Christos Gogos v European Commission.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2010:287
• Court: Court of Justice (European Union)
• Docket Number: C-583/08
• Date: 20 May 2010
• Celex Number: 62008CJ0583
• Procedure Type: Recurso de funcionarios

Asunto C‑583/08 P

Christos Gogos

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Funcionarios — Concurso interno de paso de una categoría a otra — Nombramiento — Clasificación en grado — Artículo 31, apartado 2, del Estatuto — Competencia jurisdiccional plena — Litigio de carácter pecuniario — Duración del procedimiento seguido ante el Tribunal General — Plazo razonable — Pretensión de reparación equitativa»

Sumario de la sentencia

1. Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 42, ap. 2, párr. 1, 113, ap. 2, y 118)

2. Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente

(Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 36 y 53; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 81)

3. Recurso de casación — Motivos — Obligación del Tribunal General de conceder de oficio una compensación pecuniaria — Cuestión de Derecho — Admisibilidad

4. Funcionarios — Recursos — Competencia jurisdiccional plena — Litigios de carácter pecuniario a efectos del artículo 91, apartado 1, del Estatuto — Concepto

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 1)

5. Funcionarios — Recursos — Competencia jurisdiccional plena — Posibilidad de condenar de oficio a la institución demandada a pagar una indemnización

(Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 1)

6. Procedimiento — Duración del procedimiento seguido ante el Tribunal General — Plazo razonable — Criterios de apreciación — Consecuencias

(Arts. 268 TFUE y 340 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 1)

1. Las disposiciones de los artículos 42, apartado 2, párrafo primero, y 118 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que establecen que no pueden presentarse motivos nuevos en el recurso de casación, pretenden evitar, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, apartado 2, del citado Reglamento de Procedimiento, que el recurso de casación modifique el objeto del litigio sustanciado ante el Tribunal General.

(véanse los apartados 23 y 24)

2. La obligación de motivación del Tribunal General no le exige elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio y, por tanto, la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no ha acogido sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.

(véase el apartado 30)

3. La cuestión de si el Tribunal General está obligado a conceder de oficio una compensación pecuniaria a un demandante constituye una cuestión de Derecho susceptible de examen en el procedimiento de casación, cuya admisibilidad no puede subordinarse a que este último haya presentado una petición de indemnización en primera instancia. En efecto, tal alegación, que en esencia consiste en reprochar al Tribunal General haber vulnerado el alcance de sus competencias, no puede ser invocada, por su propia naturaleza, en primera instancia.

(véanse los apartados 41 y 42)

4. El artículo 91, apartado 1, segunda frase, del Estatuto, atribuye al Tribunal General, en los litigios de carácter pecuniario, competencia jurisdiccional plena, en cuyo marco está facultado para, si procede, condenar de oficio a la parte demandada a pagar una indemnización por el perjuicio causado por su culpa y, en tal caso, para valorar ex aequo et bono el perjuicio sufrido, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Constituyen «litigios de carácter pecuniario» a los efectos de dicha disposición, en particular, las acciones de responsabilidad ejercitadas contra una institución por miembros de su personal y todas aquellas que intenten obtener el abono por una institución a un miembro de su personal de una cantidad a la que éste considera tener derecho en virtud del Estatuto o de otro acto que regule sus relaciones laborales.

El recurso mediante el cual un funcionario intenta obtener la anulación de una decisión que afecte a su situación estatutaria también puede generar un litigio de carácter pecuniario a los efectos del artículo 91, apartado 1, del Estatuto.

En concreto, el recurso por el que un funcionario pretende obtener el control judicial de su clasificación da lugar a un litigio de carácter pecuniario, dado que la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en relación con la clasificación de un funcionario tiene no sólo repercusiones sobre la carrera del interesado y sobre su situación personal en la jerarquía administrativa, sino también consecuencias directas sobre sus derechos pecuniarios, especialmente sobre la cuantía de su salario con arreglo al Estatuto.

(véanse los apartados 44 a 47)

5. La competencia jurisdiccional plena atribuida al juez de la Unión Europea por el artículo 91, apartado 1, del Estatuto, le encomienda la misión de dar una solución completa a los litigios que se le han sometido. Esta competencia pretende, en particular, posibilitar a los órganos jurisdiccionales de la Unión asegurar la eficacia práctica de las sentencias de nulidad por ellos pronunciadas en los litigios de función pública, de modo que, si la anulación de una decisión ilegal de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no basta para hacer prevalecer los derechos del funcionario afectado o para proteger eficazmente sus intereses, el juez de la Unión puede concederle de oficio una indemnización.

Por otra parte, la competencia jurisdiccional plena permite también a los órganos jurisdiccionales de la Unión, incluso cuando no anulen la decisión impugnada, condenar de oficio a la parte demandada a reparar el perjuicio causado por su comportamiento lesivo.

(véanse los apartados 49 a 51)

6. Aunque la inobservancia por el Tribunal General de una duración razonable del procedimiento puede dar lugar, suponiendo que esté probada, a que se formule una pretensión de indemnización mediante un recurso interpuesto contra la Unión Europea en virtud del artículo 268 TFUE, en relación con el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, el artículo 113, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone que, en un recurso de casación, las pretensiones del recurrente deben tener por objeto la anulación total o parcial de la sentencia del Tribunal General y, en su caso, la estimación total o parcial de las pretensiones deducidas en primera instancia.

En consecuencia, a falta de cualquier indicio de que la duración del procedimiento haya tenido alguna incidencia en la solución del litigio, el motivo basado en que el procedimiento ante el Tribunal General ha vulnerado las exigencias de observancia del plazo razonable no puede dar lugar, como regla general, a la anulación de la sentencia dictada por dicho Tribunal y, por tanto, debe declararse inadmisible.

(véanse los apartados 56 y 57)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 20 de mayo de 2010 (*)

«Recurso de casación – Funcionarios – Concurso interno de paso de una categoría a otra – Nombramiento – Clasificación en grado – Artículo 31, apartado 2, del Estatuto – Competencia jurisdiccional plena – Litigio de carácter pecuniario – Duración del procedimiento seguido ante el Tribunal General – Plazo razonable – Pretensión de reparación equitativa»

En el asunto C‑583/08 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 22 de diciembre de 2008,

Christos Gogos, funcionario de la Comisión Europea, con domicilio en Waterloo (Bélgica), representado por los Sres. N. Korogiannakis y P. Katsimani, dikigoroi,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión Europea, representada por el Sr. J. Currall, en calidad de agente, asistido por el Sr. P.I. Anestis, dikigoros, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. E. Levits, A. Borg Barthet (Ponente), J.-J. Kasel y M. Safjan, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 28 de enero de 2010;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de marzo de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, el Sr. Gogos pide la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 15 de octubre de 2008, Gogos/Comisión (T‑66/04, aún no publicada en la Recopilación; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso de anulación de la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas por la que se fija su clasificación en el grado A 7, escalón 3 (en lo sucesivo, «decisión de clasificación»), y contra la decisión de 24 de noviembre de 2003 por la que se desestima la reclamación presentada ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») contra la decisión de clasificación (en lo sucesivo, «decisión adoptada sobre la reclamación»).

Marco jurídico

2 El artículo 31 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, en su versión aplicable en el momento de los hechos que dieron lugar al presente litigio (en lo sucesivo, «Estatuto»), disponía:

«1. Los candidatos [...] serán nombrados:

– funcionarios de la categoría A [...]: en el grado inicial de su categoría [...].

2. Sin embargo, la [AFPN] podrá hacer excepciones a lo anteriormente dispuesto dentro de los límites siguientes:

[...]

b) Para los demás grados [distintos de los grados A 1, A 2, A 3 y LA 3], hasta:

– un tercio si se trata de puestos que queden vacantes;

– [...] la mitad si se trata de puestos de nueva...