuesto, la entrada en vigor del Tratado.
El primer ministro de Irlanda, Brian Cowen, no fue capaz de convencer a sus ciudadanos y reconoció que el resultado complicaba la entrada en vigor del Plan B de la Constitución Europea y suponía un serio revés para el conjunto de la Unión. No obstante, horas después de conocerse los resultados, el Presidente de la Comisión, el portugués José Manuel Durao Barroso, apostaba por continuar el proceso de ratificación, destacando que 18 Estados ya habían ratificado el Tratado y que sólo uno lo había rechazado. Pero el Presidente olvidaba que ese uno no lo ratificó a través de la aprobación directa de su Parlamento Nacional como la mayoría de los Estados. En ese uno fueron los ciudadanos directamente quienes se han manifestado lo cual confiere una especial dimensión al resultado.
En la misma línea que Durao Barroso, se manifestaron los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en Luxemburgo, el 17 de junio de 2008. Todos manifestaron continuar con el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa en Page 98 los Estados miembros que aún no se habían pronunciado y mantener una línea de reflexión y análisis para superar la parálisis de la agenda europea por el "no" irlandés. La Presidencia francesa, iniciada el 1 de julio de 2008, tuvo como principal objetivo proponer soluciones a la crisis durante su presidencia de turno. La posición oficial estaba basada en que nada impedía seguir adelante con lo previsto, pero, sin duda, el rechazo irlandés al Tratado de Lisboa complicaba las posiciones de algunos países como la República Checa y Polonia que aprovecharon las circunstancias para manifestar sus rechazo al texto del mismo. El Presidente francés, Nicolás Sarkozy, anunció que la presidencia propondría una solución negándose a contemplar la idea de alcanzar un nuevo Tratado. En este sentido, manifestó su disposición para "escuchar, dialogar y encontrar una solución, pero, en ningún caso, habrá un nuevo tratado. O se sigue con Niza o con Lisboa2". Además, instó a su colega polaco, Lech Kaczynski, a que cumpliera su palabra y aprobara el Tratado.
El rechazo al Tratado de Lisboa en el único país europeo que lo sometía a referéndum abrió muchas preguntas en torno a la distancia de la institución respecto de sus ciudadanos, que en muchos casos perciben como una gran maquinaria burocrática de cuya participación están excluidos. Y lo peor de todo, llevaba a la Unión Europea a otra crisis para la que no había prevista una solución alternativa. Lisboa ya supuso el "plan B" del rechazo holandés y francés a la Constitución. Pero nunca se pensó en diseñar un "plan B para el plan B". Felipe González, Presidente del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea, conocido como el Comité de Sabios, se unió a otras muchas voces que manifestaron su preocupación por la situación inesperada afirmando que "Europa pierde relevancia para sus ciudadanos y para el mundo (...) porque no se tiene conciencia del instrumento que supone nuestra Unión3". Quizá los ciudadanos con su opinión expresada en las urnas quisieron lanzar un nuevo mensaje a la clase política con el objetivo de que ésta tomase realmente conciencia de que es ella la que está al servicio del ciudadano y no al revés. Y no es que el Tratado de Lisboa no contenga avances muy significativos en los principios democráticos de la Unión. De hecho, el Tratado incluye innovaciones en relación a los dos principios sobre los que descansa la Unión: la democracia representativa y la participativa, garantizando ésta última a la sociedad civil europea la capacidad para poder expresar sus opiniones en relación con la Unión y permitiendo una participación en los asuntos comunitarios. El problema es que no se supo comunicar al ciudadano los contenidos incluidos en el Tratado. En este mismo sentido se manifiesta Jean Marie Colombiani, antiguo director del diario francés "Le Monde", al considerar que "el rechazo de Irlanda es la demostración de que Europa, tal y como se construye, es incomprensible, por tanto, Page 99 incomprendida por los pueblos. Éstos no quieren saber nada de esta Europa burocrática ideada por las élites4".
El no irlandés lleva a los ciudadanos de la Unión a contemplar una nueva dimensión en la que los jefes de Estado y de Gobierno no logran conectar con la verdadera percepción que la ciudadanía tiene de la institución. Los líderes de los veintisiete Estados tendrán que buscar cómo hacer frente a la nueva crisis abierta por Dublín, pero más que nunca tendrán que reflexionar profundamente sobre el papel que deben desempeñar los ciudadanos de cada Estado en la nueva fase de la construcción europea, desde luego muy alejada de los esquemas seguidos hasta hoy. En una sociedad globalizada y de la comunicación en la que los ciudadanos están cada vez más presentes y participativos de las decisiones, las formas y las maneras de proceder aplicadas hasta hoy para la arquitectura europea se han quedado obsoletas.
Con independencia de la consolidación y los avances experimentados en los aspectos más jurídicos de la integración europea, aún queda abierta la pregunta del modelo político hacia el que quiere orientarse Europa. Desde el Tratado de Niza (2001), tras la experiencia de cinco décadas de perfeccionamiento en la integración económica, se intentó dar un salto político superior en el proceso de integración europeo5. Proceso que parece encontrarse en un punto de no retorno en el que será necesario dar ese "paso", en la terminología de Monnet, que consolide alguna de las dos diferencias internas y viejas aspiraciones que subyacen en el seno de la Unión Europea. El modelo federal, que conducirá a algo parecido a los "Estados Unidos de Europa", frente la cooperación intergubernamental, que busca la cooperación entre Estados soberanos. Entre el modelo más federalizante6 y la posición intergubernamental7 se encuentra el núcleo sobre el que girará el futuro más inmediato de la construcción europea tras el Tratado de Lisboa (2007). Tal falta de definición no debe sorprende porque, Page 100 tratándose de Estados nacionales democráticos, sus dirigentes poco pueden emprender con solidez que no venga solicitado por la ciudadanía, que sea el fruto de una voluntad popular clara. Lo que nos lleva a preguntarnos sobre el papel que juega la sociedad civil europea en la construcción de su propio marco de actuación.
A lo largo de la historia contemporánea puede apreciarse casi como constante el hecho de que son las percepciones, los sentimientos de la ciudadanía y la existencia de una identidad común clara, algunos de los elementos que son capaces de impulsar cambios de envergadura en las estructuras políticas (unificaciones y secesiones como en Alemania, Italia, los Balcanes, los procesos de independencia colonial, etc.). Es innegable que se han hecho avances trascendentales en las últimas décadas que han hecho posible el mayor período de paz y prosperidad en el continente. Es también patente el esfuerzo practicado para que la sociedad civil europea interactúe y se conozca mejor. Ahí está la generalización de los programas de intercambio académico que facilitan e impulsan la interacción social a nivel continental, o la infinidad de programas comunitarios que permiten al individuo europeo identificar e identificarse en su vida cotidiana con una cierta idea de comunidad social continental, por vaga que esta sea. La "Unidad en la Diversidad" ha sido un reto para el modelo social europeo como punta de lanza en la que se miran los europeos como expresión de sus propias percepciones y del éxito o fracaso de las medidas implementadas. Los valores comunes de los europeos "de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos... el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres" han ayudado decididamente a consolidar una idea de Europa positiva y moderna, pero más allá de los puntos de convergencia las desigualdades en la Unión Europea y su persistencia restan credibilidad al proyecto. El propio enfoque que han desarrollado los Estados miembros, reflejo de su propia historia, han derivado en importantes disparidades dentro de la Unión que evidencian un largo camino por recorrer.
En 1992, la ciudadanía de la Unión fue consagrada en el Tratado de Maastricht resultando complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional y posibilitando a los ciudadanos gozar de derechos auténticos al amparo del Derecho comunitario. Los ciudadanos europeos son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes previstos en el Tratado: derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, derecho de sufragio activo y pasivo en las elección al Parlamento Europeo y municipales del Estado miembro en el que resida, derecho de petición ante el Parlamento Europeo, derecho a la protección de...
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