Inter-Environnement Wallonie ASBL y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL contra Conseil des ministres.

• Jurisdiction: European Union
• Court: Court of Justice (European Union)
• Writing for the Court: Bonichot
• ECLI: ECLI:EU:C:2019:622
• Date: 29 July 2019
• Docket Number: C-411/17
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling

Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 29 de julio de 2019 (*)

«Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Convenio de Espoo — Convenio de Aarhus — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Artículo 6, apartado 3 — Concepto de “proyecto” — Evaluación de las repercusiones en el lugar en cuestión — Artículo 6, apartado 4 — Concepto de “razones imperiosas de interés público de primer orden” — Conservación de las aves silvestres — Directiva 2009/147/CE — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente — Directiva 2011/92/UE — Artículo 1, apartado 2, letra a) — Concepto de “proyecto” — Artículo 2, apartado 1 — Artículo 4, apartado 1 — Evaluación de impacto ambiental — Artículo 2, apartado 4 — Exención de la evaluación — Abandono gradual de la energía nuclear — Normativa nacional que establece, de un lado, el reinicio, por un período de casi diez años, de la actividad de producción industrial de electricidad de una central nuclear que había sido cerrada, con el consecuente diferimiento de diez años de la fecha que el legislador nacional había fijado inicialmente para su desactivación y la finalización de su actividad, y, de otro, el diferimiento, también de diez años, de la fecha inicialmente prevista por ese mismo legislador para la desactivación y el cese de la producción industrial de electricidad de una central en funcionamiento — Omisión de evaluación de impacto ambiental»

En el asunto C‑411/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour constitutionnelle (Tribunal Constitucional, Bélgica), mediante resolución de 22 de junio de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de julio de 2017, en el procedimiento entre

Inter-Environnement Wallonie ASBL,

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

y

Conseil des ministres,

con intervención de:

Electrabel SA,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta, Vicepresidenta, el Sr. J.‑C. Bonichot (Ponente), la Sra. A. Prechal, los Sres. M. Vilaras, E. Regan y T. von Danwitz, la Sra. C. Toader y el Sr. C. Lycourgos, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Rosas, M. Ilešič, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby, y C.G. Fernlund, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sra. V. Giacobbo-Peyronnel, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de septiembre de 2018;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Inter-Environnement Wallonie ASBL y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, por el Sr. J. Sambon, avocat;

– en nombre de Electrabel SA, por los Sres. T. Vandenput y M. Pittie, avocats, y los Sres. D. Arts y F. Tulkens, advocaten;

– en nombre del Gobierno belga, por las Sras. M. Jacobs, C. Pochet y J. Van Holm, en calidad de agentes, asistidas por los Sres. G. Block y K. Wauters, avocats, y por el Sr. F. Henry;

– en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek, J. Vláčil y J. Pavliš y la Sra. L. Dvořáková, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno alemán, representado inicialmente por los Sres. T. Henze y D. Klebs y posteriormente por el Sr. Klebs, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno austriaco, representado inicialmente por la Sra. C. Pesendorfer y posteriormente por la Sra. M. Oswald y el Sr. G. Hesse, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo y J. Reis Silva y la Sra. L. Medeiros, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. J. Heliskoski, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Brandon y las Sras. J. Kraehling, G. Brown y R. Fadoju, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Blundell, Barrister;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Gattinara, C. Zadra, M. Noll-Ehlers y R. Tricot y la Sra. M. Patakia, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de noviembre de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Convenio sobre la Evaluación de Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, celebrado en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante Decisión del Consejo de 27 de junio de 1997 (en lo sucesivo, «Convenio de Espoo»), y del Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, celebrado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), así como de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7), en su versión modificada por la Directiva 2013/17/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 193) (en lo sucesivo, «Directiva de hábitats»), de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7), en su versión modificada por la Directiva 2013/17 (en lo sucesivo, «Directiva de aves»), y de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva EIA»).

2 Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Inter-Environnement Wallonie ASBL y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, de una parte, y Conseil des ministres (Consejo de Ministros, Bélgica), de otra, en relación con una ley del Reino de Bélgica mediante la cual, por un lado, se estableció el reinicio, por un período de casi diez años, de la actividad de producción industrial de electricidad de una central nuclear que había sido cerrada y, por otro, se difirió diez años la fecha inicialmente prevista para la desactivación y cese de la producción industrial de electricidad de una central nuclear en funcionamiento.

I. Marco jurídico

A. Derecho internacional

1. Convenio de Espoo

3 A tenor del artículo 1 del Convenio de Espoo, titulado «Definiciones»:

«[…]

v) Por “actividad propuesta” se entiende toda actividad o toda modificación importante de una actividad que dependa de la decisión de una autoridad competente con arreglo al procedimiento nacional aplicable;

[…]

ix) Por “autoridad competente” se entiende la autoridad o autoridades nacionales a las que una de las Partes ha encomendado la ejecución de los cometidos comprendidos en el presente Convenio o la autoridad o autoridades a las que una de las Partes ha conferido facultades de decisión respecto a la actividad propuesta;

[…]».

4 El artículo 2 del Convenio de Espoo establece:

«1. Las Partes, individual o colectivamente, adoptarán todas las medidas que sean apropiadas y efectivas para prevenir, reducir y controlar el impacto medioambiental transfronterizo de carácter perjudicial y magnitud apreciable que resulte de actividades previstas.

2. Todas las Partes adoptarán las medidas legales, administrativas o de otra índole que sean necesarias para dar efecto al presente Convenio, incluidas, por lo que respecta a las actividades propuestas susceptibles de causar un impacto transfronterizo apreciable que se enumeran en el apéndice I, la institución de un procedimiento de evaluación del impacto medioambiental que permita la participación pública y la preparación de la documentación para la evaluación del impacto medioambiental que se consigna en el apéndice II.

3. La Parte de origen velará por que, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, se realice una evaluación del impacto medioambiental antes de que se adopte una decisión con respecto a la autorización o la ejecución de una de las actividades propuestas susceptibles de causar un impacto transfronterizo de carácter perjudicial y magnitud apreciable que se menciona en el apéndice I.

[…]

6. La Parte de origen, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio brindará al público en las zonas susceptibles de ser afectadas la oportunidad de participar en los procedimientos pertinentes de evaluación del impacto medioambiental de las actividades propuestas y velará por que la oportunidad que se ofrezca al público de la Parte afectada sea equivalente a la ofrecida al público de la Parte de origen.

7. Como mínimo, las evaluaciones del impacto medioambiental conforme al presente Convenio se llevarán a cabo en la etapa de proyecto de la actividad propuesta. En la medida en que proceda las Partes tratarán de aplicar los principios de la evaluación del impacto medioambiental a sus políticas, planes y programas.

[…]»

5 Según el artículo 3, apartado 8, del Convenio de Espoo, «las Partes interesadas velarán por que el público de la Parte afectada en las zonas que podrían verse afectadas reciba información sobre la actividad propuesta y tenga oportunidad de formular observaciones o plantear objeciones con respecto a la actividad propuesta y de transmitir estas observaciones y objeciones a la autoridad competente de la Parte de origen, bien sea directamente a la propia autoridad o, cuando proceda, por intermedio de la Parte de origen».

6 En el artículo 5 del Convenio de Espoo se indica:

«La Parte de origen, después de haber preparado la documentación con destino a la evaluación del impacto medioambiental, celebrará, sin excesiva demora, consultas con la Parte afectada respecto, entre otras cosas, del posible impacto transfronterizo de la actividad propuesta y de las medidas para reducir o suprimir dicho impacto. Las...