La entrega de menores objeto de una orden de detención europea, tras la sentencia c-367/16 de 23 de enero de 2018

• Author: Jonatán Cruz Ángeles
• Pages: 1353-1365

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LA ENTREGA DE MENORES OBJETO

DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA,

TRAS LA SENTENCIA C-367/16 DE 23 DE ENERO DE 2018

Jonatán Cruz Ángeles

Profesor Ayudante Doctor

Universidad Loyola (Andalucía)

RESUMEN

Cuando un menor es sospechoso o acusado en un proceso penal o está sujeto a un

procedimiento relativo a una orden de detención europea, con arreglo a la Decisión Marco

2002/584/JAI del consejo, los Estados miembros deben velar por que el interés superior del

menor constituya siempre una consideración primordial, de conformidad con el art. 2.4, apdo.

3, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Es por ello que estos menores deben recibir una atención especial para preservar su

potencial desarrollo y reinserción social. Atendiendo a estos objetivos, con la aprobación de la

Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, se establecen

unas normas mínimas comunes para todos los Estados miembro de la Unión Europea. Estos

estándares requieren de un ejercicio de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de

la Unión Europea, tal y como podemos observar en la decisión del pasado 23 de enero, en

la que la Gran Sala resolvió una serie de cuestiones prejudiciales, planteadas por un juez de

instrucción belga, que había ordenado el ingreso en prisión, con vistas a entrega, de un menor

a las autoridades polacas. De modo que, el objeto de este estudio será el de analizar la posible

repercusión de dicho caso en relación con la protección de los derechos de los menores

sospechosos o acusados en procesos penales en la Unión Europea.

Palabras clave: Orden, detención, menores, sospechosos, acusados

ABSTRACT

When a minor is suspected or accused in a criminal proceeding or is subject to a

procedure concerning a European Arrest Warrant, pursuant to the Decision 2002/584/JAI

from the Council, the Member States must ensure that the best interests of the child is always